Desde hace varios años, en Francia gana fuerza un discurso favorable a la represión del narcotráfico, a menudo calificada de «guerra». Este discurso justifica medidas excepcionales y un endurecimiento de la respuesta penal para frenar el aumento de la violencia, el poder financiero y la capacidad de corrupción y de causar daños de las redes criminales.

La situación es, en efecto, grave. En Francia se suceden los récords históricos de incautaciones de cocaína: 53,5 toneladas en 2024 y 81 toneladas en 2025. La disponibilidad de la droga sigue siendo extremadamente elevada. Los puertos, las cadenas logísticas comerciales y sus trabajadores parecen cada vez más expuestos a la corrupción, la intimidación y, en algunos casos, la violencia.

El razonamiento que propone responder con una represión cada vez mayor se apoya en al menos tres supuestos:

1. Una visión muy simplista del mercado de las drogas, que distingue, por un lado, a traficantes violentos y, por otro, a una sociedad que sería únicamente su víctima.

2. Una asociación casi automática entre narcotráfico y violencia.

3. La idea de que las sanciones tienen un efecto disuasorio o inhibidor proporcional a su severidad.

Estos supuestos pueden matizarse:

1. El consumo de drogas procede de personas integradas en todos los estratos de la sociedad, incluidas las clases medias y altas. Por tanto, no puede entenderse únicamente como resultado del control que los traficantes ejercen sobre personas atrapadas en sus redes.

2. En cuanto a la violencia, las cantidades de cocaína incautadas en El Havre son considerables, pero el nivel de violencia —que existe— sigue siendo muy inferior al de Marsella. Esto demuestra que el volumen de un mercado no determina automáticamente la magnitud de los actos violentos.

3. Nuestras respectivas investigaciones, basadas en estudios de larga duración en Brasil y Francia sobre los mercados ilegales y las organizaciones criminales, nos llevan a una conclusión común que matiza el tercer supuesto: los mercados ilegales no resisten la represión simplemente porque esta sea insuficiente, sino también porque se apoyan en formas específicas de organización económica y social que incluyen la capacidad de adaptarse a la propia represión.

En Brasil, el fracaso de la guerra contra el narcotráfico

Brasil libra una guerra contra el tráfico de drogas desde la década de 1980. Su población penitenciaria pasó de menos de 100.000 personas a finales de los años ochenta a cerca de un millón en la actualidad. Este proceso ha coincidido con un periodo de violencia homicida muy elevada, alimentada por los conflictos entre grupos criminales, pero también por una letalidad policial excepcionalmente elevada. Ante unas organizaciones criminales cada vez más poderosas, el Estado brasileño trató de golpear con mayor contundencia a sus dirigentes, creando centros y regímenes de detención de máxima seguridad para aislarlos y reducir su capacidad de mando.

Si una represión extremadamente severa bastara para hacer desaparecer el narcotráfico, Brasil debería haberse librado de este problema. Sin embargo, los mercados ilegales siguen siendo muy poderosos y algunas organizaciones criminales han adquirido una implantación territorial y económica que va mucho más allá del comercio de drogas. Por ejemplo, el Primeiro Comando da Capital (PCC), nacido en las cárceles de São Paulo, se ha integrado progresivamente en una cadena transnacional que conecta a productores sudamericanos, intermediarios criminales, mafias europeas y mercados de consumo. Funciona menos como un cártel que como una especie de plataforma capaz de organizar transacciones, garantías, financiación y logística.

Aunque la violencia homicida ha disminuido considerablemente en varias regiones de Brasil en los últimos años, resulta difícil atribuir esta evolución únicamente a la represión. También han desempeñado un papel fundamental la estabilización de las relaciones de fuerza entre grupos criminales, la reducción de ciertas guerras territoriales y la consolidación de mecanismos internos de regulación.

Estas observaciones no demuestran que la represión sea inútil por sí misma. Una sociedad debe perseguir a los autores de homicidios, desmantelar las redes violentas, incautar sus bienes y proteger a sus víctimas. Francia hace todo esto, en muchos aspectos, mucho mejor que Brasil. La cuestión es si estos instrumentos pueden resolver por sí solos los problemas sociales, económicos y políticos que permiten que los mercados criminales se reproduzcan.

Sistemas criminales muy resistentes

En primer lugar, los beneficios del tráfico son astronómicos y su economía prospera porque existe una demanda solvente y estable, procedente de una parte considerable de las sociedades afectadas, de productos cuyo precio final no guarda proporción alguna con su coste de producción. En consecuencia, el tráfico ofrece innumerables oportunidades de trabajo y de prestación de servicios, cuyo grado de implicación en el «delito» varía enormemente. Vender drogas es una cosa; transportar los productos, proporcionar información, alquilar un vehículo o un apartamento, transferir dinero, blanquear beneficios o poner en contacto a distintos actores son otras. Todas estas operaciones no se realizan bajo el control vertical de organizaciones criminales centralizadas. Muchos participantes ofrecen servicios concretos y siguen siendo independientes. Esto hace que el conjunto sea extremadamente flexible. Una detención no destruye toda la cadena.

