El reino de la colusión

En la actualidad, por poner un ejemplo en el mercado, el grupo de las grandes corporaciones actúan de manera colusiva. Un chantaje en toda regla que se respalda en un marco normativo “a medida”. Así, podríamos observar las sutiles prácticas de la fijación de precios en sectores como los energéticos, constructoras, financieros o de la sanidad y dependencia privados. Las prácticas colusivas no se afrontan con la debida energía desde los gobiernos que hemos tenido desde la Transición. Tampoco los demás miembros de la UE son un ejemplo de transparencia y ética. Ello, en buena medida, por la acción de lobbies y prácticas relacionadas con las conocidas como «puertas giratorias». Estamos en presencia de prácticas que se definen como de mercados imperfectos o, para ser más precisos, como de probablemente fraudulentos. El caso Montoro es el más paradigmático.

En cualquier caso, resulta que dichas prácticas sólo son posibles por la ausencia o negligencia de los mecanismos de control que los Estados tienen, o deberían tener, previstos. Esto, debido a la necesaria cooperación institucional, por parte de las organizaciones implicadas. Circunstancia que es una fuente interminable de corruptelas. Además de esa complicidad, vaciando de contenido la posible legislación restrictiva, o no aprovisionando de medios para ejercer su labor fiscalizadora, nos encontramos con la deficiente labor parlamentaria para crear marcos legales que la imposibiliten. Porque las prácticas colusivas no sólo son económicas. Son, por encima de todo, políticas. Quedan definidas por el modelo que sea el imperante en la gestión de los recursos públicos. Para consumar y mantener el modelo que se implantó desde la Transición, que se deriva de las prácticas del franquismo, fue necesario contar con una estructura de personajes de los más variados ámbitos. Parejas y consortes que fuesen operadores de las acciones. Legisladores que elaborasen las normas para “legalizar” las operaciones, aunque fuesen en perjuicio del conjunto social. Además, claro, magistrados y magistradas que actuasen a favor de su mantenimiento.

El poder judicial debería contar con órganos de control independientes. Evitar así las mayorías afines a cualquiera de los partidos políticos que tuviesen presencia el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Ello, por una cuestión de pulcritud democrática. Para muchos sectores, tal vez, les parece que acaso teman a que la sensibilidad social y la representación política cambie en el Congreso de los Diputados y el Senado y se le pidan cuentas por las decisiones adoptadas. Olvidan que la Ley está por encima de los jueces. Que los privilegios no deben contradecir el interés común. Deberían recordarse los riesgos de la colusión política para la democracia.

La propia legitimidad de este Estado está en juego.