Precios: ¿bajar impuestos o ajustar beneficios?

La inflación disparada y su repercusión sobre familias y empresas era una secuela más que previsible para la guerra, que sus perpetradores debieron tener en cuenta antes de apretar el gatillo. Por tanto, la primera y más importante responsabilidad para evitar y corregir sus efectos perniciosos ha de situarse en los gobiernos de Trump y Netanyahu, así como en cuantos les apoyan y les avalan, como las derechas españolas de Feijóo y Abascal.

El sufrimiento por las secuelas económicas y sociales de la guerra se padece también en España, a pesar del rechazo que la guerra suscita en su ciudadanía y en su Gobierno. El aumento del precio de los combustibles reduce la capacidad adquisitiva de la población y tiene repercusión directa negativa sobre prácticamente toda la actividad económica y el empleo en nuestro país.

El estrangulamiento del comercio internacional, la incertidumbre en las bolsas, la paralización de las inversiones y, en definitiva, el parón económico global está causando ya caídas importantes en la producción económica y riesgos para el mantenimiento del empleo.

Gracias a la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, España está mejor preparada que otros países para soportar los estragos de esta nueva guerra desatada por Trump y Netanyahu. La apuesta por las energías renovables nos hace más independientes de la evolución del precio del petróleo y el gas. La modernización y digitalización de los procesos productivos facilita la resiliencia de una economía muy diversificada ya en cuanto a áreas de actividad.

Ya no dependemos tanto del turismo y del ladrillo, como ocurría con los gobiernos del PP. La reforma laboral, además, facilita la salvaguarda y estabilidad de los empleos amenazados. Y el incremento sustancial del salario mínimo mitiga los efectos de la crisis entre los más vulnerables.

No obstante, es preciso adoptar medidas suplementarias para proteger a la población y a la economía de los efectos de la guerra. El Gobierno ultima un paquete de decisiones para amparar a los sectores económicos y las familias más afectadas, y parte de la experiencia exitosa en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, de la guerra de Putin y de la anterior crisis energética.

Un aspecto importante de esta crisis por la guerra de Trump y Netanyahu es el relativo al aumento generalizado de los precios. Y sorprende la doble noticia que a este respecto aparece en los noticiarios de los últimos días. Por una parte, algunas de las empresas más importantes presumen de récords en beneficios y reparto de dividendos. Por otro lado, los directivos de esas mismas empresas, con el coro de los portavoces del PP y Vox, reclaman bajadas de impuestos para enfrentar la subida de precios.

¿Por qué no plantear la alternativa de ajustar esos beneficios disparados a fin de aliviar a la población española del efecto de la elevación de los precios?

La derecha económica y la derecha política que le sirve plantean invariablemente una sola solución ante cualquier problema económico o social, tenga la causa que tenga, tenga la naturaleza que tenga: bajar impuestos; sobre todo, bajarles impuestos a ellos. Bajar el IVA, bajar el IRPF, bajar el Impuesto de Sociedades, bajar los impuestos a los beneficios extraordinarios en las empresas energéticas, bajar los impuestos especiales, bajar la imposición sobre los grandes patrimonios… Monosolución para todo: bajar impuestos.

Pero los impuestos financian las políticas públicas, de protección social, de sanidad, de educación, de vivienda, de pensiones, de protección frente al desempleo, de movilidad, de infraestructuras, de digitalización y modernización de la economía… Reducir impuestos equivale a reducir la capacidad del Estado para prestar todos estos servicios a la ciudadanía. Parece razonable pensar un poco cualquier decisión al respecto y calibrar sus consecuencias.

Quienes acuden siempre a la monosolución de bajar impuestos son precisamente aquellos que menos necesitan del Estado que se financia con impuestos para atender las necesites de sus familias.

En estos días, algunas empresas energéticas han presentado cuentas con resultados muy favorables. Algunas empresas de distribución de alimentos incluso han presumido de obtener los mayores beneficios de su historia, con incrementos por encima del 6% respecto a ejercicios anteriores y ganancias netas sobre los 1.700 millones de euros. Pero sus directivos, preguntados por qué hacer ante la escalada de precios, proponen… que el Estado baje sus impuestos.

Eso sí, todos presumen de patriotismo excelso, españoles orgullosos hasta la médula, emocionados con la bandera, el himno y los goles de la selección. Pero si hay que ajustar algún cinturón, que sea el del Estado en los recursos destinados a proteger a los compatriotas más vulnerables.

Pues va a ser que no.