La victoria relativa de Cs en las últimas elecciones catalanas está impulsando a la nueva formación política centrista (dando casi igual que se defina como liberal o socialdemócrata) a la tentación de aspirar a igual objetivo en las elecciones generales de España.

En la política catalana y española hay más coincidencias de las que los independentistas quieren reconocer. Una de los más notorias es la comunión histórica entre los partidos de derechas, tanto en Catalunya como en España, para proteger los intereses de los poderosos, para verse envueltos en casos de corrupción o para votar sistemáticamente de manera regresiva y en contra de los progresos sociales. En esto, Catalunya y España son muy parecidas. Y la presencia de Ciudadanos sin duda ha venido a reforzar esta alianza entre los partidos de la derecha que es capaz de superar todas las barreras y disputas de contenido identitario. Más allá de si uno enarbola la estelada o si el otro sobre gesticula con la bandera española, siempre encontrarán un punto de acuerdo en paralizar por ejemplo la reforma laboral, para aliarse en políticas regresivas y de recortes o para no estar en la vanguardia de la defensa de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Estas cosas no gustan a los independentistas, pero suceden.

Tal como está el asunto de enredado en Cataluña y para salir de una puñetera vez del atasco y elegir, por fin, un Govern que gobierne (no que sólo sea la junta directiva del aparato de propaganda del independentismo), propongo superar la propuesta de tener dos presidencias de la Generalitat, una figurativa en Bruselas y otra operativa en España, recurriendo a la antigua figura del triunvirato.

Conocida es la anécdota, cuando en un acto público y en un descuido, se escuchó el comentario del Presidente Zapatero a su ministro, la economía «es complicada», y el ministro, que era Jordi Sevilla, dijo: «lo que tú necesitas saber se aprende en dos tardes». No se si fueron dos tardes las que necesitó, pero después de ocho años de gobierno, Zapatero parece que no se enteró de que lo que ocurría: estábamos inmersos en la crisis económica más devastadora de la historia.

Leer el auto del Señor Llarena que ha escrito hace un par de días respecto a la puesta en libertad del ex Consejero Forn causa un verdadero estupor. Y digo “estupor” por decirlo suave, pues ahora debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, escribimos, tuiteamos, pero también, con lo que pensamos. Sí, resulta que el Juez Llarena entiende, y así lo expresa en este auto de 13 páginas, que el Señor Forn no debe ser puesto en libertad. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos, ideas, convicciones independentistas.

El próximo lunes 12 de febrero participaré junto al secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, en la Asamblea abierta sobre Pensiones que el Partido Socialista realiza en Barcelona. Es una de las 5 asambleas programadas en Catalunya, una en cada capital de provincia y una en el Ebro que tendrán lugar este mes de febrero y que se suman a las diferentes asambleas que se están realizando por toda España.

La propuesta de gratuidad de primera matrícula de curso universitario, puesta en práctica por Andalucía como política de devolución de las tasas siempre que se apruebe el curso, es una reivindicación histórica estudiantil que empecé a oír cuando inicié historia en el curso 1978-79, aunque, por aquel entonces, los precios eran irrisorios. Se estima que la medida del gobierno autonómico solamente beneficiará a una quinta parte de los alumnos que estén matriculados y aprueben el curso completo.

Durante estas semanas se están produciendo las comparecencias de diversas personalidades en la comisión creada en el Congreso de los Diputados para valorar la posible reforma de la Constitución Española y la mejora del funcionamiento del modelo territorial.

Tras los años de la transición en los que hubo un fuerte debate y movilización de los distintos estamentos universitarios para la reforma y democratización de la Universidad, la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de agosto de 1983 reconocía la autonomía universitaria, considerando a la Universidad servicio público, racionalizaba las figuras del profesorado, colegiaba departamentalmente su funcionamiento docente e investigador y renovaba el procedimiento de la elección de los equipos rectorales. Una cierta impronta del “sesentaoyochismo” había en la Ley, frente al poder de los catedráticos, acelerando su jubilación a los 65 años. Además, la Ley promovía automáticamente a los profesores agregados a la condición de catedrático sin necesidad de una nueva oposición o concursos de traslado.

Una semana esperpéntica dentro de un periodo atroz. Así podríamos definir lo que está sucediendo en España, de manera innegable, desde el verano. Sí, podríamos ampliar el periodo mucho más, pero no podemos disimular que desde que se produjeron los atentados en Barcelona todo está ocurriendo rápido, excesivamente rápido y de una manera descorazonadoramente agresiva.

Esta mañana el diputado del Grupo Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Catalunya, Raúl Moreno, ha denunciado la situación en Catalunya de las listas de espera en dependencia, subrayando un dato que se ha hecho público recientemente: 1 de cada 3 dependientes del Estado en lista de espera es catalán. Estamos hablando de un total de 88.327 personas que, aun teniendo reconocida la pensión por dependencia, no la cobran.

Empiezo a estar cansado de ver como el Gobierno se empeña en desprestigiar y empobrecer a nuestros pensionistas día tras día. Esta misma semana hemos asistido atónitos a unas declaraciones sorprendentes de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que en pocas palabras venía a decir que los pensionistas no tienen derecho a quejarse. Afirmó que “hay pensionistas que pasan más tiempo cobrando la pensión que trabajando”, como si fuese un buen argumento para justificar lo que está haciendo el PP desde que se instauró la reforma del 2013.