Democracia y corrupción

Para sostener el modelo político del dictador fue fundamental instalar el relato bipartidista, al estilo de la Europa de los setenta, que permitiese la concentración empresarial privatizando los recursos nacionales, en especial a los amigos, preservando la aristocracia, el poder militar y el eclesiástico. Todos, más en torno a la monarquía que a la Constitución. Para el resto de la ciudadanía, futbol, toros y represión.

Al tiempo, el régimen entendió la importancia del control del relato. Es decir, del pensamiento colectivo. Un sistema educativo que sepultase la memoria del genocidio falangista, por un lado y, por otro, un sistema de comunicación pública con una discrepancia “aparente” que suprimiese toda interferencia que intentase alterar el confort de los propósitos ya mencionados.

La corrupción no fue ajena a la dictadura franquista. Es más, fue su seña de identidad. El modelo del “botín de guerra” fue la antesala de todos los casos de corrupción posteriores. Lo fue, porque requirió del respaldo de una justicia cómplice que les garantizó sus operaciones delictivas. La enumeración de ejemplos acerca de esas conductas, nos llevaron a no identificar, por ejemplo, a M. Rajoy.

En eso estábamos cuando al Partido Popular le estalla en plena campaña “operación honestidad” contra el Partido Socialista Obrero Español, el que ya podemos mencionar como Caso Montoro. Éste describe una red de influencias controlada por Montoro en la cúpula del Ministerio de Hacienda entre 2012 y 2018, para beneficiar a distintos sectores empresariales contra el pago de cantidades millonarias al despacho Equipo Económico, también fundado por el propio Montoro.

El sumario del caso Montoro, por ejemplo, revela que el entramado corrupto descubierto en Hacienda, maniobró para que las empresas pagadoras obtuvieran bonificaciones del 85% en el pago del impuesto eléctrico, cuando lo impedía la normativa europea. Los amigos siempre primero. En total, este despacho en todas sus denominaciones, facturó más de 70 millones de euros desde su creación. Pese a eso, solo ha reconocido beneficios por 2,5 millones.

En cualquier caso, pese a que desde hace años los socios de este despacho, en sus tres denominaciones, conocen las causas judiciales en marcha, suelen quitarles importancia y atribuyen que son “cosas de una fiscal” que, dicen, ha sido desautorizada por sus jefes. El Fiscal Anticorrupción nos debe una explicación en ese caso, por obstaculizar la tarea de esa fiscal.

Dado todo este espectáculo, que recién comienza, los socios de Montoro sostienen como excusa, que los ataques que reciben, tienen una base política por su pasado vinculado a gobiernos del PP. La previsible argumentación de los que no tienen excusas.

Es imprescindible que se investigue y enjuicie a los corruptos y corruptoras. No hacerlo es consumar otro fracaso de la verdadera democracia en favor de la corrupción que ideó el franquismo. En este sentido, André Gide nos dejó un lúcido pensamiento: “Confía en aquellos que buscan la verdad, pero duda de aquellos que dicen haberla encontrado”.