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Amnistías (2)


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En España, tras la muerte de Franco se produjo un cambio de régimen político por transacción -un cambalache, se dijo en círculos críticos-, es decir, por intercambio, inteligible desde los modelos teóricos de O’Donnell y Schmitter y de Share & Mainwaring, entre la facción reformista del régimen franquista y la facción más moderada y pragmática de las heterogéneas fuerzas de la oposición, revelada en la heteróclita composición de las plataformas que la representaban, en singular, en la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática.

Los rasgos destacados del modelo de cambio de régimen por transacción son los siguientes: los cambios afectan sólo a la superestructura política del Estado, la estructura económica permanece igual (el sistema capitalista, la propiedad privada y el mercado son intocables); los cambios se deciden por arriba, por acuerdo entre las élites políticas más selectas -por los máximos dirigentes de los partidos o los grupos con más representación real o atribuida, o por personajes conocidos-, son, por tanto, transacciones efectuadas entre muy pocas personas; las fuerzas reales del bloque dominante, los poderes fácticos (el ejército, la Iglesia, el gran capital) permanecen en la sombra y dejan sentir su presencia, pero no participan directamente en la negociación, seguida por organizaciones internacionales, en particular Estados Unidos y la OTAN, el Mercado Común y el Vaticano; a la ciudadanía se le reserva el papel de ratificar, en elecciones o en refrendos populares, lo acordado por las élites o, en su caso, la oportunidad de movilizarse de forma ocasional y controlada para apoyar ciertos aspectos de la negociación, pero no para desbordar los límites del pacto a favor de otros fines, mucho menos si son opuestos al proceso de reformas acordado; la élite de la oposición otorga legitimidad democrática a la vieja élite autoritaria, a cambio de disponer unas nuevas reglas del juego, que permitan acceder legalmente a las instituciones representativas en un proceso competitivo y llegar a gobernar. En contraprestación, la vieja élite autoritaria exige condonar ciertos aspectos poco confesables de su etapa autocrática y enterrar su pasado más turbio con alguna amnistía o una ley de punto final, que, como un pacto de silencio, evite tener que rendir cuentas públicamente y asumir responsabilidades que pudieran suponer una pérdida de legitimidad o tener que aceptar algún castigo o reparación de tipo económico. De este modo, olvidar el pasado es el peaje por alumbrar el régimen político del futuro; el silencio sobre un pasado ominoso y dictatorial es el pago por la democracia formal y por una reconciliación social más presunta que real.

Esa fue la función de la amnistía de 1977, que sacó de la cárcel a presos políticos y sindicales y opositores del franquismo, víctimas de la dictadura, pero, en mayor medida, fue una ley de punto final, similar a la de los militares argentinos, para dar por concluido el franquismo.

Fue la amnistía de la dictadura, el perdón de su origen ilegal, insurgente y violento en julio de 1936, de sus ejecuciones sumarias durante y después de la guerra civil, de los juicios por rebeldía a quienes permanecieron fieles al gobierno legal de la República, cuando los rebeldes fueron los militares insurrectos; fue el perdón de los enterramientos clandestinos, de la persecución de sus oponentes, de sus aparatos coercitivos, de sus ejecutores, de los ministros que firmaron sentencias de muerte, de los jueces que condenaron con escasas garantías procesales y del temible Tribunal de Orden Público; de sus policías represores, de sus torturadores, de la elástica Ley de vagos y maleantes, de los censores, de los propagandistas, de los curas doctrinarios y los obispos que maquillaron el golpe militar llamando “cruzada” a la guerra civil, de los sacerdotes pederastas y las piadosas monjitas que vendían niños robados a sus madres para entregarlos a familias pudientes y católicas, y de todos aquellos y aquellas que, en todo el territorio nacional y en todas las escalas del poder social, sirvieron dócilmente a la dictadura. Todos ellos (y ellas) fueron liberados de su impresentable pasado y convertidos de la noche a la mañana en “demócratas de toda la vida”.

Gracias a la amnistía pudieron seguir en sus empleos y continuar su vida como antes, pues la amnistía equiparó a víctimas y victimarios. La amnistía de 1977 fue la pila bautismal donde los franquistas lavaron su pecado original y desde entonces se pudieron codear con verdaderos demócratas en España, en Europa y en el mundo. Esa fue una de las condiciones, o de los peajes de los pactos de la Transición, pero en el PP y en Vox no lo recuerdan y sus seguidores lo ignoran.

Ese fue el cierre en falso de una etapa dramática mediante una transición por transacción, que pronto o tarde tendría que suscitar tensiones, como así ocurrió, pues la superestructura política del nuevo régimen democrático se sobrepuso a la estructura económica y social del viejo régimen autocrático, que se conservó prácticamente intacta por efecto de la transacción, donde la amnistía tuvo una importancia fundamental al facilitar la persistencia de actores del viejo régimen en los mismos lugares y ejerciendo las mismas funciones en el nuevo régimen, que en su interior contenía una contradictoria amalgama: una mezcla de nuevos y viejos actores, nuevos y viejos valores y nuevos y viejos aparatos políticos en permanente fricción. Y en eso estamos.

Profesor jubilado de la Universidad Complutense.

Último libro publicado: 1968 Spain is different (Madrid, La linterna sorda, 2021).


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