La rentabilidad de los bonos del Estado francés a diez años alcanzó el 5 % la semana pasada, su nivel más alto en más de dos décadas. El interés adicional que paga Francia respecto a Alemania —el «diferencial» que los inversores utilizan para medir el riesgo específico francés— se ha ampliado considerablemente. El Parlamento debate un presupuesto para 2027 que exige medidas fiscales por valor de 54.000 millones de euros, mientras que las protestas y los enfrentamientos violentos en todo el país dominan los titulares.

Ante el aumento de la inestabilidad política y las tensiones sociales, las comparaciones con Grecia al comienzo de su crisis de deuda resultan inevitables. Como ministro de Finanzas griego cuando estalló la crisis en 2009, cada vez me preguntan más cómo se comparan ambas situaciones. Entiendo la tentación, pero también sé lo engañosas que pueden resultar estas comparaciones.

El problema de Francia no es una economía débil

Francia no es Grecia. Es una de las mayores economías del mundo, con empresas competitivas a escala global, un importante ahorro de los hogares, un sistema financiero profundo e instituciones sólidas. Y, a diferencia de Grecia en 2009, no presenta un gran desequilibrio de financiación externa.

Su problema es la brecha persistente entre lo que produce la economía, lo que gasta el Estado y lo que los contribuyentes están dispuestos a financiar. Según el INSEE, el gasto público alcanzó el 57,3 % del PIB en 2025, una de las proporciones más elevadas de Europa, y aun así el déficit fue del 5,1 % (y el Gobierno prevé que llegue al 5,4 % este año). La deuda pública ha aumentado hasta casi el 116 % del PIB, frente a menos del 100 % antes de la pandemia (es el único país del G7 cuya ratio es hoy superior a la de 2020, en el punto álgido de la pandemia). Además, Francia paga actualmente más por financiar su deuda que todos los antiguos países de la eurozona afectados por la crisis, e incluso más de lo que cabría esperar de su calificación crediticia oficial AA.

La «exception française»: el costoso modelo social francés

Durante los últimos veinte años, Francia también ha registrado sistemáticamente déficits primarios: gasta más de lo que recauda incluso antes de pagar los intereses. Buena parte de ese gasto financia un modelo social al que la ciudadanía está comprensiblemente apegada, pero que protege cada vez más a las generaciones mayores mediante las pensiones, a costa de las más jóvenes. Mantenerlo resulta más difícil con un crecimiento débil y una población envejecida.

La baja productividad, la elevada presión fiscal y la incertidumbre persistente lastran la inversión y el crecimiento (el FMI prevé que el crecimiento sea de tan solo el 0,6 % en 2026).

De la debilidad fiscal a la parálisis política

Los sucesivos gobiernos han tenido dificultades para conciliar la disciplina fiscal con las expectativas depositadas en el Estado. La fragmentación política ha dificultado los acuerdos. La aprobación del presupuesto de 2026 exigió meses de enfrentamientos y recurrir repetidamente al artículo 49.3, que permite aprobar leyes sin una votación parlamentaria.

El presupuesto francés para 2027 plantea tres posibilidades incómodas:

• Imponerlo, posiblemente mediante decretos presupuestarios sin precedentes al amparo del artículo 47
• Negociar un acuerdo que reduzca el alcance del ajuste
• Afrontar otra caída del Gobierno y dejar el presupuesto sin resolver a medida que se acerca la campaña presidencial.

En 2009, Grecia era mucho más vulnerable. Había perdido competitividad, acumulado enormes déficits externos y ocultado la verdadera situación de sus finanzas. Francia no presenta ninguno de esos fallos institucionales. Sin embargo, la experiencia griega demuestra que las dificultades fiscales se vuelven mucho más difíciles de gestionar cuando se deteriora la credibilidad política. Hoy, los mercados no dudan de que Francia pueda pagar. Dudan de que sea capaz de tomar decisiones.

Cuando los mercados marcan el calendario

Una crisis de deuda francesa no es inevitable. La profundidad de sus mercados financieros, una amplia base de inversores y unos vencimientos de deuda relativamente largos hacen que el aumento de los costes de financiación se transmita de forma gradual.

