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La defensa de la legitimación social


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La base de la legitimación surge del contenido del contrato social que se formaliza entre los elegidos por su programa de gobierno, al menos sería deseable, y el respaldo en forma de voto que materializan sus electores.

Por tanto, conceptualmente, el compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. Es decir. un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. En nuestro sistema político es un contrato social.

De aquí, si se diera el caso de un quebrantamiento del contenido de ese contrato, entonces lo que pierde consistencia es la legitimidad del propio compromiso. En democracia es el gobierno con los ciudadanos en relación al cumplimiento de su programa de gestión propuesto.

Es decir que, cuando se advierte que no se está gestionando la "cosa pública" de acuerdo a lo comprometido, se incurre en un fraude. Entonces, la reacción del poder suele abrir las compuertas de la oscuridad y la violencia para dejar paso a la represión de los legítimos reclamos ante el incumplimiento. Esta es la situación habitual de los gobiernos que claudican ante las minorías, en detrimento de las mayorías sociales. Suele olvidarse que el derecho a la protesta es pura democracia. Su represión la demostración del fraude democrático, además de la debilidad de los defraudadores.

Llegados este punto precisemos la idea de violencia. Por tal digamos que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo, con el fin de lograr un propósito concreto.

Si ese propósito se deriva de un poder deslegitimado, entonces el gobierno es autoritario, al menos. Este contexto suele requerir del servicio adicional de los corruptos, en forma de medios de prensa, funcionarios propensos a saltarse las normas de la convivencia, cargos electos y representantes del poder judicial que han olvidado sus lealtades y compromisos consecuentes. Por ello la función eficiente de control institucional de la Justicia es imprescindible para garantizar la legitimidad de un gobierno.

La creación de conflictos ficticios suele enmascarar los propósitos reales de sus promotores. Tomemos por caso la campaña de Núñez Feijóo en la cuestión “amnistía”, en realidad, sólo se trataba de derribar un gobierno apelando a la complicidad de todos los agentes necesarios para lograrlo. Buscaba la deslegitimación del gobierno Sánchez y se encontró con su propia deslegitimación. Las concentraciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz pasaron a formar parte de la parodia montada.

El abuso de poder es una conocida transgresión al compromiso democrático. La razón de la fuerza o la fuerza de la razón, esa es la cuestión en materia de legitimación social. Todo lo demás es historia.

 

Economista y analista político, experto en comunicación institucional.