Política del retrovisor: Del “síndrome postaborto” al “postdivorcio”: cuando la moral sustituye al Derecho

Preámbulo (en estilo BOE, pero pasado por vinagre)

Por cuanto la nación necesita más moral y menos libertad, se establece que romper un matrimonio es un factor de riesgo social por definición. En consecuencia, se autoriza la presencia “informativa” de brigadas de guardianes del orden sentimental a las puertas de los juzgados de familia para disuadir a quienes pretendan insistir en su derecho a no vivir juntos. A tal fin, se aprueba una cartelería con mensajes serenos y mesurados, tipo:

• “El divorcio te lleva al cubata”
• “Piensa en tus hijos: la droga espera a la vuelta de la esquina del juzgado”
• “Conciliad o llorad (programa piloto de mediación con pito y pancarta)”

(Tranquilos: también habrá un folleto con “testimonios” anónimos y gráficos inclinados hacia arriba, que es como se legitiman los prejuicios).

Exposición de motivos (la versión que se cuenta en rueda de prensa)

1. Si funcionó con el aborto, funcionará con el divorcio: primero inventamos un síndrome, luego lo envolvemos en lenguaje de “salud pública”, y ya está. Síndrome Postdivorcio (SPD): tristeza, ruina, gin-tonic y adolescencias góticas.
2. La familia se protege forzándola: los contratos civiles se refuerzan quitando la puerta de salida. ¿Ventanas de emergencia? Demasiado modernas.
3. La libertad es estupenda… siempre que elija lo que yo quiero.

Articulado (para que se vea serio)

Artículo 1. De las “Zonas de Concienciación Sentimental” (ZCS).

Se declaran ZCS las aceras frente a los juzgados de familia. Se permite la instalación de puntos morales con altavoces para informar de que “las rupturas causan alcoholismo” y “los hijos de divorciados acaban fumando cosas”. Si alguien pregunta por la evidencia, se le entrega un tríptico a todo color y una pulsera con la leyenda “Reza, conversa, no te divorcies”.

Artículo 2. De los Informadores Certificados en Moral Aplicada (ICMA).

Cualquier militante o simpatizante que supere un curso de fin de semana sobre “cómo ganar discusiones a base de eslóganes” podrá dirigirse a las personas que acaban de salir de un juicio. No se considera acoso, sino “acompañamiento emocional performativo”.

Artículo 3. Del consentimiento del agresor.

El divorcio solo podrá tramitarse si ambas partes firman que desean ejercer su libertad. En caso de discrepancia, prima el “no” (principio de indisolubilidad preventiva). Si hay medidas cautelares por violencia, el agresor podrá oponerse “por amor a la familia”.

Artículo 4. De los menores.

Se explicará a los hijos que la estabilidad es vivir juntos aunque todo explote. Si lloran, se toma como prueba de apego sano. Si no lloran, como síntoma del SPD infantil. Gana siempre la narrativa.

Disposición adicional única.

Se prohíbe el uso de la palabra “libertad” sin licencia administrativa, para evitar confusiones.

Crónica de la acera: cómo sería el día a día

A las nueve, cola en el juzgado. Una mujer con sentencia de medidas para proteger a sus hijos recibe un tríptico: “Recapacita, aún puedes volver”. A su lado, un hombre que sale de firmar un convenio regulador escucha: “Piensa en el chaval, mañana probará porros”. El equipo de megafonía advierte, con tono de documental barato, que cada convenio regulador es un chupito y cada custodia compartida, un cubata largo. No hay datos, pero sí entusiasmo.

En la esquina, un stand de “mediación patriótica” ofrece reconciliaciones exprés: tres sesiones, un test proyectivo y una foto con marco dorado. Si la cosa no funciona, culpa del “ideologismo pro-ruptura” de los juzgados; si funciona, mérito del programa.

La policía local toma nota: no por el acoso moral, sino por si algún ciudadano osa responder. Se sabe que en el nuevo orden sentimental protestar es violencia, mientras hostigar con sonrisas es civismo.

La coartada sanitaria: del “síndrome postaborto” al “síndrome postdivorcio”

La plantilla es la misma:

• Se invoca un mal invisible y masivo.
• Se ignoran décadas de evidencia (en aborto, en divorcio, en salud mental).
• Se culpabiliza a quien ejerce un derecho.
• Se coloca a la Administración como tutora moral, no como garante de libertades.

Donde antes era “te arrepentirás y serás alcohólica”, ahora será “romperás y os volveréis alcohólicos”, niños incluidos. Y donde antes se hablaba de “información veraz”, ahora se hablará de “concienciación afectiva”. El truco es siempre el mismo: cambiar el nombre para no cambiar la intención.

El Derecho, mientras tanto, mirando el reloj

La Constitución habla de dignidad, libre desarrollo, igualdad y protección de menores. El Código Civil organiza salidas ordenadas: custodia, alimentos, uso de vivienda, liquidación de bienes. La judicatura trabaja con criterios de interés superior del menor, no con megáfonos. Pero ese trabajo no da titulares: gestionar bien no luce tanto como montar un espectáculo de culpa en la puerta.

Pretender que el Estado “informe” con estigmas a quien se divorcia es desandar un siglo de Derecho de familia. Y no, no hace falta creer en el divorcio para defenderlo: basta con creer en la libertad del otro y en la protección eficaz cuando la convivencia fracasa.

El negocio del miedo

Habrá “expertos” en SPD, charlas, fondos para “familias reconciliadas”, contratos menores para diseñar logos con corazones con candado. Un BOE sentimental que convierte derechos en trámites vergonzantes. Y, por debajo, lo de siempre: quien más sufre paga el coste —mujeres con cargas, criaturas en conflicto, personas con menos recursos—; quien más grita cobra el contrato.

El remate: la gran fusión reaccionaria

El plan perfecto no acaba en los juzgados. Se expandirá: a las notarías (“¿estás segura de vender sin tu marido?”), a los institutos (“tus padres se divorcian: firma aquí para prometer que no probarás nada”), a los trabajos (“presenta certificado de convivencia feliz para optar a horario flexible”). Todo por la familia, sin la familia y contra la familia real que existe —diversa, imperfecta, a veces rota, a veces recombinada y, muchas veces, mejor cuando puede salir a tiempo.

Epílogo (sin megáfono)

Defender el matrimonio para toda la vida es una convicción legítima que merece respeto. Convertir esa convicción en política pública punitiva es otra cosa: es instrumentalizar el Estado para vigilar elecciones privadas y sembrar miedo en quienes ejercen derechos reconocidos.

Que nadie se confunda: esto no va de religión ni de ideales personales. Va de poder. Si hoy se “informa” a la puerta de una clínica con diagnósticos inventados, mañana se “conciencia” a la salida de un juzgado con predicciones de borrachera juvenil. La técnica es la misma, el objetivo también: que la libertad parezca peligrosa y que la tutela ajena se confunda con protección.

La democracia no necesita brigadas de megáfono, necesita garantías: decisiones libres, procesos limpios, apoyos reales, datos serios y respeto. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, ya se sabe, apenas tapa durante un rato lo que la realidad demuestra en silencio: que los derechos no rompen vidas; las ordenan cuando la vida se ha roto.