En vísperas del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2025, el fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, anunció cambios en las políticas de moderación de su empresa en nombre de la «libertad de expresión», que, según él, estaba amenazada por las presiones mundiales de lo que consideraba censura. El anuncio señaló un acercamiento entre Meta y la extrema derecha en torno a un objetivo común: la desregulación de las grandes tecnológicas. Desde entonces, la creciente vinculación entre las principales empresas tecnológicas y la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado cómo los intereses privados de un pequeño grupo pueden imponerse al interés público.
En los últimos meses se han multiplicado las acusaciones de que las grandes tecnológicas, especialmente Meta, han estado interfiriendo en el proceso electoral brasileño de este año con el objetivo de perjudicar la reelección del presidente Lula (PT). Este tipo de acusaciones no es nuevo. Durante la última década, una amplia bibliografía ha puesto de manifiesto el papel de intermediación de las plataformas digitales en la injerencia extranjera en elecciones de todo el mundo. Estos informes también han destacado las dificultades para exigir responsabilidades a las empresas por permitir que se amplifiquen esas campañas de interferencia.
En nuestro grupo de investigación, NetLab UFRJ, llevamos años estudiando cómo las grandes plataformas digitales moldean el debate público e influyen en la percepción de la realidad de las personas, a menudo al margen de los marcos normativos y regulatorios vigentes en Brasil. Meta, en particular, se ha convertido en un terreno fértil para la desinformación y la promoción de anuncios fraudulentos, que ya representan el 10 % de sus ingresos anuales.
A pesar de las demandas judiciales y las actuaciones administrativas emprendidas por las autoridades brasileñas contra Meta, de las denuncias y solicitudes de investigación de organizaciones de la sociedad civil, así como de las informaciones publicadas por la prensa, la empresa no ha mostrado la voluntad ni la diligencia necesarias para combatir eficazmente este tipo de contenidos.
Ante estos preocupantes antecedentes, NetLab UFRJ creó el «Observatorio de las Grandes Tecnológicas» durante la campaña electoral de 2026 para supervisar el comportamiento de Meta y otras plataformas digitales en dos ámbitos fundamentales: la recomendación algorítmica y la publicidad política. La iniciativa se propuso examinar si estas empresas cumplían la legislación brasileña vigente, establecida por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, los resultados de los análisis mostraron un panorama previsible.
Constatamos que, entre julio y septiembre, Meta recibió aproximadamente dos millones de reales brasileños (400.000 dólares estadounidenses) por difundir 1.613 anuncios contratados desde fuera de Brasil cuyo objetivo era favorecer o perjudicar a candidatos. Todos se pagaron en monedas extranjeras y fueron promocionados por páginas que declaraban estar ubicadas en otros países. La cantidad invertida en esta publicidad equivale a la destinada a campañas destacadas, incluidas las de la presidencia y otros cargos ejecutivos.
La legislación electoral brasileña prohíbe expresamente que los candidatos reciban dinero o donaciones en especie procedentes del extranjero. Sin embargo, esta prohibición no impidió que los anuncios se mostraran a usuarios brasileños de las plataformas de Meta. Según la información disponible, no solo se permitió su circulación, sino que podrían haber alcanzado hasta 171 millones de visualizaciones en el país.
Pero las irregularidades publicitarias no terminan ahí. Las normas electorales brasileñas prohíben la publicidad electoral desde 48 horas antes de la votación hasta 24 horas después. Sin embargo, nuestros análisis de las dos vueltas de las elecciones de 2026 identificaron cientos de anuncios a favor o en contra de candidatos concretos que circularon por las plataformas de Meta sin restricciones aparentes. La empresa llegó incluso a permitir que perfiles falsos que se hacían pasar por canales oficiales del Tribunal Superior Electoral promocionaran desinformación sobre un supuesto «voto digital», según la cual los ciudadanos podrían votar desde casa el día de la primera vuelta, una posibilidad que no existe en el sistema electoral brasileño.
