Encuestas, ¿para qué?

La obsesión por las encuestas ha llegado a tal punto que, si un observador externo y desprejuiciado visitara nuestras sociedades por primera vez sin saber apenas nada de ellas, es posible que pensara que las encuestas son una especie de rito ceremonial de cumplimiento obligado. Aunque tal conclusión no sacaría de dudas a ese visitante sobre su significado y sus funciones sociales y simbólicas.

La verdad es que las encuestas sociológicas se realizan desde hace muy poco tiempo. Y las electorales en particular desde menos tiempo aún.

Tal incorporación tardía obedece a la propia aparición de la Sociología, ya que esta fue la última disciplina en desgajarse de la rama de las Ciencias relacionadas con los comportamientos, básicamente a partir de la Economía y de los problemas “sociales” que se derivaron de la dinámica de la revolución industrial.

Algunos de los padres fundadores de la Sociología hicieron sus pinitos en este menester, realizando largos y complejos cuestionarios que fueron incapaces de traducir en algo concreto, hasta el desarrollo de la Sociología como disciplina científica en los Estados Unidos de América. Por eso, en las fases ulteriores de la Sociología no faltaron los que tildaban a los que hacían encuestas como “empiristas” influidos por la “Sociología americana”. Como si ambas fueran “cosas” intrínsecamente raras y malas perse.

 Las encuestas electorales suelen ser utilizadas por las derechas como artefactos agresivos de descalificación y de intimidación contra los adversarios políticos, en el contexto de una dialéctica “amigos-enemigos”.

Encuestas electorales y constructos “adivinatorios”

El procedimiento de preguntar a la población por sus opiniones, creencias, valoraciones, deseos, etc. no puede negarse que es algo de utilidad para conocer la opinión pública e identificar las preferencias, valoraciones y criterios ciudadanos. Algo necesario para los que desempeñan funciones públicas con voluntad de atender las demandas reales de los ciudadanos en los países democráticos. Países en los que, hasta el momento, solo se nos pide votar –y definir preferencias– una vez cada cuatro años. Lo que da lugar a “vacíos de opinión pública” durante largos períodos, en los que es conveniente disponer de un seguimiento continuo de la evolución de las percepciones públicas sobre asuntos de relieve.

Sin embargo, ante carencias de este tipo, lo que se está implantado en nuestras sociedades, a veces de manera obsesiva y atropellada, es la realización de encuestas (electorales) —o pseudo-encuestas— para “determinar” a quién piensan votar los ciudadanos en cada momento. Aunque se acaben de realizar elecciones hace poco tiempo.

Tal práctica “superencuestadora” ha corrido paralela al asentamiento de la democracia como tal. Por eso tal costumbre surgió en el ámbito de la democracia norteamericana, siendo allí donde se empezaron a hacer encuestas electorales a finales del siglo XIX. Aunque su desarrollo a gran escala se produjo a partir de las elecciones presidenciales de 1916, no siendo hasta los años treinta del siglo XX cuando se establecieron criterios demoscópicos modernos, de la mano de George Gallup, un experto en investigación de mercados que desarrolló diseños muestrales más precisos y acotados que los que utilizaba la publicación Literary Digest mediante envíos masivos de cuestionarios por correo. A veces con varios millones de destinatarios.

El propósito de tales macro-encuestas no deja de ser curioso si lo pensamos bien. Se trataba de “saber” qué piensan votar los electores norteamericanos varios días antes de que se realizara el hecho específico de la votación. Algo que en principio deberíamos cuestionar. ¿Para qué se quería conocer antes algo que va a ocurrir algún tiempo después? ¿No resulta mejor, y más razonable, esperar solo unos días y atenernos a algo real y no pretender “adivinar” un acontecimiento que aún no ha tenido lugar? Lo que trasluce una clara pretensión adivinatoria.

Las encuestas del CIS durante el último ciclo político no se han apartado de los resultados finales de las urnas, ni se han alejado de los márgenes teóricos de error propios de las encuestas. 

Encuestitis

Aunque el cuestionamiento de las pretensiones adivinatorias parezca lógico y razonable, el hecho cierto es que tal intención anticipatoria ha sido la que se ha impuesto con el tiempo. Y cada vez de manera más compulsiva, hasta llegar a los tiempos presentes en los que la encuestitis ha llegado a ser una auténtica plaga. Y en la que multitud de sociólogos se desgañitan un día sí y otro también para proclamar que ellos son los auténticos adivinos de los futuros electorales.

