La jornada de huelga está dejando imágenes de tensión, enfrentamientos y denuncias de actuaciones policiales que merecen toda la atención. Fotografías y vídeos que muestran escenas preocupantes y que vuelven a situar en el centro del debate una cuestión fundamental: las garantías para el ejercicio efectivo del derecho de huelga.
Las denuncias de cargas policiales, agresiones y actuaciones desproporcionadas no pueden quedar relegadas al ruido de la actualidad ni desaparecer con el paso de los días. Deben ser conocidas, contrastadas e investigadas. Cada persona afectada tiene derecho a que su testimonio sea escuchado y cada actuación policial cuestionada debe recibir las explicaciones correspondientes.
La gravedad de lo sucedido ha quedado reflejada también en las declaraciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha denunciado la desproporción de la intervención policial en Mercamadrid, especialmente por la utilización de gas pimienta contra los piquetes. Sordo ha anunciado que el sindicato estudia emprender acciones legales por estas actuaciones. Sus declaraciones ponen de manifiesto que lo ocurrido no puede despacharse como un episodio más de tensión durante una jornada de movilización laboral. Es necesario esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.
El derecho de huelga es una conquista histórica de la clase trabajadora. No es una concesión de las autoridades ni una molestia que deba tolerarse mientras no altere demasiado la normalidad. Es un derecho democrático fundamental que permite a los trabajadores defender colectivamente sus intereses y hacer visible su fuerza frente a quienes pretenden ignorarlos.
Por eso resulta especialmente preocupante cualquier actuación que pueda intimidar a quienes ejercen ese derecho, participan en piquetes o se manifiestan pacíficamente. La actuación de las fuerzas de seguridad debe estar sometida a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando existen denuncias de vulneraciones de derechos, las instituciones tienen la obligación de esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan.
No se trata de prejuzgar cada incidente ni de dar por demostradas todas las denuncias. Se trata precisamente de exigir que se investiguen con rigor, que se conozca lo ocurrido y que no haya zonas de impunidad. La transparencia y la rendición de cuentas son exigencias democráticas, no ataques a las instituciones.
La solidaridad con quienes hayan podido sufrir agresiones o actuaciones injustificadas durante esta jornada debe acompañarse de una defensa firme de quienes, desde sus puestos de trabajo y en las calles, han participado en la huelga para defender sus derechos.
Las imágenes de esta jornada deben servir para algo más que alimentar la polémica de un día. Deben abrir una reflexión sobre las condiciones reales en las que se ejerce el derecho de huelga y sobre las garantías que deben protegerlo.
Porque el derecho de huelga no se defiende únicamente reconociéndolo sobre el papel. Se defiende garantizando que quienes lo ejercen puedan hacerlo sin miedo, sin intimidaciones y sin violencia.
Esa es una exigencia democrática que no puede quedar en segundo plano.
