¿Fue un fracaso el siglo XIX español? (IV)

A partir de 1810 encontramos diversos intentos de armonizar los principios católicos con las nuevas ideas de libertad. Patriota durante la guerra de la independencia, Joaquín Lorenzo Villanueva intentó justificar doctrinalmente la conveniencia de una monarquía liberal, de talante moderado. Para argumentar su postura recurrió a la autoridad de Santo Tomás de Aquino, al que presentó como adversario de las doctrinas absolutistas en Las angélicas fuentes. Su publicación, en 1811, tuvo lugar dentro del marco de las Cortes de Cádiz, en las que Villanueva se distinguió como defensor de la soberanía nacional y crítico del Santo Oficio, en el que veía un atentado a la libertad legal de los individuos. Argumentó que la Inquisición era incompatible con el texto constitucional y criticó a los que eran tan cerrados de mente como para llamar herejías a todo lo que ignoraban.

Pero sin duda es Muñoz Torrero el más representativo de este clero aperturista, por su protagonismo en las deliberaciones gaditanas. Eclesiástico al fin y al cabo, prefería un estado confesional a uno laico. El ciudadano, a su juicio, debía tener como principal obligación la defensa del catolicismo. Por otra parte, su defensa de la libertad de prensa no llegaba al extremo de pretender arrebatar a los obispos la censura en materia religiosa. En otros aspectos, sin embargo, sus posturas adquirieron un claro cariz progresista. Al defender la abolición de la Inquisición, por ejemplo, dada su incompatibilidad la constitución por su estructura y sus métodos. No en vano, el acusado se veía sometido a una estructura secretista que le dejaba indefenso ante la arbitrariedad. Existían, además, razones teológicas que aconsejaban prescindir de una institución tan polémica. De acuerdo con su propia naturaleza, espiritual y no política, la Iglesia no debía tener facultades para imponer penas civiles.

Por otra parte, también dentro de los debates sobre cuestiones religiosas, el diputado extremeño se manifestó a favor de la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas. Pero, sobre todo, destacó su intervención en favor de la soberanía nacional, un principio que, en su opinión, se hallaba ya en la antigua tradición medieval española, la representada en códigos como las constituciones de Aragón o los fueros de Navarra. La monarquía absoluta había usurpado al pueblo la soberanía, pero, si se echaba mano a la doctrina de los Santos Padres, se comprobaría que era la comunidad quién otorgaba al monarca sus atribuciones. Muy hábilmente, Muñoz Torrero hacía compatibles dos principios en apariencia antagónicos: la soberanía nacional y el origen divino del poder.

No acaba aquí, por supuesto, la nómina de sacerdotes dispuestos a encarar reformas que, en mayor o menor medida, desligaran a la Iglesia del viejo absolutismo monárquico, en el que gozaba de tantos privilegios. Entre este clero aperturista, sin duda una de las voces más llamativas es la de Juan Antonio Posse, párroco de San Andrés, en la provincia de León. Este cura atípico por su radicalismo, publicó, en 1812, un discurso a favor de la constitución en el que no disimulaba sus simpatías republicanas. Así, en su texto, el poder monárquico aparece como sinónimo de arbitrariedad. “Éramos el juguete de los Reyes o de sus favoritos”, afirma. Por otra parte, pese a su condición sacerdotal, o tal vez por ella, denuncia el papel de la fe como instrumento al servicio de la opresión: “La religión, este lazo consolador de los mortales vino a servir para aherrojar nuestras cadenas por la ignorancia y preocupaciones de sus ministros”. En esta línea, arremete contra los teólogos que consideran de origen divino el poder de los soberanos, hasta el punto de anatematizar como pecadores a aquellos que se oponen a los caprichosos dictados de la Corona. No oculta, por otra parte, su admiración por los primeros años de la revolución francesa, no así por el régimen militar de Napoleón, que detesta profundamente.

Tal vez la mayor originalidad de Posse radique en las argumentaciones bíblicas que emplea para defender sus ideas renovadoras. Así, justifica su rechazo a los reyes recordando que el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, los presenta como tiranos. Y, de un modo absolutamente revolucionario, propone una democratización el seno del catolicismo. Según sus propias palabras, Jesucristo fundó en su Iglesia un gobierno libre. El Papa, por tanto, de ninguna manera debe rebajarse a ser el “tirano de los obispos”.

Por desgracia, el regreso de Fernando VII en 1814, con el consiguiente retorno al absolutismo, supondrá para todos estos sacerdotes el destierro o la cárcel. Así, Posse se vio sentenciado a seis años en una prisión donde, como nos dice su estudioso, Richard Herr, apenas podía ver la luz del sol y sufrió penas físicas y morales, aunque no experimentó los horrores de una cárcel del siglo XX: comía carne de vaca al mediodía, pata de cerdo y chocolate por la noche, y tenía sábanas por la noche. El castigo, que le pareció absolutamente desproporcionado, no hizo más que reafirmarle en sus ideas. Muñoz Torrero, por su parte, se vio arrestado y sometido a una incomunicación absoluta.

España no recuperará la libertad hasta 1820, con sublevación del coronel Riego, quien restablece la constitución gaditana de manera más o menos incruenta. Posse no compartía el entusiasmo de los liberales. Desengañado, veía en líderes como Argüelles o Toreno a unos oportunistas más preocupados por las componendas y el beneficio personal que por el bienestar del país. Creía que, con el gobierno en sus manos, el desastre estaba asegurado. Por eso le decía a un convecino, el cura de Villabalter, que “los que nos habían perdido en el año de 14 nos perderían en el de 20 o consumarían nuestra ruina; (…) que eran unos pasteleros que no pensaban sino en sus colocaciones y en las de sus amigos, para lo cual aumentaban los sueldos”.

En las cortes del Trienio (1820-23), 34 de los 150 diputados son religiosos. Según el historiador Gérard Dufour, la presencia en este grupo de figuras claramente constitucionales “no es sino la emergencia de un liberalismo clerical mucho más amplio”. La religión y la democracia, por tanto, no estaban destinadas por fuerza a ser enemigas.