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Sobre el parlamentarismo y la legitimidad de sus gobiernos


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

Frente a las declaraciones de Alberto Nuñez Feijóo desde el balcón de la sede del PP en Génova, atribuyéndose el derecho de gobernar, es menester formular algunas precisiones.

Hay una falacia extendida entre ciertos líderes políticos, apoyados por una prensa cómplice, en relación a difundir la creencia de que en el sistema parlamentario debe gobernar la fuerza más votada. Error o, tal vez, mentira.

En el caso de proferir una mentira, hasta podría denunciarse la demostración de una peligrosa subversión de los valores, de quienes aspiran a asumir responsabilidades de gobierno. Inclusive, sería aceptable el considerar, de modo inmediato y espontáneo, las disculpas del caso hacia la ciudadanía por incurrir en semejante dislate. Y dimitir acto seguido.

En el caso del error. Que todos podemos tener una mala base democrática. En este caso sería recomendable la renuncia a las aspiraciones del candidato que declarase esa equivocación. No obstante, en España se tienen innumerables casos de errores, por ignorancia, que han persistido a costa de grandes costes humanos, sociales y económicos.

El régimen fue domicilio de casos diversos tanto de mentiras sostenidas hacia la población cuanto de errores fruto de un brutal autoritarismo.

Remitiéndonos a la cuestión que nos ocupa, sería alentador difundir por todos los canales a disposición, la definición de las características diferenciadoras entre un sistema parlamentario de otro presidencialista. En este último basta con obtener el porcentaje suficiente de votos en una primera o segunda vuelta.

Esta aclaración es necesaria para cortar de raíz la idea de que, en un sistema parlamentario, forma gobierno quién suma más votos. Esto podría ser necesario, aunque no suficiente.

Peor aún resulta cuando se deja caer, que la legitimidad de quién sacó menos votos, no está garantizada para llegar al gobierno de España. Esa es una expresión temeraria porque representa una distorsión de nuestro sistema.

La Constitución Española, suprema norma que define el marco jurídico que regula las reglas del funcionamiento del Estado, expresa claramente que España es un Estado cuya forma política es la monarquía parlamentaria y un sistema de gobierno basado en la representación en el parlamento.

Por tanto, el sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario por el papel central que tiene el poder legislativo o Parlamento. Ello a pesar de las intromisiones que se vienen produciendo por parte de instituciones que nada tienen que ver con el seno de la representación del mandato político ciudadano. Esto debe quedar definitivamente claro.

En España no se “ganan” elecciones, se “forman” gobiernos. Quién realmente elige al jefe del gobierno es el Parlamento. Si no se cuenta con mayoría absoluta de diputados. Entonces debe negociarse la formación del gobierno según se acuerde con los representantes de otras fuerzas políticas hasta lograr el número suficiente.

El resto es la degradación del sistema constitucional que nos hemos dado.

 

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.


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