La movilización de los jóvenes de secundaria y de los estudiantes universitarios no es la primera ni la única que se asocia a formas violentas de conflicto. Basta pensar en los chalecos amarillos en 2018 o en los jóvenes de los barrios populares en 2005 o en 2023. Antes y después de esos episodios, también ha ocurrido en numerosas movilizaciones ecologistas, como la ZAD de Notre-Dame-des-Landes entre 2009 y 2018 o las manifestaciones contra el proyecto de presa de Sivens en octubre de 2014, donde murió el joven botánico Rémi Fraisse.

Lo mismo ocurre con numerosas movilizaciones agrarias, como las protestas contra el anuncio de los acuerdos UE-Mercosur en 2024; las protestas agrícolas de ese año, cuando numerosas carreteras y autopistas quedaron bloqueadas en la región de Alto Garona y las instalaciones de la Dirección Regional de Medio Ambiente, Ordenación y Vivienda (DREAL) en Carcasona fueron destruidas por una explosión el 19 de enero de 2024; o las protestas por la gestión de la epidemia de dermatosis nodular a finales de 2025.

La represión policial y las denuncias del uso ilegítimo de la fuerza constituyen el primer acto de esta degradación de la democracia. Pero la forma en que nuestro sistema político acoge y da cabida a la movilización social probablemente sea una causa más profunda.

Democracia, movimientos sociales y relación de fuerzas

La democracia consiste en la libre expresión de opiniones en el espacio público, que el voto refrenda a intervalos regulares. Pero la democracia también son los movimientos sociales. Y estos deben poder actuar en dos planos, de dos maneras.

Primero se manifiestan en el espacio público para convencer a otros ciudadanos, a la prensa, al Gobierno, a las asociaciones, a los partidos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales; después entran en la arena para defender sus intereses. El movimiento social establece entonces una relación de fuerzas con el adversario al que se enfrenta, ya sea el Gobierno, otro grupo social o un actor más o menos organizado.

Los agricultores bloquean a veces las carreteras. Los movimientos ecologistas se expresan mediante la palabra para despertar conciencias y, sobre el terreno, levantan barreras frente a proyectos que amenazan el medio ambiente. Los estudiantes ocupan o bloquean sus centros y marchan por las calles en defensa de la educación. Todo esto forma parte habitualmente de una democracia. El espacio político no se compone únicamente de palabras, y la democracia no es independiente de la sociedad, que está atravesada por relaciones de poder. Tampoco puede ignorarse que la propia posibilidad de expresarse depende, por ejemplo, de la capacidad de comunicación de los medios de comunicación y las redes sociales. Hasta aquí, la fuerza no se confunde con la violencia.

Derecho de huelga y movimiento obrero

Así se ha construido toda la historia del movimiento obrero. Solo cuando las dos modalidades de acción, la manifestación y la huelga, fueron reconocidas por la ley pudo integrarse plenamente en la democracia.

El derecho de huelga solo obtuvo pleno reconocimiento con la IV^ª República, después de más de un siglo de movilizaciones reprimidas. Reconocida como una relación de fuerzas legítima, la huelga sigue siendo uno de los grandes logros de las democracias contemporáneas. Al paralizar la producción y los servicios cuando deja de trabajar, el asalariado puede exigir una remuneración más justa. La huelga supone la posibilidad de doblegar la voluntad del empresario o del Gobierno, de plantarles cara. Pero su reconocimiento legal no garantiza en absoluto la victoria. El movimiento social siempre entabla un pulso cuyo desenlace es incierto.

Por qué cambian las formas de movilización

Las formas que adoptan hoy las movilizaciones son, en gran medida, consecuencia de las claras derrotas sufridas por los movimientos sociales durante los últimos veinte años.

Los chalecos amarillos no lograron modificar el orden territorial que relega su vida cotidiana y les impone el uso del automóvil, con unos precios de los carburantes que vuelven a dispararse. Los jóvenes de los barrios populares siguen denunciando la violencia policial que ha incendiado numerosos barrios desde Vaulx-en-Velin, a finales de los años setenta, sin que se haya producido un cambio importante que responda a una reivindicación basada en los derechos humanos frente a la actuación ilegítima de las fuerzas del orden.

