Vivienda

En Cataluña existe un déficit anual de 25.000 viviendas, calculándose que durante los próximos quince años deberían construirse unas 375.000. Más allá de la necesidad de aumentar el parque de viviendas, este sector sufre el problema de la especulación, lo que provoca una anómala escalada de precios y constituye toda una burbuja. La conversión de una gran cantidad de pisos en apartamentos de alquiler turístico ha resultado una auténtica desgracia en las grandes ciudades, que han ido expulsando a los ciudadanos hacia la periferia, ya que no pueden permitirse ni la escasez ni los precios del centro. El otro factor especulativo, brutal, son los grandes tenedores de vivienda, adquiridas a precios de saldo durante el estallido de la burbuja de 2008 y la posterior crisis bancaria. Adquirieron grandes lotes, a veces con intermediación pública favorable, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, para después imponer las condiciones de explotación y alquiler desde una posición de dominio y casi monopolio. Son los llamados fondos buitre, cuya preocupación ha sido obtener beneficios de la miseria en el momento de la compra y operar posteriormente aprovechando la escasez. Impiden y vulneran cualquier posibilidad de desarrollar políticas públicas activas para paliar un problema tan grave. Blackstone es un ejemplo de ello. Dispone en España del mayor número de viviendas en alquiler, más de 30.000, lo que le otorga una posición dominante y estratégica.

Abordar el problema de la vivienda resulta complejo para las administraciones públicas. Deben combinar la iniciativa pública mediante vivienda social y protegida con la activación de la iniciativa privada, logrando también un equilibrio entre el acceso a la propiedad y el alquiler. Es necesario fomentar la rehabilitación e incentivar la incorporación al mercado de las viviendas vacías, pero también construir en barrios periféricos donde, además de viviendas, serán necesarios los servicios adecuados. Y todo ello requiere tiempo; no se resuelve únicamente con proyectos y buena voluntad. Además, a menudo es necesario rectificar sobre la marcha, pues no siempre las políticas que funcionan sobre el papel producen los efectos deseados en la realidad. Es evidente, sin embargo, que hay que afrontar esta cuestión con ambición. Hemos perdido demasiado tiempo. Los más afectados son los jóvenes, que no tienen forma humana de emanciparse y construir su proyecto de vida de manera autónoma. Más allá de los proyectos urbanísticos y de la financiación, en este ámbito resulta vital —y profundamente ideológica— la legislación existente o inexistente al respecto. La duración de los contratos de alquiler y el mantenimiento o revisión de sus condiciones son aspectos clave. Hasta ahora, la ley ha sido muy favorable a los propietarios, generando ansiedad entre unos inquilinos que no saben hasta qué punto el aumento arbitrario de lo que pagan hará insostenible mantener su vivienda.

Cuando el Congreso de los Diputados rechazó, hace poco, el decreto de vivienda que proponía el gobierno, ha perjudicado gravemente a muchas personas que quedan en una situación de incertidumbre y precariedad. Era una medida social incuestionable que las derechas en bloque —las de allí y las de aquí— han tumbado porque su batalla consiste en debilitar y hacer caer al gobierno y también en respaldar los intereses especulativos de medianos y grandes propietarios de vivienda. Cuando las decisiones políticas no se toman en nombre del posible bien que pueden generar, sino por el interés de debilitar al adversario o de defender los intereses de los poderosos, la política se deslegitima. Convendría que los electores se fijaran en la función benefactora, o no, que desempeñan sus representantes. Con demasiada frecuencia la política es un espectáculo grotesco y una escasa contribución al bien común. En el debate de esta semana, para votar contra el gobierno, se han escuchado argumentos absolutamente peregrinos y totalmente antisociales. Las urnas deberían tenerlo en cuenta.