El problema —amén de la desmesura— es que tal vocación adivinatoria suele dar lugar a escaramuzas políticas y comunicacionales, trufadas de propósitos políticos concretos. Por ello, es bastante habitual en muchos países que poco tiempo después de haber- se celebrado unas elecciones y de haberse formado el gobierno correspondiente a las mayorías salidas de las urnas, determinadas empresas encuestadoras y grupos de comunicación social proclamen que aquellos que ganaron los comicios ya no cuentan con el respaldo mayoritario. Y que, por lo tanto, los gobiernos están “obligados” a comparecer de nuevo ante el electorado, so pena de ser sometidos a todo tipo de descalificaciones, insultos e incluso denuncias en los Tribunales.

Aquellos que no se dejan amilanar por las soflamas demoscópicas de algunos medios de comunicación social —erigidos como poderes alternativos a los Gobiernos y los Parlamentos— no suelen tenerlo fácil. Ya que suele ser bastante duro resistirse ante el acoso de poderes a los que no es difícil poner nombres, apellidos y circunstancias, con sus empeños en deslegitimar los procedimientos realmente democráticos. A veces contando con la ayuda de ciertos poderes fácticos que están en las antípodas de las representaciones legítimas derivadas de las urnas.

Las encuestas como artefactos políticos

En tales escenarios de antagonización intimidatoria, las encuestas en ocasiones quedan reducidas a la condición de artefactos deslegitimadores y desmovilizadores, prescindiendo de cualquier criterio científico y de representatividad. De forma que es habitual utilizar datos contundentes —cuanto más hostiles contra las posiciones progresistas, mejor— sin atenerse a los procedimientos estadísticos y de representatividad, que quedaron perfectamente establecidos desde los tiempos en que Gallup planteó una alternativa seria y rigurosa frente a los cuestionarios por correo que enviaba la revista Literary Digest a sus suscriptores, a los propietarios de coches, a los que entonces disponían de teléfonos en sus casas, etc. Es decir, a una élite de la sociedad.

En este sentido, aun salvando la pertinencia de la pretensión anticipatoria, hay que tener en cuenta que una encuesta representativa implica “preguntar” a un número suficiente de personas, seleccionadas de manera aleatoria —por azar, como la lotería— y con una estratificación fijada a partir de determinadas características (edad, sexo, lugar de residencia, estudios, profesión, etc.) que permitan que la población seleccionada para ser encuestada sea realmente una “muestra representativa de la sociedad en su conjunto”.

Lo que supone procedimientos y magnitudes que tienen costes elevados, que no siempre están al alcance de todos, de forma que no faltan los que, en vez de realizar encuestas sociológicas, lo que hacen es deslegitimar, desvalorizar y atacar duramente a quienes consideran sus enemigos políticos (y no adversarios legítimos y respetables). Por eso, en las democracias de nuestros días (incluida la española) los debates se producen cada vez menos en términos argumentativos y de opciones razonables y evaluables, y cada vez más en términos de luchas enconadas y descalificaciones rotundas.

En este contexto es en el que las encuestas tien- den a utilizarse como artefactos arrojadizos, sin el adecuado valor científico y sociológico. Y con desprecio a los criterios de rigor y representatividad estadística.

Existen, en este ámbito, algunos datos muy sencillos que nos permiten valorar el carácter de artefacto de tales encuestas: uno es la escasa entidad de las “pseudo-encuestas” que difunden determinados medios de comunicación social, con unos tamaños muestrales de solo 600, 800 o 1.000 pseudo-entrevistas (algunas veces autocumplimentadas bajo “recompensas” a través de Internet), sin seguir muestreos estadísticos aleatorios que merezcan tal nombre.

 Las encuestas del CIS no pretenden adivinar futuros que aún no han tenido lugar, ni hacer “pronósticos” sobre resultados electorales futuros, sino que solo son estimaciones sobre las tendencias existentes en el momento en que se realizan las encuestas.

Rutas aleatorias

Para que una encuesta tenga valor (para que sea mínimamente fiable) debe tener un tamaño muestral suficiente (al menos 2.000 o 3.000 entrevistas) y todos los entrevistados deben ser seleccionados de manera aleatoria; es decir, al azar y de forma que todas las personas comprendidas en el universo social de referencia tengan las mismas oportunidades de ser entrevistadas, en función de criterios de estricto azar.