Las manifestaciones y las huelgas no lograron detener la reforma de las pensiones ni la del Código de Trabajo, ni tampoco la reforma del estatuto de la SNCF o la de las universidades mediante la ley LRU de 2007, ni siquiera cuando congregaron a millones de personas.

Este deterioro del poder popular responde a diversos factores. En el plano económico, los cambios tecnológicos y la liberalización de los intercambios que llamamos globalización han transformado las formas de valorización del capital, hasta el punto de que resulta casi imposible identificarlo como un adversario social. El capital parece inalcanzable para la movilización, pero dirige la marcha hacia el futuro mediante la revolución tecnológica y su capacidad incontrolable de concentrar la riqueza. El trabajo se precariza, las instituciones del Estado social se debilitan y las diferencias de ingresos se amplían.

En el plano político, la determinación de los gobiernos de seguir adelante con sus proyectos incluso cuando son objeto de contestación, el traslado de las decisiones a instancias supranacionales como la Unión Europea, la indiferencia ante la abstención electoral y el creciente predominio de las decisiones tecnocráticas sobre el debate político tienden a convertir a los ciudadanos en meros espectadores de decisiones que, sin embargo, afectan a sus formas de vida.

Huelga, bloqueo y corte de carreteras: efectos distintos

Más profundamente, la huelga es más difícil para los trabajadores del sector servicios que para los del sector industrial. El obrero que paraliza la producción de mercancías solo perturba la actividad de la fábrica y la rentabilidad de la empresa. En cambio, el empleado de servicios causa molestias inmediatas a los usuarios, los viajeros, los alumnos y sus familias, los pacientes del hospital o los clientes de los comercios.

El movimiento social puede provocar incomprensión entre quienes ven alterada de inmediato su vida cotidiana por la interrupción de la actividad. El bloqueo o la ocupación de un centro y el corte de una carretera tienen consecuencias similares. Resulta más difícil conseguir que los conciudadanos se solidaricen con la protesta. Esto se refleja en la idea de que los usuarios son «rehenes», una expresión que a menudo se confunde con la violencia, cuando en realidad se trata de una relación de fuerzas. Un bloqueo, una ocupación o un corte de carretera no implican necesariamente violencia contra los bienes ni contra las personas.

Leyes y gobiernos frente a la acción colectiva

Sin embargo, la democracia se marchita cuando se le corta una de las dos alas al movimiento social. Cualquier acción de fuerza, como bloquear un instituto o una rotonda, se denuncia como antidemocrática. Se han aprobado leyes que limitan la eficacia de las relaciones de fuerza, como la Ley n.º 2007-1224, de 21 de agosto de 2007, sobre el diálogo social y la continuidad del servicio público en el transporte terrestre regular de viajeros, que redujo el alcance del derecho de huelga en los servicios públicos.

Allí donde las condiciones económicas no bastaban para debilitarla, los gobiernos se han esforzado por reducir la fuerza de la acción colectiva. La relación de fuerzas solo se admite en el mercado, como cuando suben los tipos de interés y obligan a un Gobierno a aplicar recortes presupuestarios.

En cambio, cuando se trata de la multitud, parece tolerarse únicamente la expresión de opiniones en el espacio público. Sin embargo, a juzgar por las pancartas y los cánticos de los manifestantes que observamos sobre el terreno, cada vez son más quienes sienten que no se les escucha.

Detenciones policiales y heridos desde el inicio del movimiento estudiantil de secundaria

La violencia que se expresa hoy es, ante todo, una respuesta a la violencia policial, como muestra la secuencia comprendida entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre. A fecha de 8 de octubre, el Ministerio de Justicia informó de 6.877 personas detenidas para ser interrogadas, de las cuales el 86 % eran menores. Todo ello antes de la jornada del 17 de octubre, en la que la violencia de los manifestantes provocó una gran conmoción. Solo ese día, el balance consolidado fue de 2.397 detenciones; y el 24 de octubre, al término de la manifestación, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de 1.000 detenciones (una cifra que aún no estaba consolidada cuando escribimos estas líneas).

