La autoridad democrática y el poder ilegítimo

Sólo por aclarar. Por Autoridad debemos entender al derecho legítimo de ejercer una función, que implica una serie de actividades. Esto conlleva el poder necesario para ejercerla. Todas, en el marco de la estructura de un funcionamiento regulado por las instituciones que configuran una Comunidad organizada. Esto implica las actuaciones desde la posición de un individuo dentro de la Sociedad, llegando hasta las organizaciones que resuelvan las necesidades generales. El cometido es gestionar los recursos de todo tipo para resolver las aspiraciones y requerimientos que sean identitarias de ese conglomerado humano en particular. Es decir, que todo eso obliga a la existencia de reglas cuyo cumplimiento garantice el orden social.

En nuestro país, es importante diferenciar entre distintos tipos de autoridades públicas. Según el Código Penal Español y otras normativas, existen autoridades gubernativas y administrativas. Una, la Autoridad gubernativa, representada por cargos que forman parte del poder ejecutivo, como ministros, gobernadores civiles o delegados de gobierno. Estas figuras son responsables de la gestión del Estado y de garantizar que las leyes se apliquen adecuadamente. La otra, por la Autoridad administrativa, que son aquellos que, sin ostentar cargos políticos de alto nivel, tienen responsabilidades dentro de la administración pública, como alcaldes, presidentes de diputaciones, entre otros. A nivel local, su tratamiento en los actos también debe seguir un protocolo específico. Todo lo anterior se basa en normas, en reglas. En lo que podríamos llamar la legalidad democrática. Ello para diferenciarlo de la legalidad antidemocrática, autoritaria.

Ampliando el concepto, la autoridad de un cargo empresarial también es legítima, y el poder necesario con ella, para que su ejercicio sea ejercido dentro de las normas del buen funcionamiento de las organizaciones. Por tanto, resulta inadmisible aceptar el ejercicio del poder sin autoridad y, menos aún, sería imposible ejercer la autoridad sin poder.

En ello se basa el ataque a la dignidad de los cargos públicos electos, o designados, dentro del marco normativo. Con los agravios, los infundios, procuran socavar las instituciones para derribar la autoridad ejerciendo un poder ilegítimo. De la misma manera que el trumpismo ejerce el poder sin la legitimidad necesaria para atacar países, pretender anexionarse territorios ajenos y demás acciones fuera de la normalidad democrática. Esas operaciones basadas en la infoxicación, el control de la opinión publicada o el directo ejercicio de la violencia, son la expresión plena del poder antidemocrático.

La autoridad legítima debe enfrentarse a quienes, desde un poder ajeno a la legitimidad democrática, pretenden apoderarse por la mera razón de la fuerza, de aquello que no les pertenece. En definitiva, o se utilizan todos los mecanismos del poder democrático, es decir, de la fuerza de la razón, para combatirlos, o estará cercano nuestro fin como sociedad.