Este miércoles 11 de noviembre, miles de trabajadores están llamados a secundar una huelga general de ámbito estatal para reclamar mejoras salariales, soluciones a la crisis de vivienda y medidas frente al encarecimiento de la vida. La convocatoria, respaldada por distintas organizaciones sindicales, plantea reivindicaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de millones de personas y que, sin embargo, han encontrado el rechazo frontal del Partido Popular y de Vox.
Las dos formaciones han cuestionado la convocatoria y han pedido que no se celebre. El secretario general del PP, Miguel Tellado, la ha calificado de «huelga electoral». Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha pedido a los sindicatos que reconsideren la convocatoria, a la que ha calificado de «grave error» y de huelga «contra la oposición». El líder popular asegura que no cuestiona el derecho constitucional a la huelga, sino el sentido de la oportunidad de esta movilización. Santiago Abascal ha ido más lejos: este martes ha llegado a afirmar que la huelga no debería ser legal. No estamos, por tanto, ante una simple discrepancia sobre el calendario de una movilización. Estamos ante distintas maneras de entender el papel de los sindicatos y la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos.
La posición de Isabel Díaz Ayuso ha añadido este martes un nuevo elemento al debate. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado la huelga de «totalmente política» y ha arremetido contra UGT y CCOO, a los que ha acusado de utilizar a los ciudadanos como rehenes. Durante una entrevista en Antena 3, ha hablado de «mafia sindical» y ha reclamado acabar con lo que denomina «basura sindical». También ha explicado que esta misma mañana ha hablado con Alberto Núñez Feijóo para pedirle que le prometa que «toda esta basura sindical se va a acabar» si llega a la Presidencia del Gobierno. Feijóo, según ha relatado la propia Ayuso, le respondió: «No lo dudes».
Ayuso ha asegurado que no niega que «la labor sindical es un derecho constitucional», pero ha añadido que rechaza «el abuso, la impunidad y el secuestro» que, a su juicio, acompañan a esta convocatoria. Una distinción que merece ser examinada: reconocer formalmente el derecho a la actividad sindical implica también respetar a quienes lo ejercen, a sus organizaciones y a sus convocatorias. Se puede discrepar de una huelga, cuestionar sus objetivos o criticar a sus promotores, pero el respeto a los derechos constitucionales no debería depender de la valoración política que merezcan quienes los ejercen.
La huelga no nace de un capricho sindical ni de una disputa entre partidos. La convocatoria pone sobre la mesa problemas que no desaparecen porque haya elecciones a la vista. La dificultad para acceder a una vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad y las dificultades para llegar a fin de mes no son cuestiones inventadas por los sindicatos. Son realidades que afectan a quienes trabajan y a quienes buscan un empleo, a los jóvenes que no pueden emanciparse y a las familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar un alquiler.
Se puede discutir la oportunidad de una huelga, sus objetivos concretos, su alcance o las estrategias de las organizaciones que la convocan. Eso forma parte del debate democrático. Lo que resulta más difícil de justificar es que, ante una movilización que plantea problemas sociales de primer orden, la respuesta de quienes aspiran a gobernar se concentre en exigir que no se celebre, desacreditar a sus convocantes o poner en cuestión su legitimidad.
El Partido Popular se presenta como el partido de los trabajadores. Pero esa condición no se demuestra con una etiqueta ni con un lema electoral. Se demuestra escuchando sus demandas, defendiendo sus derechos y ofreciendo respuestas a sus problemas. Si el PP considera que las reivindicaciones de esta huelga están equivocadas, tiene la oportunidad de explicar qué propone para mejorar los salarios, facilitar el acceso a la vivienda y proteger el poder adquisitivo. Pedir que la movilización se suspenda no responde a ninguna de esas preguntas.
Vox, por su parte, ha expresado un rechazo que va más allá de la crítica política a la convocatoria. Cuando su presidente afirma que una huelga general no debería ser legal, está cuestionando algo que forma parte de las garantías esenciales de cualquier democracia. El derecho a la huelga no depende de que una organización sindical resulte simpática, de que sus reivindicaciones coincidan con las preferencias de un partido o de que la protesta perjudique a un Gobierno o a una oposición.
Y aquí aparece la pregunta que ambas formaciones deberían responder con claridad: ¿qué harán con el derecho a la huelga si llegan al Gobierno? ¿Lo defenderán también cuando las movilizaciones se dirijan contra sus propias políticas? ¿Respetarán la autonomía de los sindicatos cuando estos cuestionen sus decisiones? ¿Consideran legítimo que los trabajadores paren para reclamar mejoras salariales, vivienda asequible o medidas para proteger su poder adquisitivo, incluso cuando esa protesta pueda perjudicar políticamente al Ejecutivo de turno?
No se trata de atribuirles intenciones que no han expresado ni de afirmar que el PP haya anunciado que pretende suprimir un derecho constitucional. Se trata de exigir coherencia y garantías. Porque el derecho a la huelga no existe para ser utilizado únicamente cuando resulta conveniente a una determinada mayoría política. Existe precisamente para proteger la capacidad de organización y protesta de los trabajadores, también —y sobre todo— cuando sus reivindicaciones incomodan al poder.
Una democracia no se mide solo por la celebración de elecciones ni por la alternancia entre partidos. También se mide por la capacidad de sus ciudadanos para organizarse, reclamar y protestar sin que esas acciones sean deslegitimadas por quienes aspiran a gobernar. El derecho a la huelga es una conquista democrática y social que no pertenece a ningún partido ni a ningún Gobierno.
Este miércoles, cada trabajador podrá valorar las razones de la convocatoria y decidir libremente si participa en ella. El seguimiento de la huelga será una parte de la jornada; las reivindicaciones que la han impulsado seguirán ahí cuando termine. Y también seguirá pendiente una pregunta para quienes hoy piden que no se haga: ¿defenderán mañana el derecho a la huelga si son ellos quienes están en el Gobierno?
Porque los derechos fundamentales no se defienden solo cuando conviene. Se defienden, especialmente, cuando incomodan.