Antes de las manifestaciones del 17 de octubre, cuatro adolescentes habían resultado gravemente heridos por el uso de «armas de fuerza intermedia» por parte de las fuerzas del orden. El 28 de septiembre, en Saint-Ouen-l’Aumône, un adolescente de 14 años perdió casi todos los dientes y sufrió una fractura de mandíbula.

El día 30, en Tours, un joven de 16 años perdió la visión del ojo derecho durante el bloqueo del instituto Balzac. El 1 de octubre, en Argenteuil, otro joven de 16 años también resultó herido y podría perder la visión del ojo izquierdo, según su abogado.

En Lens, un alumno de 15 años perdió una mano y parte del antebrazo tras la explosión de una granada de dispersión. La respuesta del Gobierno a la movilización fue esencialmente policial, y fue contundente.

¿Qué expresa la violencia?

No entraremos aquí en las complejas distinciones existentes entre violencia simbólica y física, ni entre la ejercida contra los bienes y la ejercida contra las personas, pero esta distinción es fundamental.

Como resultado, en parte, de las dificultades para establecer una relación de fuerzas y, en parte, de la respuesta policial a la movilización, la violencia del 17 de octubre, al igual que la de 2018, 2005 y 2023, cumple una función expresiva: hacerse oír y denunciar el uso ilegítimo de la coacción por parte de los agentes del Estado. Por eso estalla contra los comercios, las representaciones del Estado y las fuerzas del orden, como ocurrió en nuestras investigaciones sobre los incendios de bibliotecas; y cada vez abandona más las periferias, las rotondas y los barrios para dirigirse a los centros urbanos, los símbolos del poder y los signos de riqueza.

En la acción, los manifestantes encuentran un símbolo que los une, señalan claramente a un adversario (el Gobierno, los tecnócratas y los ricos) e inventan una forma de actuar que, sin embargo, no consigue devolver a la movilización su doble capacidad de acción. La violencia también es consecuencia de su incapacidad para organizarse y establecer una relación de fuerzas. Pero los manifestantes, tanto pacíficos como violentos, expresan que la democracia francesa está habitada por un pueblo al que hay que tener en cuenta.

El poder frente a la movilización

Debilitado y con dificultades para articular una respuesta política a las reivindicaciones, el presidente Macron ordena reforzar el arsenal represivo. Pero las clases populares, incorporadas a la democracia contemporánea mediante la institucionalización del Estado social, no pueden resignarse a la derrota ni aceptar en silencio un modelo económico, social y político que se les impone.

El Gobierno invoca el Estado de derecho y la democracia representativa, pero restringe el derecho y amplía mecánicamente el ámbito de lo ilegal. De este modo, corre el riesgo de socavar la legitimidad de la ley, erosionar la de las fuerzas de seguridad y convertir a la policía en una fuerza al servicio del Gobierno.

La democracia en juego

En su discurso del 18 de octubre, el presidente de la República manifestó su voluntad de reducir la movilización social a la mera expresión de reivindicaciones. Después, el voto determinaría su peso en el ciclo electoral de 2027, primero en las elecciones presidenciales y luego en las legislativas. Pero el Gobierno se ha mostrado incapaz de escuchar a quienes se manifestaron y bloquearon sus centros de estudio para defenderlos de los recortes presupuestarios y de las reformas del sistema educativo introducidas en 2018 (la reforma del bachillerato y del examen de acceso, y la puesta en marcha de la plataforma Parcoursup para acceder a la educación superior).

Debilitado tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2024, el poder condenará a una derrota duradera a quienes han salido perdiendo con la globalización. Como aprendiz de brujo, impide que se establezca una relación de fuerzas. De este modo pone en peligro la democracia al crear las condiciones para enfrentamientos cada vez más violentos, de los que será difícil salir.

Denis Merklen, sociólogo, catedrático, Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3

Este artículo se republica a partir de The Conversation bajo licencia Creative Commons.