Pero, a medida que se refinancie la deuda más barata, aumentará la carga de los intereses. El informe del Gobierno francés sobre la deuda prevé que la deuda pública alcance el 121,7 % del PIB en 2027, incluso suponiendo que se aplique el ajuste propuesto. En el escenario de la Comisión Europea en el que no se modifican las políticas, la cifra llegaría al 144 % en 2036.

En Grecia, el paso de las dificultades fiscales a una crisis de financiación fue extraordinariamente rápido. Cuando perdimos el acceso a los mercados y tuvimos que negociar ayuda internacional, también perdimos buena parte del control sobre el ritmo y la composición del ajuste. Los gobiernos aplazan las decisiones difíciles para conservar margen de maniobra política. Paradójicamente, eso puede acabar privándolos de él.

La red de seguridad europea: más sólida que en 2010, pero aún no puesta a prueba

¿Puede Francia confiar en la protección europea? En 2010, la eurozona prácticamente carecía de instrumentos para afrontar una crisis de deuda soberana. El primer paquete de rescate de Grecia combinó préstamos bilaterales europeos y financiación del FMI. El fondo europeo de rescate temporal y, más adelante, el Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente se crearon posteriormente.

Hoy, una supervisión bancaria más sólida y la capacidad del BCE para intervenir en los mercados de deuda soberana ofrecen una protección considerablemente mayor. Su Instrumento para la Protección de la Transmisión permite compras potencialmente ilimitadas de bonos públicos para contrarrestar presiones de mercado injustificadas y desordenadas. Pero la intervención depende de la evaluación de la sostenibilidad fiscal y del cumplimiento de los compromisos europeos; activarlo es una decisión del BCE, no de los gobiernos.

Además, estos mecanismos nunca se han puesto a prueba ante una crisis que afecte a una economía tan grande y tan interconectada financieramente como la francesa. Una pérdida grave de confianza en la deuda de Francia tendría repercusiones en los bancos, las aseguradoras y los mercados de deuda soberana europeos. Por tanto, aunque Europa está mejor protegida que en 2010, eso no reduce la urgencia de actuar a escala nacional.

Credibilidad fiscal y legitimidad democrática

La experiencia griega también puso de manifiesto los límites de un ajuste fiscal concebido principalmente como un ejercicio contable.

Grecia sufrió una contracción devastadora, en parte porque se subestimaron los efectos recesivos del ajuste. Las consecuencias para la cohesión social, la estabilidad política y la confianza en las instituciones perduraron mucho más allá de la crisis inmediata.

Francia no se enfrenta a nada comparable. Pero las protestas por la educación y las condiciones de vida ilustran la dificultad de conciliar la contención fiscal con las expectativas sobre los servicios públicos. Con un gasto que ya representa el 57 % del PIB, el debate no debe abordar únicamente cuánto gasta el Estado, sino también en qué lo gasta y quién lo paga.

Una estrategia creíble debe combinar la contención del gasto con un mayor crecimiento y un reparto más justo de la carga y, algo fundamental, reequilibrar la protección de las generaciones mayores hacia las jóvenes. Sin legitimidad política y social, incluso las políticas técnicamente sólidas son difíciles de mantener.

Francia conserva recursos económicos y capacidades institucionales de los que Grecia carecía en 2009. Su situación es distinta, pero la experiencia griega debería recordar a los responsables políticos franceses cuánto más difícil resulta el ajuste cuando son los mercados financieros, y no los gobiernos elegidos, quienes determinan su calendario y sus condiciones.

Francia no es Grecia en 2009. Eso debería ser una razón para actuar pronto, no una excusa para esperar.

George Papaconstantinou es catedrático de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobernanza Transnacional de Florencia del Instituto Universitario Europeo y fue ministro de Finanzas de Grecia entre 2009 y 2011.

George Papaconstantinou, profesor titular y titular de la cátedra de Economía Política Internacional de la Escuela de Gobernanza Transnacional de Florencia, Instituto Universitario Europeo

Este artículo se republica a partir de The Conversation bajo una licencia Creative Commons.