Todo demócrata debe saludar la desclasificación de documentos secretos, como los relativos al golpe de estado del 23 de febrero de 1981 decidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una medida profundamente democrática. La ciudadanía tiene derecho a conocer su pasado, máxime cuando ese pasado está teñido por la bruma del ocultamiento estatal premeditado. Durante demasiados años, siglos diríamos, los españoles y españolas estuvimos sometidos a la condición de menores de edad, sin acceso alguno a los grandes trasuntos de nuestra propia existencia, ya que la política estatal los configura, querámoslo o no. Durante demasiado tiempo, España fue una piel de toro toreado por oligarcas, espadones o aristócratas de pelo variado, monarcas incompetentes o sacristanes devenidos en prebostes con ínfulas áulicas. Por ello, desvelar documentalmente cuanto sucedió resulta ser una decisión no solo acertada, sino necesaria por su democraticidad y por cuanto implica mostrar respeto hacia la ciudadanía y su derecho democrático a ser informada.

“Se acabó la diversión, y en eso llegó el comandante y mandó a parar”. Bajo esta letra de la guaracha de Carlos Puebla parecen inspirados tanto Feijóo , de PP, como Abascal, o quizá Ignacio Garriga, con camiseta y dorsal del equipo de Vox, para detener el juego en pos de una racionalización de las reglas y su composición/descomposición, todo ello en beneficio de un alimento común que suponga la investidura de los gobiernos emanados de las citas electorales celebradas en Extremadura y Aragón. Los ensayos con líneas de probeta electoral convocados por el PP en las dos comunidades hasta el momento no solo no han reparado nada en la cotización de la marca azul, sino que han mermado la distancia entre PP y Vox. Los mohínes y contrariedades de la dirigencia en las dos comunidades por no contar con el acuerdo de Vox para sus presupuestos y aprobación llevaron a la firma del decreto de convocatoria con la idea de esclarecer el panorama.

El pasado 2 de febrero tuvo lugar la presentación en le Ministerio de Trabajo y Economía Social, del informe de la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

Llevo más de un cuarto de siglo, estrechamente ligado a la realidad de la inmigración, debido a mi compromiso como profesor voluntario de Cruz Roja, en una comarca rural de la provincia de Barcelona. Desde hace diez años doy clases, tres mañanas por semana, de castellano, a peticionarios de la condición de refugiados, después de dieciséis años de enseñar catalán a inmigrantes, en general.

Hay una expresión china —zuò shān guān hǔ dòu— que significa “sentarse en la montaña a ver cómo pelean los tigres”. En el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, la escena parecía calcada del proverbio. Dentro del centro de congresos, las grandes potencias se medían con cautela y zarpazos retóricos. Donald Trump, con sus gestos grandilocuentes sobre Groenlandia, fue el más estridente. Mark Carney, primer ministro canadiense, se llevó los aplausos al advertir que las potencias medias deben plantar cara a los abusones.

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
• Establecer una sociedad democrática avanzada, y
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución”

La larga campaña del gobierno autonómico de Madrid contra las universidades públicas tiene una triple motivación. La primera es puramente económica, porque buscan aumentar el beneficio de las universidades privadas. La segunda es ideológica, porque se trata de retornar al modelo de universidad solo para ricos. Y la tercera es política, porque creen combatir así el inevitable activismo progre en las aulas públicas.

Mientras nosotros comprobamos cómo nuestros derechos de todo tipo reculan o desaparecen, mi institucionalizado, al que elegí a falta de otra cosa, sigue en su luna de papel timbrado. No lo puede disimular: se siente en el mejor de los mundos. Raro es el momento en que no sonría (al menos mientras le enfocan las cámaras). El otro día decía con satisfacción, en defensa de su cocarnetario superior, que la sanidad, comparada con la del pasado, había dado, para bien, un giro de 180 grados. Loable conquista, porque en el pasado se decía que la sanidad era la “joya de la corona”, que incluso los ingleses ¡oh! venían aquí a operarse la cadera. Pero, ¿un giro de 180 o de 360 grados? La germanoverde Annalena Charlotte Alma, hoy presidenta de la ONU, nos sumió en la confusión cuando en su día aseguró que la cosa europea, para mejorar, debía dar un giro de 360 grados. La frase demostraba que los españoles no somos tan singulares: He ahí al "susurrador de papi Trump". Por no hablar del canciller Merz, que no comprende le temamos a la guerra. La incomprensión es recíproca). Así que, volviendo a la sanidad, habremos de calibrar si no hemos de agradecer una demora de veinte días para que el médico de cabecera nos llame por teléfono. Podría no llamarnos. Lo extraño es que los ambulatorios estén vacíos, mientras las colas se han trasladado a la privada. Otro misterio: ¿cómo pueden ser más baratos tres intervinientes (administración que paga y empresa y trabajador que cobran) que (administración y trabajador público)?

