Los despidos provocados por resoluciones de expedientes de depuración en la administración y en la empresa privada en Cataluña, como en el resto de España, provocaron muchas vacantes de puestos de trabajo, además de las que se habían generado por prisión, exilio o muerte de funcionarios, empleados y trabajadores. Los beneficiarios para ocupar estos puestos de trabajo fueron las personas adictas al nuevo régimen. Así lo disponía la ley de 25 de agosto de 1939 que reservaba el 80% de las plazas de organismos públicos a mutilados, excombatientes, excautivos, huérfanos y familiares de caídos del bando franquista. En algunos organismos públicos hasta se renunció al 20% restante de plazas libres y se concedió la totalidad de vacantes a los beneficiarios de la ley. El caso más significativo fue el del Ayuntamiento de Barcelona.

Julia Morán Sánchez, “Julia Rico”, nació en Blimea-San Martín del Rey Aurelio (Asturias) en el año 1896. En 1918 se casó pero su marido falleció en 1930 quedando viuda con cuatro hijos en una situación harto difícil. Dos años después consiguió entrar como conserje con derecho a vivienda en la Casa del Pueblo de Pola de Laviana gracias a la decisión que tomó la Sección de Obreros Mineros de la UGT, una de las Sociedades de dicha Casa del Pueblo. Pero Julia no sólo trabajaba allí, sino que colaboraba activamente como socialista. En 1933 fue elegida secretaria del Grupo Femenino Socialista.

Émile Vandervelde escribió un texto sobre los medios de expropiación. El destacado socialista belga consideraba que en todos los medios donde la concentración capitalista destruía o esclavizaba la propiedad personal se imponía la expropiación de los expropiadores. Sería el único medio eficaz para establecer una sólida unión entre la propiedad y el trabajo. Este sería un principio en el que los socialistas estarían de acuerdo, pero no así en cuanto los procedimientos a emplear para conseguir este fin.

La Constitución de 1812 dedicó el Título VIII, desde el artículo 356 hasta el 365, a tratar de lo que se denominó “la fuerza militar nacional”, el Ejército y la Marina, así como la Milicia Nacional. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas militares, aunque, en realidad, no dedicó una atención pormenorizada a la cuestión militar en sus Constituciones, más preocupado por el diseño y relación entre los poderes legislativo y ejecutivo.

La legitimidad hace referencia a la cualidad del poder político cuya autoridad emana de un amplio consenso social que se traduciría en un compromiso entre quien gobierno o manda y quien es gobernado o mandado. La ruptura de este pacto deslegitimaría el poder, obligándole a emplear la violencia para ser obedecido.

Las ideologías de la época contemporánea, tanto el liberalismo como el socialismo, se construyeron sobre supuestos racionales; la democracia supondría el triunfo de todo este legado. La doctrina fascista rompió con la herencia racional y adoptó un acusado irracionalismo. Los fascistas desconfiaban de la razón y fomentaron el comportamiento irracional de las conductas, así como los sentimientos o manifestaciones intensas hasta la glorificación del fanatismo. Las ideas fascistas se construyeron sobre dogmas, sobre ideas indiscutibles, como pueden ser la superioridad del jefe o líder, del hombre sobre la mujer, el soldado sobre el civil, o la cuestión de las razas superiores e inferiores. Es el triunfo del tabú, de lo que hay que admitir sin discusión o análisis, del totalitarismo frente al debate libre.

El feminismo aparece en España a finales del siglo XIX por los problemas derivados de la lenta y accidentada implantación del liberalismo, que provocó que las ideas sobre la emancipación de la mujer. Solamente, a partir de la Revolución de 1868 se pueden apreciar los primeros intentos de mejorar la condición social de las mujeres, pero siempre gracias a figuras, que siendo importantes y que han dejado su impronta en la historia española, estuvieron muy aisladas. Destacarán tres mujeres: Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro. Se esforzaron en defender cambios jurídicos y educativos.

