La huelga general del 11 de noviembre ha dejado un mensaje que las instituciones y las fuerzas políticas no deberían ignorar: el malestar social por las dificultades de acceso a una vivienda digna, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población ha adquirido una dimensión que trasciende las reivindicaciones laborales convencionales.

Convocada por UGT y CCOO, junto con otras organizaciones sindicales y sociales, la jornada del 11N pretendía poner en primer plano una realidad cada vez más difícil de aceptar: tener un empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda, emanciparse o disponer de unas condiciones de vida dignas. La vivienda, los salarios y los servicios públicos han sido los grandes ejes de una movilización que ha encontrado una respuesta importante, aunque desigual, en distintos territorios y sectores.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, calificaron la huelga de éxito y aseguraron que su seguimiento había superado las expectativas de las organizaciones convocantes. Según los datos facilitados por los sindicatos, la incidencia fue especialmente elevada en Cataluña, Andalucía, la cornisa cantábrica y distintas zonas del Mediterráneo, así como en sectores industriales, logísticos y electrointensivos. En los servicios, el seguimiento también presentó diferencias importantes según la actividad. La patronal, por su parte, sostuvo que el paro había tenido una incidencia inferior al cinco por ciento. Dos valoraciones muy alejadas que reflejan también la disputa sobre el alcance de la convocatoria.

Pero hay un dato que merece una consideración especial: ni siquiera la lluvia consiguió frenar la respuesta ciudadana. Miles y miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades para reclamar salarios dignos, vivienda asequible y servicios públicos de calidad. Las manifestaciones de Barcelona y Madrid, junto con las celebradas en numerosas localidades, dieron a la jornada una dimensión social que va mucho más allá de los porcentajes de seguimiento laboral. En Barcelona, la Guardia Urbana cifró la asistencia en 40.000 personas, mientras que en Madrid las estimaciones de participación ofrecieron cifras muy diferentes según las fuentes. La lluvia condicionó algunas convocatorias, que tuvieron que suspenderse en ciudades andaluzas, pero no deslució el alcance de la movilización en el conjunto de la jornada.

La incidencia de la huelga fue desigual, como reconocieron los propios sindicatos, pero la respuesta en la calle confirmó la amplitud del malestar social que había motivado la convocatoria. Reducir la valoración del 11N a una disputa estadística sería ignorar las manifestaciones, los paros en numerosos centros de trabajo y, sobre todo, los problemas sociales que llevaron a miles de personas a movilizarse.

Una actuación policial que exige explicaciones

Sin embargo, la mañana estuvo marcada por unos acontecimientos que no pueden quedar relegados a una simple relación de incidencias. En Mercamadrid, durante la madrugada, se produjeron cargas policiales y se utilizó gas pimienta contra personas concentradas en un piquete informativo. Según los datos comunicados por los sindicatos, al menos trece personas necesitaron asistencia sanitaria y se produjo una detención. También se denunciaron intervenciones policiales y personas heridas en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Las organizaciones sindicales han cuestionado la proporcionalidad de estas intervenciones y han anunciado acciones legales para exigir responsabilidades. No estamos ante una cuestión menor: el derecho de huelga incluye la posibilidad de informar y organizar piquetes, siempre dentro del respeto a la legalidad y a los derechos de los demás trabajadores.

Unai Sordo denunció públicamente el uso de gas pimienta contra los piquetes y lo calificó de «absoluto escándalo». Anunció, además, que CCOO reclamaría responsabilidades penales y de otro tipo. Pepe Álvarez, por su parte, censuró el «papel impresentable» de la Policía y afirmó que su obligación en una jornada de huelga es garantizar el ejercicio de ese derecho, no obstaculizarlo. Ambos dirigentes anunciaron que sus organizaciones acudirían a los tribunales.

Las palabras de los responsables sindicales expresan una denuncia que debe ser investigada. Es necesario conocer las circunstancias concretas de las intervenciones, las órdenes impartidas, las razones del empleo de medios antidisturbios y la proporcionalidad de la fuerza utilizada. La existencia de incidentes o de tensiones en un piquete no puede justificar automáticamente cualquier respuesta policial.

Naturalmente, el derecho de huelga debe convivir con el respeto a la ley y con la seguridad de todas las personas. Los piquetes informativos no pueden justificar agresiones ni impedir por la fuerza la libertad de quienes decidan acudir a sus puestos de trabajo. Pero tampoco cabe utilizar cualquier tensión como argumento para limitar injustificadamente el ejercicio de un derecho fundamental. La intervención de los cuerpos de seguridad debe estar sometida a los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las libertades públicas.

Por eso resulta imprescindible esclarecer qué ocurrió en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT. Las denuncias sindicales no pueden darse por probadas sin una investigación, pero tampoco pueden despacharse sin más. La transparencia, la rendición de cuentas y la investigación de posibles excesos policiales son obligaciones de cualquier Estado democrático.

El debate sobre la vivienda y los salarios no puede silenciarse

La intervención de Pepe Álvarez en Al Rojo Vivo aporta también una reflexión significativa sobre el sentido de la convocatoria. El secretario general de UGT defendió que se trataba de una gran huelga, que había superado las expectativas sindicales, y reclamó al Partido Popular que dialogara con las organizaciones de trabajadores en lugar de insultarlas. Recordó, además, que la reivindicación de vivienda protegida y social a precios relacionados con los salarios responde a una necesidad que afecta especialmente a la población joven.

El problema de la vivienda se ha convertido en una de las principales fracturas sociales del país. No afecta únicamente a quienes buscan emanciparse. También golpea a familias trabajadoras, personas con salarios medios y hogares que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. A ello se suman las demandas de mejores salarios, servicios públicos suficientes y condiciones de vida que permitan trabajar sin quedar excluido de derechos básicos.

El 11N no resuelve por sí solo estos problemas, pero ha conseguido colocarlos en el centro de la discusión pública. Las administraciones y las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de responder con medidas concretas, no con descalificaciones ni con una lectura exclusivamente partidista de la movilización.

La jornada ha expresado un malestar social real, ha movilizado a miles de personas pese a las condiciones meteorológicas y ha dejado denuncias graves sobre la actuación policial que deben investigarse. La democracia no se mide solamente por la posibilidad de convocar elecciones o por la alternancia de los gobiernos. También se mide por la capacidad de una sociedad para protestar, organizarse, defender sus derechos y exigir responsabilidades cuando considera que estos han sido vulnerados.

El 11N ha recordado que detrás de las cifras hay personas que reclaman poder vivir dignamente de su trabajo. Y ha dejado dos preguntas que las instituciones no deberían eludir: ¿qué respuestas se van a ofrecer a quienes no pueden acceder a una vivienda o llegan con dificultades a final de mes? Y ¿se está garantizando, en la práctica, el derecho de los trabajadores a organizarse, informar y ejercer la huelga?