El gran engaño y el miedo

El diseño de arquitecturas legales para solventar la legítima capacidad discrepante no deja de ser una manifestación de debilidad en los estados totalitarios. Su razón de ser, su estabilidad, se asienta sobre el gran engaño de creer en la búsqueda de responsabilidades equitativas de los agentes transgresores de la norma. Hay hijos y entenados. Así, cuando se establece como práctica la transgresión de las normas de convivencia, y su penalización es asimétrica, puede producirse como efecto perverso la intención de obtener una aceptación popular para que dicha transgresión sea la regla en lugar de la excepción. Lo que ha resultado en el eufemismo “naturalización”.

La serie de normas que se han dado a conocer a través de mecanismos de diverso tipo y en materias diferentes. Todas ellas de una sensibilidad extrema en la textura social. Hacen concluir que estamos ante una usurpación de la voluntad mayoritaria. La búsqueda de enemigos de España. La cooptación de los símbolos nacionales por parte de facciones ideológico-partidarias, sólo es un pretexto para justificar la represión. Además de la mentira cómo munición.

Pese a ello, se sigue aludiendo a resultados electorales que desembocan en mayorías cada vez menos absoluta. La fragmentación social y el abstencionismo son la regla. Por tanto, si el ciudadano observa que, por ejemplo, el poder de aplicar la justicia se convierte en un referente de la transgresión, entonces frente a él se desnaturaliza la legitimidad de su autoridad para ejercerla. Máxime, cuando esa normativa procura intimidar la discrepancia. Si el Estado pasa de su rol de custodio de las normas que reflejan los valores humanistas, por otro que se exime de ello. Hostigando a las víctimas en lugar de a los victimarios, por ejemplo, algo se está alterando. De allí, la inquietud social provocada. La inquietud, como una de las manifestaciones más elementales en la escala del miedo.

Otro tanto podríamos hablar del tratamiento de los casos de corrupción. El fenómeno no debería liberar a los culpables de su responsabilidad delictual. Tampoco a cualquier implicación de políticos a los que se considerasen relacionados en tales hechos. Por ello, estos gobiernos necesitan producir "temor social". Intimidar la participación ciudadana pacífica. Este temor puede representar el nivel de calidad democrática de un Estado.

En las mejores décadas de ejercicio democrático en la post transición española, el miedo estaba ausente de las percepciones del ciudadano. Se nos hizo creer que la principal función del Estado era el ejercer la dinamización del progreso social. Que implicaba una mejora integral del individuo. El éxito social, se nos decía, tenía más que ver con el conocimiento que con la acumulación y control de recursos. De allí nos han llegado los oligopolios en materia energética, financiera, constructiva, comunicaciones. El gran engaño que se percibe en la situación del ciudadano medio que no solo se ha deteriorado, sino que tiende a empeorar por la pérdida de derechos. Cada vez más formado. Cada vez más vulnerable.

El resultado de ese proceso, el temor social actual, en materia de paro, salud, educación, pensiones y dependencia, pareciera negar que los ciudadanos fuesen quienes han sostenido esos sistemas con el pago de sus impuestos. Entonces, ya desalentados, en su respuesta política condicionada por el miedo ya perciben la negra sombra del gran engaño a que los someten.

Así nos va.