Llama poderosamente la atención que mientras los agentes sociales llegan a acuerdos entre sí y con el gobierno, haciendo política en el mejor sentido, sin embargo las propias fuerzas políticas han continuado desangrándose en un enfrentamiento continuo, progresivo y casi irreconciliable. El dramático pleno de convalidación de la reforma laboral ha sido un fiel exponente de esa dinámica de intercambio de papeles, un riesgo suicida para los partidos políticos.

Cuando después del resultado electoral de Castilla y León, el debate estaba en los márgenes de la relación con la ultraderecha para la formación de gobierno, el PP ha dado un salto en el vacío lanzándose a una nueva guerra interna de fatales consecuencias.

Como la mayoría de las elecciones a lo largo de la pandemia, lo que se esperaba también en Castilla y León era la consolidación de la mayoría de gobierno como garantía de seguridad ante la situación de incertidumbre. En este caso de una mayoría conservadora, que como en el caso de Madrid, mantiene el gobierno de la Comunidad desde hace treinta y cinco años. Sin embargo, esta regularidad ha podido variar como consecuencia del efecto sorpresa del adelanto electoral, sin una causa convincente, como no sea por la eliminación de Ciudadanos, la campaña en clave nacional y asimismo por el voto populista de Vox y del agravio de la España vacía.

¡No le toques ya más,

que así es la rosa!

Juan Ramón Jiménez.

En relación al acuerdo tripartito de reforma laboral entre patronal, sindicatos y gobierno, se ha dicho prácticamente de todo, salvo de su contenido y de su trascendencia para iniciar el cambio de un modelo laboral precario y agotado.

Continúa el declive de la sexta ola de la pandemia, protagonizada por la variante Ómicron, y con ello vuelven los debates entre los que consideran todavía prematura la flexibilización de las medidas restrictivas, cuando sin embargo hace semanas que vienen diciendo que éstas no existen con carácter general, y que casi nadie las había tomado en su momento, tal y como si la inacción de Madrid y de alguna otra Comunidad no hubieran sido minoritarias en un contexto de restricciones inscritas en la actualización del semáforo propuesto en del Consejo Interterritorial, aunque lógicamente de menor intensidad que en olas anteriores, mientras otros consideran que con el altísimo nivel de vacunación actual, se debería haber empezado mucho antes la desescalada y deberíamos estar ya en lo que se denomina la gripalización de la covid19 o en la gestión de la endemia. Entre la nostalgia anclada en el pasado y la precipitación que se anticipa al futuro.

La reforma laboral se encuentra en un momento decisivo, ante una votación que a estas alturas aún no está garantizada por parte de la mayoría de investidura, tampoco se vislumbra ni se confía en la posibilidad de una mayoría alternativa. Entre el rechazo del PP, el maximalismo de la derogación de una parte de las izquierdas, la desconfianza del sector nacionalista y las dudas dentro del propio gobierno sobre las inciertas consecuencias del apoyo de una mayoría alternativa. En unas horas decisivas.

El consejo de ministros ha aprobado por fin, después de un largo proceso interno, primero en el seno del gobierno entre PSOE y UP y luego entre la mayoría y la minoría del CGPJ, el denominado proyecto de ley de vivienda.

Después de la crisis de gobierno de la Comunidad de Murcia, que acabó con la presencia de Ciudadanos y la cooptación de los escindidos de Vox, hemos asistido a la convocatoria anticipada primero en Madrid a mitad de legislatura, y ahora el adelanto electoral y la ruptura con los socios de Ciudadanos se acaba de producir en la Comunidad de Castilla y León. Se oyen también tambores de adelanto electoral en Andalucía, aunque también podría ser la excepción a la regla o finalmente solo Galicia en la crisis generalizada de los gobiernos de coalición de la derecha.

Han pasado tres semanas desde la aprobación del decreto ley que plasma la reforma laboral, pactada en el marco de la concertación social por el gobierno con sindicatos y empresarios, y a una semana de su votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, todavía no existe una mayoría suficiente para sacarlo adelante.

La pandemia de la covid19 es sin lugar a dudas una enfermedad transmisible de origen vírico de alcance mundial, pero se trata sobre todo de un proceso social que requiere de decisiones politicas. Porque lo que no se ha destacado suficientemente en esta pandemia es la vital importancia de las decisiones políticas en un contexto de incertidumbre y con tan importantes y tan graves conflictos de intereses en juego. Muy por el contrario, la imagen devaluada de la política, debido al rastro de la primacía de la economía y la corrupción, ha sido protagonizada por los representantes de la distopía populista.

El proyecto de ley de vivienda ha tenido en la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas como su escollo fundamental y como materia de conflicto en el seno del gobierno de coalición entre el PSOE y UP. Una medida que sin embargo no es tan novedosa ni radical, ya que existe experiencia de ella y de sus ventajas en las principales ciudades europeas y en algunas ciudades y comunidades autónomas.