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Proteger a los menores de las redes sociales


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)
Pedro Sánchez / © PSOE Pedro Sánchez / © PSOE

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España, mediante un decreto ley, obligará a las plataformas de internet que han desarrollado redes sociales a impedir el acceso a todas las personas menores de dieciséis años, en la línea de lo que ya hacen Francia y también Canadá, como acabarán haciendo muchos otros países. Ya existen suficientes evidencias y estudios científicos que demuestran el perjuicio que comporta su utilización y adicción durante los años de formación y de conformación de la personalidad de niños y adolescentes. El vínculo con la pantalla y la falsa construcción de espacios de relación impiden un desarrollo saludable, así como el establecimiento de relaciones personales y sociales sólidas y naturales. Se acaba viviendo en un mundo de ficción que provoca el abandono del mundo real y dificulta la creación de vínculos y afectos saludables.

El mundo digital irrumpió sin que nadie se planteara los efectos que podría tener, cómo nos cambiaría la forma de vivir, aprender y relacionarnos. Se nos dijo que era una tecnología facilitadora, que nos conectaba más rápidamente y mejor. La realidad es que, básicamente, es un gran negocio basado en la adicción y, precisamente porque el mundo digital compite por nuestro tiempo para que aportemos datos y compremos, se han creado algoritmos que la fomentan, que nos enganchan, convirtiendo nuestro día a día en un continuo surfear de distracción. Los jóvenes son más propensos a ser sus prisioneros, con todo tipo de programas de ocio vacío, contenidos poco adecuados, desinformación y engaños de todo tipo, juegos en línea... En el mejor de los casos, distracciones, menos horas de sueño, desatención a la formación y el aprendizaje, aislamiento emocional, dispersión o deterioro cognitivo. En el peor escenario, acceso inadecuado a la sexualidad a través de la pornografía, enganche económico a juegos, desarrollo de conductas violentas, ansiedad, depresión y muchos otros problemas de salud mental, como se detecta cada vez más en el sistema educativo.

Durante unos años, no sé si la novedad o la inconsciencia hizo que los padres encontráramos extremadamente práctico dotar a nuestros hijos de todo tipo de juguetes tecnológicos y colaborar en convertirlos en esclavos del uso de pantallas. Algo tarde descubrimos que su función no era bondadosa, aunque algunos pedagogos y educadores insistieron en inundar escuelas y aulas de una tecnología absolutamente contradictoria con el hecho de aprender y relacionarse de los jóvenes estudiantes. Demasiado tarde han llegado estudios que nos demuestran el deterioro cognitivo y relacional que provocan, así como la huida de la realidad. Ya hay muchos chicos que necesitan auténticos procesos de desintoxicación para recuperar una vida que es, por definición, analógica. No hace falta mencionar los aspectos oscuros que tiene el vínculo a las redes en forma de dependencia, consumo de discursos de odio, predominio de valores antidemocráticos o promoción de formas de vida insanas. Aunque pueda parecer una contradicción, las redes sociales no ayudan a crear sociedad ni los vínculos que deben sostenerla, sino aislamiento en una realidad paralela y autista. Obviamente, las familias tienen mucho que ver en la creación de hábitos adecuados a la edad, pero requieren un entorno digital mucho más seguro y con normas. Con la accesibilidad actual a las redes, resulta imposible imponer en casa cualquier restricción.

El mundo de internet es, ante todo, un gran e inmenso negocio. Como era de esperar, los magnates de las plataformas, bien secundados por un Trump a cuyo servicio están, ponen el grito en el cielo cuando se habla de estas limitaciones, aduciendo un falso concepto de libertad. Afirman que se negarán a establecer medidas efectivas de control de la edad de quienes accedan a sus aplicaciones, pero cabe esperar que las multas y demandas judiciales de los gobiernos los obliguen al cumplimiento de las normas. Resulta curioso la falta de escrúpulos y la negación de normas inherente al mundo de internet. Precisamente son las leyes y normas reguladoras las que aseguran la posibilidad de la libertad. Esto es clave en una cultura democrática. Abusar con productos de consumo rápido, que enganchan, apelando a una falsa gratuidad y a la “libertad de acceso”, resulta muy cínico. Es responsabilidad de los gobiernos asegurar entornos saludables en los que niños y adolescentes puedan formarse y aprender para adquirir la condición de ciudadanos y desarrollar una vida digna. Eso sí es promover la libertad.

Josep Burgaya es doctor en Historia Contemporánea por la UAB y profesor titular de la Universidad de Vic (Uvic-UCC), donde es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación. En este momento imparte docencia en el grado de Periodismo. Ha participado en numerosos congresos internacionales y habitualmente realiza estancias en universidades de América Latina. Articulista de prensa, participa en tertulias de radio y televisión, conferenciante y ensayista, sus últimos libros publicados han sido El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los orígenes y el cruce del modelo social europeo en tiempos de crisis (Octaedro, 2013) y La Economía del Absurdo. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo (Deusto, 2015), galardonado este último con el Premio Joan Fuster de Ensayo. También ha publicado Adiós a la soberanía política. Los Tratados de nueva generación (TTP, TTIP, CETA, TISA...) y qué significan para nosotros (Ediciones Invisibles, 2017), y La política, malgrat tot. De consumidors a ciutadans (Eumo, 2019). Acaba de publicar, Populismo y relato independentista en Cataluña. ¿Un peronismo de clases medias? (El Viejo Topo, 2020). Colabora con Economistas Frente a la Crisis y con Federalistas de Izquierda.

Blog: jburgaya.es

Twitter: @JosepBurgayaR


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