En la sociedad industrial del siglo XIX, los obreros terminarían por desarrollar una conciencia de clase propia y surgirían nuevas formas de conflictividad social, desde la destrucción de máquinas a la creación de asociaciones de trabajadores, participando también en las luchas políticas. Este nuevo fenómeno social y político es denominado en la Historia como movimiento obrero.

Los griegos entendían la democracia como el gobierno del pueblo. Así pues, en nuestra concepción estaríamos hablando de un régimen político en el que cual la soberanía residiría y sería ejercida por el pueblo.

La presencia de los estudiantes en la vida política y social en España tiene como uno de sus primeros momentos clave en la conocida como “Noche de San Daniel”. Dos artículos de Emilio Castelar en La Democracia, “¿De quién es el Patrimonio Real?”, y “El Rasgo” en febrero de 1865 precipitaron una nueva crisis en el proceso de descomposición del régimen isabelino. A Castelar se le separó de su cátedra de la Universidad Central, y se exigió al rector Montalbán que le cesase, negándose, lo que generó su propio cese, y provocando la reacción de los estudiantes en la conocida “Noche de San Daniel” en la madrileña Puerta del Sol el 10 de abril, con represión incluida, intensa polémica parlamentaria, y caída del Gobierno Narváez.

La banca moderna en España nació con el Despotismo ilustrado, de la mano del Banco de San Carlos en el año 1782, surgido para sostener la cotización de los vales reales, pero la insolvencia del Estado y una mala administración hundieron a la entidad. En 1829 se transformó en el Banco Nacional de San Fernando, que en 1856 sería el Banco de España. En 1874 adquirió el monopolio de la emisión de billetes.

El concepto de Administración pública se refiere al servicio y gestión por parte del poder de los asuntos públicos. La efectividad de un Estado, como estableció Max Weber, se basa en la idea que éste pueda regirse por un ordenamiento jurídico (Constitución y leyes de distinto rango), y gestionarse a partir de una autoridad burocrática administrativamente organizada y jerarquizada. Así pues, la Administración pública sería la organización de funcionarios que, con unos determinados medios económicos y materiales, aseguraría el cumplimiento de las decisiones políticas, que marcan las instituciones con competencia para hacerlas, como son los Gobiernos y los Parlamentos. En una Administración pública moderna están diferenciados los dos niveles, el político del puramente administrativo. La Administración profesional y bajo principios de jerarquía nació con el Estado moderno, con la Monarquías autoritarias y absolutistas.

Antonio Maura planteó la necesidad de reformar el poder local para conseguir tres objetivos: terminar con el caciquismo, moralizar la vida pública y descentralizar la administración para que fuera más eficaz. Consideraba que el poder de los caciques radicaba en el apoyo que recibían de los distintos poderes, incluido el local. Así pues, uno de los proyectos estrellas del denominado “Gobierno largo” (1907-1909) fue el de la ley de Administración Local, presentada en el año 1907, y estaría en línea con su proyecto de “revolución desde arriba” para evitar la que procede desde “abajo”.

Durante el reinado de Alfonso XIII hubo una cierta preocupación por la legislación acerca del asociacionismo agrario. En el año 1906 se aprobó la Ley de Sindicatos Agrícolas. En esta disposición se incluyeron no sólo los sindicatos en sí, sino, también, las asociaciones, sociedades, comunidades y cámaras agrícolas. Esta ley promovió el sindicalismo agrario de signo católico. Los sindicatos profesionales no se aprobaron, en cambio, a pesar de algunos proyectos presentados en los años 1913 y 1919. A lo sumo, se dio un Decreto en el año 1922, pero aplicado solamente a Barcelona y su provincia. La Dictadura de Primo de Rivera prohibió las actividades de partidos políticos y sindicatos. La represión más dura fue la ejercida contra las organizaciones anarquistas y comunistas. Por otro lado, el dictador coqueteó con el PSOE y la UGT en un intento de que se incorporasen al sistema corporativo que se quiso poner en marcha, generando un intenso debate en el seno del socialismo español sobre dicha colaboración.

Por abstención se entiende la renuncia de los electores a ejercer el derecho al sufragio, o del miembro de una asamblea o parlamento a votar. La abstención se denomina pasiva cuando el elector no acude a las urnas para votar, o activa, cuando acude a ellas para emitir un voto en blanco.

