Por las buenas o por las malas

Hay quienes hablan de una polarización agravada, de una falta endémica de entendimiento, de un abuso general de las descalificaciones, de una incapacidad tradicional para el acuerdo por el interés general…

El verano y la reentrada posveraniega han intensificado la anormalidad, hasta sobrepasar algunos límites cercanos a la voladura institucional y a la violencia verbal difícilmente reversibles.

Mientras se incendiaban nuestros montes, se tachaba de pirómana a la responsable de apagarlos. Algunos conciertos se utilizaban para promover el insulto a la madre del Presidente del Gobierno. Se ha llegado a reclamar formalmente que el ministro de Justicia no asista al inicio del curso judicial por desavenencias con las leyes que propone…

Pero el problema, grave, antiguo, de la política española, no es el abuso generalizado de las estrategias de tensión, ni la polarización simétrica, ni las descalificaciones mutuas equiparables, ni el bloqueo recíproco de los unos y de los otros.

La tensión no es espontánea, sino premeditada. La polarización es asimétrica. Los insultos llegan casi siempre del mismo lado. Los que bloquean habitualmente son unos y no otros.

Porque el problema no consiste en una especie de tara genética de los políticos españoles. El problema consiste en la voluntad de la derecha política y mediática de no aceptar el ejercicio del gobierno democrático por parte de la izquierda, aunque obtenga los apoyos que establecen las reglas constitucionales.

Simplemente, no están dispuestos a reconocer la legitimidad de la izquierda para gobernar España, tenga los votos que tenga. Este es el problema de fondo. Y no es de ahora.

Ni tan siquiera reconocen la legitimidad de una parte de los votos que emiten los españoles en las elecciones libres. Según la derecha patria, los votos a los independentistas catalanes y vascos, millones de votos, que dan lugar a varios grupos parlamentarios en las Cortes Generales, no son votos legítimos para investir y sostener a un gobierno, si el gobierno es progresista.

La discrepancia con las ideas y postulados de un partido u otro, de un gobierno u otro, son lógicas, hasta saludables en democracia. La deslegitimación de las ideas y postulados de los demás, no es saludable, ni lógico, ni democrático. Todo lo contrario.

Cuando se tacha al adversario político de ilegítimo, todo vale para sacarle del gobierno. Por las buenas o por las malas.

La duración constitucional legítima de un gobierno de derechas en España es de cuatro años. Si el gobierno es progresista, su duración caduca el mismo día en que comienza su andadura. A partir de ese momento, el gobierno es okupa, su presidente un delincuente, la legislatura fallida, y las elecciones inaplazables.

¿Quién se beneficia de este ambiente? La antipolítica, claro. La antipolítica proclama que la democracia es intrínsecamente inviable, por divisiva, controvertida, ineficiente, corrupta. Lo estamos viendo en las encuestas. La historia enseña que con la antipolítica llega la violencia, el fin de la democracia, el retroceso dramático en derechos y libertades.

Pero la salida a esta situación no consiste en dar la razón a quienes niegan la democracia o a quienes niegan la política, disolviendo unas Cortes legítimas y dando por acabado un gobierno igualmente legítimo. La salida en plantar cara a las estrategias de desestabilización, en denunciar a sus responsables, en descubrir sus intenciones, y en defender con contundencia las instituciones de las que dependen nuestros derechos.

El mandato de este gobierno legítimo dura hasta 2027, y si los españoles lo quieren por mayoría, durará legítimamente hasta 2031, o 2035, o…