El anuncio más destacado de la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, sobre inmigración se centró en el tiempo que una persona debe residir en el Reino Unido antes de poder obtener un permiso de residencia indefinido (ILR, por sus siglas en inglés). Mahmood anunció que ese periodo se duplicará, pasando de cinco a diez años, aunque los trabajadores del sector de los cuidados estarán exentos. La propuesta era ampliamente esperada, pero la exención para estos trabajadores supone un cambio de rumbo del Gobierno.
Las propuestas han recibido reacciones diversas. Algunos sectores de la izquierda consideran que el periodo exigido es demasiado largo, mientras que otros, desde la derecha, sostienen que el plan es demasiado permisivo con la inmigración al eximir a los trabajadores de cuidados.
Muchos inmigrantes llegaron al Reino Unido con la expectativa de que cinco años de residencia legal les permitirían acceder a la residencia permanente. Por eso, la decisión del Gobierno de modificar retroactivamente esas condiciones plantea serias dudas sobre la equidad, la confianza y la legitimidad de la política migratoria.
El Reino Unido avanza ahora hacia uno de los sistemas de residencia permanente y naturalización más estrictos de Europa. De hecho, esta orientación se asocia más fácilmente con la derecha política que con un Gobierno laborista que se presenta como comprometido con la igualdad, los derechos de los trabajadores y la justicia social. ¿En qué punto se encuentra actualmente la política migratoria y qué nos dice este cambio sobre la política británica?
Años de discursos cada vez más duros
El endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad llega después de 16 años de retórica restrictiva sobre inmigración en todo el espectro político. En 2010, el Gobierno de coalición encabezado por los conservadores se comprometió a reducir la migración neta de cientos de miles de personas a unas pocas decenas de miles. Desde entonces, los sucesivos gobiernos y los partidos de la oposición han intentado superarse mutuamente con discursos cada vez más duros sobre inmigración.
El último Gobierno conservador viró hacia una retórica nativista y excluyente y hacia propuestas políticas draconianas en un intento de adelantarse a Reform UK. El resultado ha sido mantener la inmigración en un lugar destacado de la agenda pública, aunque con altibajos tras el Brexit y la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, pese a la dureza del discurso, la combinación de una economía que necesita mano de obra inmigrante y de programas humanitarios destinados a ciudadanos de Hong Kong y Ucrania llevó la migración neta a su nivel más alto registrado. Esto ocurrió en 2023, el año anterior a la salida de los conservadores del Gobierno.
Es importante señalar que, mientras los gobiernos anteriores mantenían un discurso duro sobre inmigración, el Brexit dejó importantes carencias en el mercado laboral, especialmente en algunos empleos mal remunerados que muchos británicos no quieren desempeñar. Como consecuencia, se pusieron en marcha varios programas para cubrir esas vacantes, entre ellos el visado para trabajadores sanitarios y de cuidados.
Este programa tuvo una gran acogida y permitió conceder 106.000 visados a trabajadores del sector de los cuidados en 2023, una cifra que no incluye a sus familiares dependientes. Sin embargo, desde entonces, el mayor control sobre las entidades patrocinadoras y la decisión de impedir que los familiares dependientes acompañen a los titulares de este visado han provocado un fuerte descenso de las concesiones.
El Partido Laborista lleva mucho tiempo teniendo dificultades con la cuestión migratoria. Durante buena parte de sus años en la oposición, el partido pidió disculpas por los aparentes errores cometidos cuando estuvo en el Gobierno en relación con el programa de migración regulada. Se trataba de un conjunto de políticas que dio lugar a uno de los sistemas de inmigración más abiertos de Europa.
Desde el punto de vista ideológico, la inmigración siempre ha sido un quebradero de cabeza para los laboristas. Al igual que otros partidos socialdemócratas, el Partido Laborista se debate entre sus raíces sindicales proteccionistas, favorables a un mayor control de las fronteras, y su tradición basada en los derechos, que defiende la protección de las personas migrantes.
El dilema se complica aún más por el giro neoliberal del Partido Laborista desde la etapa de Blair, que consideró la globalización como un proceso inevitable y asumió la migración laboral flexible como una forma de controlar la inflación. En definitiva, el Partido Laborista ha contribuido a profundizar un modelo de mercado laboral que depende de la inmigración para disponer de mano de obra, al tiempo que recurre al discurso de las «fronteras seguras».
Estas tensiones ideológicas se reflejan tanto en la composición del propio Partido Laborista como en su electorado, que reúne a miembros y votantes con valores y prioridades enfrentados: los «bebedores de cerveza» y los «bebedores de vino». Precisamente por eso, las nuevas normas combinan restricciones y concesiones en relación con los visados para trabajadores del sector de los cuidados.
El Gobierno de Andy Burnham se ha enfrentado directamente a esta tensión. Numerosos miembros del partido han criticado que Mahmood persiga elevar tanto los requisitos para obtener la nacionalidad. Figuras destacadas, entre ellas la ministra de Vivienda, Angela Rayner, habían acusado a Mahmood de «retirar la alfombra» bajo los pies de estas personas. Esta tensión interna en el partido desembocó en la decisión de eximir a los trabajadores del sector de los cuidados.
Las políticas que aumentan la inmigración no suelen traducirse en un beneficio electoral. Sin embargo, los partidos socialdemócratas tienen varias opciones: guardar silencio sobre esta cuestión, asumir las presiones de la derecha o intentar encontrar una vía intermedia basada en una inmigración selectiva.
El ex primer ministro Keir Starmer fue acusado de reproducir la retórica de la derecha y presentó el restrictivo Libro Blanco del que derivan las nuevas políticas. En la práctica, el enfoque laborista se basa en un sistema de residencia condicionado a la contribución económica: cuanto más se gana, más tiempo se puede permanecer en el país.
Hasta ahora, Burnham ha seguido en gran medida el mismo rumbo: ha mantenido a Mahmood como ministra del Interior y apenas ha modificado la orientación de la política migratoria. Sin embargo, sus recientes declaraciones sobre los programas humanitarios y la reapertura del debate sobre la libre circulación apuntan a que la situación podría estar empezando a cambiar. El giro de Mahmood respecto a los trabajadores del sector de los cuidados podría formar parte de ese cambio.
Erica Consterdine, profesora titular de Políticas Públicas, Universidad de Lancaster
Este artículo se reproduce a partir de The Conversation bajo una licencia Creative Commons.