Sin embargo, en nuestros días existe una crisis (de costes y de dificultades) del modelo de las rutas aleatorias (random routes) de la sociología clásica, que se basaba en selecciones efectuadas a partir de los lugares de residencia (ciudades, barrios, calles, números, pisos, viviendas y personas residentes en cada lugar). Crisis a la que hoy en día se añade la carestía de los procesos rigurosos de obtención de muestras telefónicas. Ante lo que algunos tienden a seguir un criterio simplista de autocumplimentación de encuetas por Internet. Algo que no solo excluye a las personas que no tienen Internet, o no lo usan para cumplimentar encuestas —es decir, a una proporción muy notable de la población—, sino también a todos aquellos que no se han apuntado “previamente” a la plataforma de una “casa comercial” para cumplimentar unos prontuarios que se ponen en “circulación” en determina- dos momentos por las redes. Sinceramente, algunos no podemos comprender cómo determinados “medios de comunicación social” califican a tal tipo de artefactos como encuestas en un sentido estricto.

A tal hecho a veces se une el despropósito de realizar “pseudo-encuestas” de solo 1.000 casos, o menos. Lo que, al margen de estar mal o bien hechas, en términos estadísticos formales, para una seguridad del 95,5% en distribuciones de datos de 50%/50%, tiene unos márgenes teóricos de error de ±3,2%. Es decir, ¡6,4 puntos en su conjunto! Así, cuando a partir de una de esas pseudo-encuestas se “dice” que un determinado partido político va a tener el 50% de los votos, lo que realmente se debería decir — si todo se hiciera bien y aleatoriamente— es que “hay un 95,5% de probabilidades de que ese partido político, si ese mismo día se hicieran elecciones, podría tener entre un 46,8% y un 53,2% de los votos. ¡Ahí es nada la diferencia!

El CIS hace estimacionea a partir de datos y tendencias identificables en la soiedad española, no “pronósticos electorales” predeterminados. 

Voluntad manipuladora

Unas prácticas demoscópicas tan engañosas tienen pretensiones bastantes claras: confundir a la opinión pública presentando a de- terminados partidos políticos como abocados a perder las elecciones; intentando convencer a bastantes personas para que no vayan a votar, y no se molesten en acudir a las urnas para apoyar a quienes “están predestinados a perder”. Que, casualmente, suelen ser siempre los partidos de izquierdas. Algo que siempre han intentado hacer ciertos partidos y “poderes” de derechas. Pero que cuesta entender cuando se apuntan a estos procedimientos otros medios cuya trayectoria anterior no apuntaba en esta dirección. Aunque al final los hechos siempre acaban siendo tozudos, como demuestran recurrentemente los resultados de las urnas.

La otra línea fundamental perseguida por las estrategias de manipulación demoscópica consiste en criticar, denunciar y erosionar sistemáticamente a las entidades y a los profesionales que hacen bien las encuestas con una finalidad que no es ni tergiversadora ni manipuladora. En España el caso más típico de estos ataques furibundos es el CIS. Instituto que, desde que yo soy su Presidente, ha sido objeto de una cantidad desmesurada de críticas desaforadas y de denuncias de todo tipo en los Tribunales. Todo ello, ¿por qué? y ¿para qué? Sencillamente para que los datos del CIS no sean valorados como contrapunto a las campañas de intoxicación orientadas a desanimar y desmovilizar a los electorados progresistas. Cuando concluya mi período de Presidencia de esta institución, publicaré un libro —“El CIS de Tezanos”—, tan curioso como divertido, en el que explico todo lo que ha pasado durante estos años. Libro al que quizás aún le quedan algunas anécdotas y hechos pintorescos que añadir.

Pero, en realidad, dichos “ataques” —que no “críticas”— casi siempre acaban en “agua de borrajas”, ya que cuando se celebran las elecciones es inevitable que incluso los medios más de derechas acaben reconociendo que “el CIS tenía razón”.

De hecho, al margen de las mayores precisiones de las “estimaciones” del CIS sobre las elecciones generales que han tenido lugar en este período (algunas casi “exactas”), lo cierto y constatable es que las encuestas del CIS siempre han estado dentro de los márgenes teóricos de error, prefijados con criterios estrictamente estadísticos. Por lo que no existen “desviaciones” y menos aún manipulaciones “punibles”, como sostienen algunos portavoces del PP y VOX.

