Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y aunque ésta ya no sea la sociedad de la imagen sino la sociedad de la información, la frase sigue teniendo vigencia, al menos en lo que respecta al debate sobre la renovación y la independencia de la justicia.
"Ante catástrofes globales, respuestas mezquinas".
La dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria del PSOE por razones personales debidas a un embarazo de riesgo y a su difícil compatibilidad con la dedicación plena a un cargo tan exigente, en un periodo casi preelectoral, ha dado lugar a un debate cruzado y a veces tóxico que podría definir el momento político de degradación populista que padecemos últimamente en nuestro país.
El nuevo PP ha hecho de la rebaja de impuestos frente a la escalada de precios provocada por la salida de la pandemia y la guerra de ocupación rusa de Ucrania su propuesta estrella de política económica para frenar los efectos de la inflación y con ello consolidar su posición favorable en las encuestas y así llegar a la Moncloa.
La izquierda ha pasado de una estrategia defensiva de su gestión social durante la pandemia y sobre las reformas y los fondos de recuperación europeos, al reconocimiento crudo del deterioro y del malestar social debidos a la inflación para desde ahí lanzarse a la ofensiva, en palabras del presidente del gobierno, para poner todo de su parte para paliarlos. La empatía con las dificultades de la mayoría de la clase trabajadora y de sectores medios ha sido también compatible con un diagnóstico equilibrado de los avances de la economía y en particular del empleo, con las incertidumbres provocadas por la guerra, junto a la reivindicación de los principales símbolos de la salida social de la pandemia por parte del gobierno como el ingreso mínimo vital, la revalorización del salario mínimo y de las pensiones y ante todo de la reforma laboral.
Culmina la tramitación de la nueva ley de memoria democrática con significativos avances, pero con similares apoyos y rechazos que la ley de memoria histórica del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero aprobada en 2007. Otra ley de memoria democrática, pero una vez más sin el logro de una memoria compartida como consecuencia del veto de la derecha con la amnesia selectiva como única alternativa. Algo que ya se esperaba por parte de la ultraderecha como heredera de la dictadura, pero que sin embargo resulta inaceptable para una derecha democrática y europea.
Con la que está cayendo, debido a los efectos sociales de la escalada de precios como consecuencia de la guerra, parecía imposible que algún tema diferente pudiera introducirse en una agenda que se preveía casi monográfica sobre la inflación en el debate del estado de la nación.
Todo hacía prever que el gobierno iba a afrontar el debate del estado de la nación con la lógica defensiva del manual de resistencia frente al fatalismo del cambio de ciclo hacia la derecha propiciado por los resultados electorales, las encuestas y por las últimas tensiones en el gobierno y con la mayoría parlamentaria como consecuencia de acontecimientos recientes como la cumbre de la OTAN, el asalto a la valla de Melilla y el incremento en el gasto militar. Sobre todo, teniendo en cuenta que tan solo hace unas semanas el gobierno había aprobado el real decreto del nuevo paquete de medidas contra la inflación por más de dieciséis mil millones de euros, donde además de las iniciativas prorrogadas se incorporaban nuevas reducciones en el precio del transporte público y el impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las compañías energéticas.
El gobierno progresista afronta su primer debate del estado de la nación con los resultados de las últimas elecciones autonómicas y de las encuestas en su contra, con discrepancias en su seno y con un ambiente social y político fatalista de cambio de ciclo en sentido conservador. La respuesta unilateral del presidente Sánchez en el ámbito internacional, el paquete de medidas del gobierno frente a los efectos de la inflación y el anuncio de la recuperación del diálogo con el gobierno catalán no ha surtido hasta ahora el efecto deseado de frenar la desmovilización del electorado de la izquierda.
En el primer acto de la plataforma Sumar y bajo un sol de justicia mi grupo de amigos y yo hemos visto mucha más gente nueva y joven de aquella con la que ya habíamos coincidido otras veces en el activismo y en la militancia política dentro de la izquierda. También hemos podido percibir un buen ambiente de unidad entre nuestras tan dispersas y baqueteadas sensibilidades. En especial, me ha encantado ver a los históricos activistas de la memoria histórica. Los mismos que frente al relato de la derecha fueron primero dirigentes de la resistencia antifranquista y luego del logro de la concordia en la Transición. En resumen, se debería reconocer en general y deberíamos reconocer entre nosotros que al menos se ha generado una expectativa y que hay esperanza entre las gentes de la izquierda. Lo que no es poca cosa.
