El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defiende una subida salarial de entre el 4 y el 7% en los convenios y de al menos el 7% en el SMI, y reclama la construcción de 1,5 millones de viviendas protegidas en una década.

La huelga general del 11 de noviembre debe servir para situar en el centro del debate dos de los principales problemas que afectan a la población: el acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha participado en una asamblea del sindicato en Euskadi, donde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la huelga general, “una jornada que combinará el paro laboral de 24 horas con una movilización social amplia y transversal en todo el país”.

Unai Sordo considera que esta convocatoria tendrá un seguimiento significativo, tanto en los centros de trabajo como en las calles porque la coincidencia de todos los sindicatos en la misma fecha, lo que contribuirá a dar mayor dimensión a las movilizaciones. En este contexto, CCOO está desarrollando jornadas por todo el país para trasladar a sus cuadros y a la afiliación los argumentos de la convocatoria y preparar su participación.

Por otro lado, el secretario general de CCOO ha insistido en que la huelga tiene motivos laborales claros, además de las reivindicaciones en materia de vivienda. Tras el acto de conciliación celebrado en el SIMA con las organizaciones empresariales, sin acuerdo que permitiera desconvocar el paro, Sordo ha reiterado la necesidad de recuperar un acuerdo para los convenios colectivos que contemple incrementos salariales de entre el 4 y el 7% durante los próximos años, así como una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 7%. “No hay reivindicación más laboral que esa”, ha subrayado.

En materia de vivienda, ha manifestado que nuestro país debe de contar con al menos 1,5 millones de viviendas públicas o de precio protegido en la próxima década. Para Sordo, no basta con regular los alquileres, actuar sobre los desahucios o prorrogar los contratos, aunque el sindicato comparte estas medidas. En este sentido, ha reiterado que las medidas que deben acometerse para empezar a tener una verdadera política de vivienda y dejar de tener una política inmobiliaria pasan por “dotar a nuestro país de una gran infraestructura pública de viviendas públicas o al menos de precio protegido y de precio asequible”.

El secretario general de CCOO ha recordado que entre 1980 y 2023 se construyeron 2,7 millones de viviendas a precios protegidos, pero muchas acabaron incorporándose al mercado libre al perder esa protección y ha denunciado que esta evolución ha impedido que el país disponga de un parque público suficiente para intervenir en los precios y garantizar el acceso a una vivienda asequible. Por ello, ha reclamado la implicación de todas las administraciones y la recuperación de los reales decretos leyes sobre vivienda que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados.

Para Unai Sordo, el problema no afecta únicamente a la juventud y, aunque ha calificado de “disparate” que la edad media de emancipación se sitúe en los 30 años, ha destacado que este factor condiciona la vida de muchas familias y unidades de convivencia que no pueden independizarse o separar sus hogares porque no pueden afrontar el coste de una vivienda. “No es solo no poder acceder a una vivienda; es que, pudiendo acceder a un alquiler o a una hipoteca, tengas que dedicar el 50 o el 60% de los recursos que ganas en tu salario a pagarlos”, ha explicado.

El secretario general de CCOO considera que existe un problema de alcance general, aunque la situación es más grave en las grandes ciudades, las zonas turísticas tensionadas y las islas que en otras partes del país. Allí donde los precios de la vivienda son más bajos, ha señalado, los salarios también suelen ser menores, lo que mantiene la dificultad de acceso.

Por último, ha incidido en que la huelga del próximo 11 de noviembre será de 24 horas para que puedan secundarlo trabajadores y trabajadoras de todos los sectores y territorios. El objetivo, ha concluido Sordo, es que la jornada impulse una movilización ciudadana amplia y contribuya a hacer irreversible una política de vivienda que garantice el acceso a precios asequibles, junto con mejoras salariales para la población trabajadora.