Ni adivinos ni delincuentes

El hecho cierto es que el CIS no tiene ninguna intención de acertar o no acertar con unos supuestos “pronósticos” electorales predeterminados, ya que los que trabajamos en el CIS ni hacemos “pronósticos”, ni “pretendemos ser adivinos de algo que aún no ha ocurrido”, sino que simplemente hacemos “estimaciones” a partir de determinados datos y tendencias identificables en la sociedad española. Las encuestas preelectorales del CIS siempre se terminan y se publican al menos un mes antes de celebrarse las elecciones. Por eso, siempre incorporamos en su publicación un informe metodológico muy amplio y exhaustivo, recalcando que lo que publicamos son “estimaciones” válidas para el momento en el que se hacen las encuestas (un mes antes de celebrarse las elecciones). Y si al final las estimaciones del CIS se aproximan más que las que realizan algunas encuestadoras privadas es sencillamente porque los trabajos demoscópicos del CIS tienen una calidad técnica muy superior, y porque no se realizan montajes adivinatorios raros, sino análisis de “inercias e incertidumbres”. Y porque el CIS no participa en ningún acuerdo para establecer, por mutuo acuerdo, conveniencia, o interés comercial o de otra índole, un consenso demoscópico previo sobre quién va a ganar o no ganar unas elecciones.

De ahí las dificultades que yo mismo encuentro para entender la furia crítica contra el CIS (¿por qué? y ¿para qué?) que se practica desde el PP y VOX y otros grupúsculos, que parece que lo único que persiguen no es tanto refutar al CIS con datos, argumentos y resultados electorales concretos, sino matar al mensajero. Matarlo y neutralizar y desbaratar su trabajo sociológico, prescindiendo —y olvidando— que la mayor parte del trabajo demoscópico del CIS —más del 80%— no es preelectoral, sino que comprende una gran cantidad de temas y cuestiones de utilidad e interés primordial para España (vid. cuadro 1). Y, desde luego, muy útil tanto para los que gobiernan, que necesitan conocer y seguir el pulso de la calle sobre los más diversos asuntos de interés público, como para otras instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los partidos de la oposición, que así pueden intentar equivocarse menos y no distanciarse tanto de lo que opinan, necesitan y demandan la mayoría de los españoles. Algo sobre lo que siempre será mejor avanzar con luz y taquígrafos, que ir a ciegas y a trompicones y mamporrazos. Aunque la verdad es que “sobre gustos no hay nada escrito”. Ni sobre gustos ni sobre “sustos”, que de todo hay en la viña del Señor.

 Las iniciativas de PP y VOX al presentar denuncias en los tribunales alegando “errores” o “desviaciones” en las encuestas de CIS intentan impedir el funcionamiento normal de una institución pública que trabaja para aportar datos precisos sobre el pulso de la calle.

Las iniciativas de PP y VOX al presentar una serie de demandas y denuncias en los Tribunales alegando “errores” o “desviaciones” en las encuestas del CIS recuerdan las viejas historias que relataban los clásicos sobre lo que ocurría en aquellas ciudades de la Antigüedad en las que la aplicación estricta de la ley del Talión llevó a cometer grandes disparates. Según se contaba, las aplicaciones exageradas de dicha ley llevaron a que los “médicos” que cometían algún error en su práctica que ocasionaba la amputación, pérdida o invalidez de algún miembro en sus pacientes, se vieran sometidos a amputaciones y lesiones de los mismos miembros. De forma que al final nadie se atrevía a ejercer la medicina ni ninguna otra práctica curativa. Así que no quedaba a las familias otra manera de remediar los males que tenían sus enfermos que llevarlos en parihuelas a la plaza del mercado para que otros “ex enfermos” les contaran sus remedios y pudieran poner en común sus experiencias. En cualquier caso, el problema del PP y VOX no es solo que sean sumamente exagerados y desmesurados, ya que ni siquiera se fijan con detalle en los datos que el CIS publica en sus estimaciones, no reconociendo que ninguna de las estimaciones del CIS se ha apartado de los resultados electorales finales, sino que estos han estado siempre sumamente próximos. Y, en cualquier caso, se han situado dentro de los márgenes teóricos de error estadístico. Los últimos ejemplos de esta aproximación han sido las encuestas preelectorales sobre Castilla y León y sobre Andalucía (vid. cuadro 2). ¿Tan difícil es entender —y reconocer— algo tan sencillo y elemental y no dejarse llevar por un furor descalificatorio y acientífico?