El curso ha terminado, los empleados han recibido su diploma y la empresa ha descontado la bonificación de sus cotizaciones. Sin embargo, una comprobación posterior puede obligarla a devolver el dinero. Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, las empresas afrontan los últimos meses del ejercicio con la necesidad de comprobar que las bonificaciones aplicadas a la formación de sus trabajadores cumplen todos los requisitos exigidos.

El Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a 2025 recogía 32.889 infracciones en materia de bonificaciones de formación profesional para el empleo y 29,35 millones de euros en expedientes liquidatorios.

“Estas cifras, que corresponden al ejercicio anterior, reflejan la importancia de los controles sobre la formación bonificada y sirven de advertencia para las empresas que todavía están gestionando sus bonificaciones de 2026” señala Beatriz Rodríguez, directora comercial de Evoluciona Formación.

A estos antecedentes se suma la campaña de regularización anunciada el pasado 28 de julio, cuando la Inspección comunicó el envío de 13.660 comunicaciones a empresas y entidades que se habrían beneficiado de bonificaciones indebidas, correspondientes a 29.624 acciones formativas. Esta iniciativa ofrecía la posibilidad de regularizar voluntariamente las cantidades para evitar el inicio de actuaciones inspectoras.

Ante este escenario, Evoluciona Formación advierte de la importancia de aprovechar los últimos meses del año para revisar las bonificaciones aplicadas y comprobar que los expedientes formativos cuentan con toda la documentación necesaria.

“Una empresa puede descubrir años después que debe devolver una bonificación que daba por cerrada. Por eso, ahora que nos acercamos al cierre del ejercicio, es importante comprobar que las acciones formativas realizadas durante el año están correctamente justificadas. La documentación debe formar parte de la gestión del curso desde el primer día”, asegura Rodríguez.

De hecho, advierten de que aplicar la bonificación no cierra las obligaciones de la empresa. FUNDAE exige conservar durante cuatro años la documentación acreditativa de las acciones bonificadas. Si llega un requerimiento, la organización debe poder localizar y aportar las evidencias correspondientes.

“Cada empresa debe preguntarse si podría acreditar quién participó, cómo se impartió y qué costes se bonificaron si mañana le solicitaran el expediente de un curso antiguo. Tener esa documentación preparada evita afrontar el requerimiento a contrarreloj”, añade Beatriz.

DISPONER DE CRÉDITO PARA FORMACIÓN NO SIGNIFICA QUE CUALQUIER CURSO PUEDA BONIFICARSE ÍNTEGRAMENTE

FUNDAE establece que la bonificación no puede superar el crédito disponible de la empresa, el coste de la formación ni el máximo permitido para ese curso. De estas tres cantidades, se aplica la más baja. Los errores en las comunicaciones, las bonificaciones aplicadas fuera de plazo o los gastos sin justificar pueden dar lugar a un resultado no conforme, lo que significa que se han detectado diferencias o incumplimientos que afectan al importe bonificado. En ese caso, la empresa dispone de diez días hábiles para aportar documentación que justifique la bonificación aplicada.

“El crédito disponible no es una garantía de devolución del coste. Antes de aplicar la bonificación, hay que comprobar qué importe puede justificarse y si se cumplen todos los requisitos”, explica Beatriz Rodríguez.

Con apenas unos meses para finalizar 2026, Evoluciona Formación recomienda a las empresas revisar los importes bonificados durante el ejercicio y verificar que cada acción formativa cuenta con los controles de asistencia, evaluaciones, certificados y facturas correspondientes. Esta revisión también permite identificar posibles errores administrativos y comprobar que las bonificaciones pendientes se gestionan dentro de los plazos establecidos.

“La formación es una inversión en las personas y en la competitividad. Protegerla exige una gestión rigurosa y documentación accesible. El cierre del año es un buen momento para revisar los expedientes y anticiparse a posibles incidencias, en lugar de esperar a recibir una reclamación”, concluye Beatriz.