Además de estas irregularidades, Meta deshabilitó temporalmente y sin explicación la página de campaña política de Lula, lo que le impidió publicar anuncios electorales. El 23 de septiembre, su Partido de los Trabajadores (PT) denunció que se les había bloqueado la posibilidad de anunciarse en las plataformas de Meta. En un comunicado publicado el 16 de octubre, la empresa rechazó las acusaciones de injerencia electoral y atribuyó la desactivación temporal a una «revisión antifraude incorrecta» realizada en el marco de un acuerdo con el Gobierno federal para combatir los fraudes relacionados con programas públicos.
Sin embargo, la eficacia de las medidas antifraude de la empresa es cuestionable: un análisis realizado por NetLab UFRJ identificó cientos de anuncios fraudulentos relacionados con políticas públicas federales que circularon antes y después del 23 de septiembre, lo que indica que esas mismas medidas no lograron impedir la difusión de este tipo de contenidos durante ese periodo.
Por último, encontramos indicios de prácticas discriminatorias en la fijación de los precios de los anuncios. A partir de los datos publicados por Meta, estimamos que, durante la primera vuelta, la campaña de Lula pudo haber pagado entre un 33 % y un 43 % más que la campaña de su adversario de extrema derecha, Flávio Bolsonaro, para llegar al mismo número de usuarios en las plataformas de Meta. A pesar de esta diferencia considerable, las limitaciones de las políticas de transparencia de la empresa impiden identificar con precisión qué parámetros y criterios se utilizan para fijar los precios de los anuncios y, por consiguiente, extraer conclusiones definitivas sobre los mecanismos que explican esta disparidad. Aun así, estudios realizados en otros contextos, como Estados Unidos, India y Países Bajos, también apuntan a la existencia de indicios de prácticas discriminatorias en los precios de la publicidad de la plataforma.
Otras denuncias formuladas durante las elecciones se suman a este panorama general de negligencia y muestran que, pese a su valoración multimillonaria y a su posición estratégica a la vanguardia de la innovación tecnológica, las grandes plataformas digitales invierten poco en proteger a sus usuarios. Por ejemplo, las elecciones brasileñas de 2026 estuvieron marcadas por varias polémicas relacionadas con el servicio de generación de imágenes de WhatsApp, basado en la inteligencia artificial Meta AI. Los usuarios denunciaron que podían generar contenidos favorables a la campaña de Flávio Bolsonaro sin dificultad, mientras que no obtenían los mismos resultados con Lula. Entretanto, el canal documental Revelando vio cómo se eliminaban de sus perfiles de Instagram vídeos críticos con Flávio Bolsonaro poco después de publicarlos, sin que la empresa ofreciera una justificación clara.
Estos episodios ponen en duda la coherencia de los sistemas de moderación y control de contenidos de Meta, y dejan al descubierto fallos que requieren una mayor inversión y mejoras. La situación se agrava por la ausencia de criterios transparentes o garantías de igualdad de trato en la gestión de los anuncios, la recomendación de contenidos, la fijación de precios publicitarios y la moderación de perfiles y publicaciones.
Las grandes empresas tecnológicas han desarrollado modelos de negocio depredadores y actualmente están uniendo fuerzas con sectores políticos partidarios de la desregulación en Brasil. Esto forma parte de una estrategia para proteger sus negocios y ampliar su margen de maniobra.
Con independencia de que se esté favoreciendo deliberadamente o no a uno de los bandos de la contienda electoral, es indiscutible que las grandes plataformas digitales ejercen continuamente el poder de determinar qué obtiene visibilidad y qué permanece en los márgenes, sin transparencia sobre sus criterios ni mecanismos de rendición de cuentas. Lo que está claro es que, para estas plataformas, la defensa de sus intereses económicos y la maximización de sus beneficios prevalecen sobre los derechos de los usuarios, el interés público y la propia democracia.
R. Marie Santini, profesora de la Escuela de Comunicación y directora de NetLab (Laboratorio de Investigación sobre Internet y Redes Sociales), Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ); Bruno Mattos, coordinador de proyectos de NetLab, Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), y Debora Salles, coordinadora general de investigación de NetLab, Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)
Este artículo se publica de nuevo desde The Conversation bajo una licencia Creative Commons.