El gobierno ha propuesto en los últimos días a los agentes sociales un pacto de rentas a tres años y al mismo tiempo, de forma contradictoria, ha anunciado su decisión de aplazar la reforma fiscal comprometida.
Todos los años por estas fechas, el gobierno recurre a un crédito extraordinario en materia de defensa, por encima de la cantidad inicialmente presupuestada.
Ha terminado la conferencia de Madrid de la OTAN, en la que la invasión de Ucrania ha provocado su inesperada revitalización, incluso con una nueva ampliación y con el cambio de estrategia en el camino hacia una nueva guerra fría en un mundo bipolar.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, derogando el derecho al aborto y poniendo su regulación en manos de los Estados, da respuesta a una vieja aspiración de los sectores religiosos ultraconservadores contrarios al aborto, que ya habían venido promoviendo una legislación restrictiva del derecho en aquellos Estados donde existe mayoría republicana y para los que la sentencia federal de los años setenta del siglo XX era hasta ahora un obstáculo.
Habíamos dejado de atender a la reacción de Marruecos y estábamos más preocupados por la de Argelia y su cadena de represalias, en particular en materia gasística, al repliegue del presidente Sánchez con respecto al derecho de autodeterminación del pueblo Saharaui, cuando de nuevo la crisis migratoria volvió a llamar de manera trágica nuestras puertas, está vez en la valla de Melilla.
Me lo temía. El Tribunal Supremo de los EEUU, hecho a imagen y semejanza del trumpismo, ha decidido derogar la sentencia que estableció el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo en los años setenta del pasado siglo XX, utilizando para ello como coartada los recursos de los Estados más conservadores.
Después del enésimo aplazamiento por parte del PP de la apertura de la negociación para la renovación del CGPJ, esta vez a la realización de las elecciones andaluzas, el gobierno se plantea ahora la modificación de su reciente reforma del CGPJ para permitir la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional y completar así el cupo de cuatro previsto en la Constitución.
Finalmente, la vicepresidenta Mónica Oltra, investigada junto con otros trece funcionarios por los supuestos de prevaricación, abandono de menores y omisión en el caso de la adolescente abusada por su exmarido, ha dimitido, al cabo de unos días de la citación, de todos sus cargos para evitar el desgaste a Compromís, al pacto del Botánic y al gobierno valenciano. Algunos, en un lapsus freudiano, han llegado a manifestar que así ahora podrá dedicarse con las manos libres a demostrar su inocencia, invirtiendo con ello la carga de la prueba, como si en democracia el demostrar su supuesta culpabilidad no fuera la tarea de la justicia.
Las tres últimas convocatorias electorales, lejos de valorar la gestión autonómica, que era de lo que se trataba, se han centrado sin embargo en la oposición y el desgaste de la política del gobierno central y de sus apoyos parlamentarios.
Finalmente, a diferencia de lo previsto, la derecha ha logrado una contundente mayoría absoluta para gobernar, la ultraderecha no ha logrado la acción de oro que daba por hecha y la izquierda no le ha dado la vuelta a las encuestas, sino que ha continuado con su caída. Como consecuencia, a diferencia de las recientes elecciones en Castilla y León, la derecha no necesitará pactar con la ultraderecha para lograr la investidura y la izquierda continuará ejerciendo la tarea de oposición en Andalucía, así como la de gobierno en España, pero desde una posición más débil.
El tándem con la ultraderecha es al mismo tiempo el fármaco que cura y el veneno que provoca efectos adversos en la derecha.
La inviolabilidad ha sido la materia oscura sobre la que se ha desarrollado el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal del rey emérito, y por lo que vamos sabiendo por los libros y series más recientes, casi desde el mismo comienzo de la Transición democrática.
Recientemente se ha hecho pública la sentencia del TC italiano que avala las declaraciones de emergencia en la pandemia por razones de salud pública y que asegura que no significan ninguna anulación del derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos.
El presidente del gobierno ha anunciado en la campaña electoral andaluza que esta semana el Consejo de Ministros aprobará la ley de universalidad y equidad y cohesión del sistema sanitario, para así blindar su carácter público frente a los recortes y las políticas privatizadoras futuras.
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