La anhelada unidad de la izquierda va a requerir de tres tipos de personas para su logro. A saber, pensadores, gestores y pedagogos. A los pensadores corresponderá la tarea de idear y deslindar dos clases de unidades. La primera unidad, relativa a los partidos a la izquierda de los socialistas. Y la segunda, la que trenzará la alianza con los socialistas, con miras al gobierno conjunto. Máximo respeto, pues, entrambas izquierdas.

Datos recientes sobre desigualdad en España señalan que se ha reducido desde la pandemia de forma destacable. Se aprecia una mejora de las rentas más bajas: del 10% más pobre. Sus ingresos, que cayeron mucho desde la Gran Recesión, han crecido más que el resto en estos últimos años. La publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en su apartado de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), confirma una reducción de tres puntos (del 28,8% en 2016 al 25,7% en 2025; ver: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2025.htm). Un informe de Airef sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV; https://www.airef.es/wp-content/uploads/2026/02/SpendingReview-2022-2026-fase-2/SR2226F2_NDP_IMV.pdf) subraya que la prestación –a pesar de sus deficiencias, que Airef detalla– ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza. El impacto sobre la tasa de pobreza es de 9,5% y un 17% en el caso de la pobreza infantil: avances que, sin embargo, no permiten instalarse en la autocomplacencia. Otra variable es relevante: según la Comisión Europea, España destina el 25% del PIB (dato de 2024) a gasto en prestaciones de protección social (desempleo, familia, discapacidad, salud, exclusión social), frente al 27% de la media comunitaria. Es decir, igual que acontece con la política tributaria, España tiene márgenes para actuar y elevar ese porcentaje para atajar los problemas derivados de la vulnerabilidad social, a pesar del gran avance de las magnitudes macroeconómicas. La media de la presión fiscal sobre PIB en la Unión Europea –según la Comisión Europea– es del 40,4%; España está en el 37%, lejos de Francia (45%) o Bélgica (45%). Recaudación impositiva y gasto público tienen vasos comunicantes.

El intelectual contrarrevolucionario germano-austriaco Friedich Gentz (1764-1832) escribió que el sistema de la Santa Alianza se había construido como una federación de las principales potencias del continente y donde las potencias de segunda, tercera y cuarta clase “se someten en silencio, y sin ninguna estipulación previa, a las decisiones tomadas unitariamente por los poderes preponderantes” (apund Hans J, Morgenthau: La lucha por el poder y por la paz, Buenos Asures, 1963, pág. 609). ¡Si lo sabría aquel asesor de Metternich que seguramente estudiaría con el Canciller austríaco la manera de invadir la España constitucional en 1823 por decisión de la Santa Alianza! Un siglo después, Europa conocería los intentos de Alemania y de Italia de someter Estados singulares (España, Austria, Checoslovaquia, Albania, Polonia….) cuyo carácter voraz desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, el nuevo equilibrio de poder entre dos bloques se hundió en 1989. Tras la caída del bloque soviético se implantó un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo, que Trump y sus aliados en Europa han venido a quebrar.

La Gran Misa anual de la Seguridad Occidental en Munich se ha oficiado con una resignación apenas barnizada de una esperanza forzada en la supervivencia del Orden Liberal Internacional. Después del puñetazo del año pasado, propinado por el Vicepresidente norteamericano, D. J. Vance, ahora le tocó el turno al Jefe de la diplomacia, Marco Rubio, que aplicó una palmadita paternalista en guante de seda.