Contra Irene Montero: la disposición transitoria como arma política

El aspecto técnico redaccional de la ley censurado por numerosos sectores de la opinión pública, incluso merecedor de un editorial de un medio de comunicación referencial como El País, ha producido consecuencias no queridas por los agentes impulsores del nuevo texto legal que proporcionó intensas alegrías al feminismo militante y al conjunto de los derechos de las mujeres. Tras las primeras interpretaciones de quienes fueron derrotados en el tramo final de la aprobación legislativa y ahora ven el momento del desquite, vendrán los soportes de la reflexión sesuda; y a partir de ahí concluir que todos los cambios en las leyes que suponen avances sustanciales en la conquista de derechos llevan adheridos el momento del resquicio aprovechable por los profesionales del derecho.

A la grieta argumentativa que permite reducción de penas le sucederá la actuación que taponará la posibilidad de la ventaja para el infractor. Ahora, la voluntad de un cambio en las leyes que ataja conductas sexuales intolerables y productoras de daño se agita como una demostración de inmadurez y ejercicio diletante, “veinte años es la edad más ferviente, la más sedienta de absoluto, la más lírica de la vida”, que decía Alain Finkielkraut, en “Lo único exacto”, en esa impresión siempre bien captada de la juventud por el espíritu francés. Esa juventud se conforma en la inexperiencia abominada contra la ministra de Igualdad, joven sí pero también insuficientemente preparada para la opinión depredadora de una clase política incapaz de superar un gobierno de coalición de la izquierda.

Todos los imponderables técnicos de la aplicación de la ley son pocos para la culminación de la alegría, es llegada la oportunidad del empate tras la confusión de una ley que producía conquistas de tranquilidad y de derechos. Más combustión en la atmósfera si el fogonazo se dirige a la visibilidad encarnada en la mujer del estandarte de Unidas Podemos, zarandeado por sus diferencias con la portadora de la nueva bandera de la izquierda post 11-M y hasta el momento conmilitona de “razones y vidas”, como cantaba Lluis Llach, de Pablo Iglesias.

Al desahogo de la ministra Irene Montero por lanzar adjetivos a los jueces de automática reducción de pena, ha crecido una reacción de la judicatura más alineada con la identidad conservadora para que permanezca alto y claro en la retina del ciudadano que el poder judicial es un pilar del Estado, pese al lesivo festival que proporciona el órgano colegiado de la magistratura desde hace cuatro años.

Una disposición transitoria, que parece sintagma muy alejado de la pedanía y lo coloquial, se entromete en la vía de los derechos para enredar la vida de la liza política. “Desde el instante en que se ordena el mundo con palabras se modifica la naturaleza del mundo”, apostilla Enrique Vila-Matas en su “Montevideo” (Seix Barral, 2022) serpenteante de confín a confín, atento a las vicisitudes del escritor por geografías variadas. Irene Montero no solo es víctima de las disposiciones transitorias, también lo es de las intolerancias que ajustician en los telediarios de disección y las tertulias de “risas de consonantes aspiradas”, que denotaba Javier Marías, en “Negra espalda del tiempo”.