Los estudios sobre la extracción clandestina de oro en la Guayana Francesa permiten observar un fenómeno bastante similar. Desde hace tiempo, el Estado despliega allí importantes recursos militares, policiales y administrativos para destruir los emplazamientos clandestinos e interrumpir su abastecimiento. Sin embargo, el «sistema garimpeiro» ha demostrado una gran capacidad de resistencia, sobre todo porque no constituye una organización piramidal que baste con descabezar, sino un universo económico y social mucho más disperso, formado por responsables de explotaciones, trabajadores, especialistas en logística, comerciantes, transportistas e intermediarios. Cuando el Estado destruye una explotación, intercepta un convoy o detiene a algunos participantes, aparecen nuevos emprendedores para ocupar los nichos de mercado que han quedado vacantes. Así, pese a la intensa presión y a los esfuerzos por contenerlo, el sistema consigue mantenerse.

El paralelismo entre ambas situaciones es que, cuando una actividad resulta extremadamente rentable y su organización depende de numerosos actores sustituibles, destruir una infraestructura o detener a una persona puede constituir un éxito policial sin producir necesariamente un efecto duradero. Ante perspectivas laborales consideradas muy poco remuneradoras, algunas actividades ilegales parecen preferibles, incluso cuando exponen a quienes las ejercen a la cárcel, la violencia o, con menos frecuencia de lo que se suele pensar, la muerte.

Aquí aparece una paradoja de la política represiva. Una parte de los beneficios de las actividades clandestinas procede del riesgo que implica ejercerlas. Por eso, el aumento de esos riesgos puede incorporarse al funcionamiento económico del mercado. Una mayor represión incrementa los costes, pero también los márgenes de beneficio. Y cuando existe una posición económica muy rentable, por lo general alguien acaba ocupándola.

Las cárceles, principales espacios de reclutamiento

Pero hay que volver a Brasil para observar otros dos efectos que merecen atención.

El primero tiene que ver con la prisión. Las cárceles de alta seguridad no han impedido la expansión de las grandes organizaciones criminales contemporáneas. Al contrario: hoy la cárcel es uno de los principales espacios de reclutamiento, socialización y organización de grupos como el PCC.

Por eso, las políticas de dispersión o concentración de los presos deben plantearse con cautela. En Brasil, el traslado de reclusos entre centros penitenciarios y regiones ha facilitado en ocasiones los contactos y las alianzas criminales. Por tanto, la cárcel no debe concebirse únicamente como un lugar donde neutralizar el delito. También es un espacio social que genera nuevas organizaciones. Como la expansión del encarcelamiento en Brasil ha producido alrededor de cinco millones de antiguos presos desde 1995, a los que se pueden sumar tres personas por cada familia, hoy cerca del 10 % de la población está en contacto directo con el mundo penitenciario, lo que da una idea de su influencia general.

La confianza de la población en la policía, un factor clave

El segundo efecto se refiere a la relación entre la policía y la población. En Brasil, la concepción de la seguridad pública como una guerra se basa en la oposición entre dos categorías morales: los «trabajadores» y los «bandidos». La policía debe proteger a los primeros y castigar a los segundos.

Sin embargo, cuando las intervenciones se basan sobre todo en el enfrentamiento, la fuerza pública puede acabar siendo percibida en algunos barrios no como un árbitro, sino como uno más de los actores armados que luchan por el territorio. Si la población deja de confiar en la policía, colabora menos con ella. Los testimonios, la información y el conocimiento cotidiano del territorio —recursos fundamentales para el trabajo policial— se vuelven más difíciles de obtener. En cambio, los garimpeiros brasileños establecidos en la Guayana Francesa no dudan en denunciar ante la policía francesa los delitos que superan cierto umbral, precisamente porque la consideran un actor imparcial y no una facción más.

Toda comparación tiene sus límites. Los niveles de violencia en Brasil y Francia son muy diferentes, al igual que las desigualdades sociales, y el comportamiento, la formación y las instituciones de las fuerzas de seguridad de ambos países tienen poco en común.

Lecciones de la comparación entre Francia y Brasil

Brasil no es necesariamente el futuro de Francia, pero permite extraer varias lecciones:

1. El aumento de las penas y del encarcelamiento puede producir resultados puntuales importantes sin generar necesariamente un efecto estructural en el mercado.

2. Situar a las fuerzas de seguridad en una «guerra» puede llevarlas a distanciarse de una parte de la población.

3. La visión binaria de traficantes frente a víctimas oculta toda una economía de servicios situada en zonas grises entre las actividades legales y las ilegales.

4. La fortaleza del sistema criminal reside en el poder financiero del mercado y en su capacidad para repartir las tareas entre actores sustituibles.

En última instancia, defender una represión cada vez más severa también puede permitir a las sociedades afectadas eludir las preguntas más incómodas: ¿por qué sigue siendo tan elevada la demanda de drogas?, ¿qué usos sociales o sufrimientos revela?, y ¿con qué criterios se distingue entre determinados productos legales y otros que, pese a tener efectos a veces comparables, son ilegales?

Una respuesta más coherente exigiría, por tanto, complementar las sanciones contra la violencia y las organizaciones criminales con políticas de salud pública, prevención y, según el producto, una regulación más estricta de los mercados.

François-Michel Le Tourneau, geógrafo, director de investigación del CNRS, Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y Gabriel Feltran, sociólogo, director de investigación del CNRS adscrito al CEE del IEP de París, Sciences Po

Este artículo se republica de The Conversation bajo licencia Creative Commons.