En la España liberal se produjo un profundo cambio en el gobierno municipal según estaba establecido en el Antiguo Régimen. Las leyes municipales que se fueron aprobando a lo largo del siglo XIX se basaron en dos principios: la uniformidad y la centralización, frente a la heterogeneidad que en el pasado se había dado.

El derecho de asociación tardó en ser reconocido en España. El primer texto legal que reconoció algún tipo de asociación obrera fue una Circular del 28 de febrero de 1839, aunque limitaba este derecho a las Sociedades de Socorros Mutuos y no incluía a las Sociedades de Resistencia por su evidente vinculación con la lucha obrera. El Código Penal de 1848 establecía sanciones contra las asociaciones ilícitas y contra los que se uniesen para presionar sobre los salarios o para intentar regular las condiciones laborales. Recordemos que esta disposición se dio en plena Década Moderada, controlada por Narváez, y en un año clave, porque se estaban produciendo revoluciones en casi toda Europa.

Las Casas del Pueblo fueron los locales del movimiento obrero, siendo las sedes de las sociedades obreras de la UGT, y de las agrupaciones y juventudes socialistas. En las mismas se instalaron no sólo las dependencias organizativas, sino también escuelas para los hijos de los trabajadores afiliados, bibliotecas, cooperativas de consumo y producción, comedores y cafeterías, mutualidades médicas, grupos culturales, musicales y artísticos, etc.

Marx es uno de los pensadores más importantes de la Historia Contemporánea. Fue un personaje que vivió exiliado en varios lugares de Alemania, en París, en Bruselas y en Londres. Se desengañó del liberalismo al comprobar que no solucionaba las contradicciones que generaba el capitalismo. En 1845 escribió las Tesis sobre Feverbach. En el libro establecía el concepto de la praxis al señalar que los filósofos hasta ese momento solamente se habían dedicado a interpretar de distintas maneras el mundo, pero no de transformarlo. Dos años después publicó Miseria de la Filosofía donde rechazaba al socialismo no científico. En 1848 escribió, junto con Engels, uno de los textos más importantes de la Historia, el Manifiesto Comunista. Allí se formularon muchas ideas que se desarrollaron en su obra cumbre, El Capital.

Las Agrupaciones Socialistas fueron, desde el principio, el pilar básico de la organización del PSOE; eran locales, y unidas en torno al Comité Nacional, que tendría, como uno de sus principales objetivos, coordinarlas en el objetivo común. Pero no debemos olvidar que también se crearon, en ciudades muy grandes, como Madrid, Círculos Socialistas en distintos barrios o distritos.

En distintas ocasiones nos hemos acercado a las teorías del movimiento obrero socialista sobre el control obrero de las fábricas, sobre la participación de los trabajadores en el gobierno de los centros de producción, especialmente, en los años veinte. Hoy abordamos cómo Jaurés antes planteaba esta cuestión, gracias a un texto traducido por Vida Socialista en su número del 18 de agosto de 1910.

Ubaldo Romero Quiñones (1843-1914) fue un intelectual, hoy nada conocido, pero muy activo durante el siglo XIX, además de militar, político republicano, ensayista, novelista y periodista, dentro del ámbito del naturalismo. Estuvo en el Partido Republicano Federal, se acercó al movimiento obrero, y algunos historiadores lo consideran un tanto demagogo. Nosotros queremos acercarnos a un texto suyo publicado en 1910 en la revista Vida Socialista, titulado, “El arquitrabe burgués”, es decir, en los últimos años de su vida.

En marzo de 1910, en la revista Vida Socialista (número 11), José López y López publicó un artículo sobre quienes eran patriotas y antipatriotas en ese momento. Hoy rescatamos algunas de sus reflexiones.

En un artículo anterior nos hicimos eco de la sátira que la revista Vida Socialista realizó al rey británico Eduardo VII. Dicha publicación socialista española en sus primeros números insertaba unas imágenes y unas sátiras de los jefes de Estado del momento. Hoy planteamos la dedicada al emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José.