La democracia es el derecho propio más el deber colectivo

Esto que parece tan claro en el título, queda diluido en el origen de este proyecto llamado España, que sigue vigente aunque cautivo de sus contradicciones. Es así, porque los intereses de grupo o facción, prevalecen sobre el deber colectivo. Entonces surgen conflictos entre instituciones, como la justicia y el legislativo, o como entre la sociedad civil laica y la Iglesia Católica, que nítidamente excede el marco de sus derechos e incumple el de sus obligaciones. Por eso es antidemocrática.

El sistema democrático auténtico es un territorio en el que la ética y la ley se concilian, no como lo que ocurre cuando los intereses personales se refugian en fueros claramente antidemocráticos, para solventar notorias incompatibilidades. Circunstancias cada vez más frecuentes de las que la impunidad es la resultante en este sistema enclenque de derechos. En el, la educación les resulta un obstáculo a los que medran a la sombra del contubernio y los negocios. Prefieren una sociedad mediocre con un neoanalfabetismo funcional creciente, del que se deriva el político. Estas manadas son más dóciles. Llevan las ofrendas a los amos con la cabeza gacha. El sistema concebido se abastece de estas personas para que acepten ser más infelices de lo que sus esfuerzos merecerían. Esa educación es la cuna de la ignorancia y del servilismo. Tal vez por ello, en un referéndum simbólico sobre la monarquía organizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid llevado a cabo el jueves 29 de noviembre, un 83% de los votantes, 7.303 participantes, es decir 6.111 votos se inclinaron por instaurar una república en España. La formación nos hará libres para exigir el deber colectivo en lugar de proteger privilegios aristocráticos. Han querido desmantelarla inclusive en la derecha conservadora en Cataluña. La movilización fue la respuesta.

Para seguir reteniendo y para perpetuarse en el poder, los sistemas de baja calidad democrática necesitan de una justicia cómplice. En su momento fue tan irregular el nombramiento de Pablo Llarena como magistrado de la Sala Segunda del Supremo, que la asociación Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la Ley, el reglamento del Tribunal y hasta la Constitución. Menos de un año después se le asignaba la instrucción del proceso contra los políticos soberanistas catalanes. Si eso no es manipular la Justicia se le parece mucho. Así, Juan Pablo González, un magistrado que formó parte del tribunal que juzgaba la caja B del Partido Popular ha sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Así lo ha decidido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras pasar Eduardo de Porres al Tribunal Supremo. González, que estaba en la Audiencia Nacional, ha sido elegido en lugar de los magistrados Diego de Egea, que es el instructor del “caso Villarejo” en la Audiencia Nacional, del ex director general de la Administración de Justicia Joaquín Delgado y de las magistradas Mercedes del Molino y Teresa Santos En la carrera de González existen varios puntos negros. El magistrado fue recusado por la propia Audiencia Nacional en el pleno de la Sala de lo Penal el pasado 27 de abril. González le debe su carrera profesional al PP, dado que en el año 2001 se le designó vocal del CGPJ gracias al voto de 223 senadores populares, varios de ellos incluso estuvieron salpicados por la trama Gürtel o cualquiera de sus ramificaciones. Todo sospechosamente poco ético, al menos.

Por nueve votos frente a ocho, el pasado mes de febrero el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó la recusación que Izquierda Unida planteó contra González por su afinidad con el Partido Popular en el caso Gürtel. Este ex vocal del CGPJ a propuesta del PP y conferenciante en FAES, iba a formar parte del tribunal que debía juzgar cuatro piezas separadas de dicha trama de corrupción, entre ellas la Caja B de Génova, por una mínima mayoría quedó apartado de la causa. Los criterios para ocupar cargos superiores puede producir alarma social de una institución ya tocada por las decisiones cuestionables, el nepotismo manifiesto y los criterios partidistas.

Porque el deber colectivo, por encima de los intereses de grupo o facción, sea requisito insustituible para que la democracia sea efectiva. Por tanto, eso supone sobreponerse a tales manipulaciones y contubernios. Por ello que indignarse sea democrático. Tanto como luchar para impedir que sigan explotando la pobreza como recurso político.

Emiliano Zapata dejó un pensamiento para nuestros tiempos: “Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos.”

La Justicia en democracia debe preservar el derecho propio de cada ciudadano frente a los abusos de los poderosos. Si no lo hace, es que se ha corrompido la propia esencia de la democracia. Recuérdalo cuando vayas a votar.