En las semanas de ruido internacional, hay un detalle que se repite con una fidelidad casi litúrgica: antes de que suceda lo grave, sucede el cambio de tono. No se anuncia la fuerza; se anuncia la normalidad. No se promete dominación; se promete gestión. No se dice “esto va a doler”; se dice “esto se va a arreglar”. Y, sin embargo, la historia —cuando se pone seria— casi siempre empieza así: con un vocabulario que suena razonable.

“País de los viceversas”: así bautizó Galdós la inversión moral de su tiempo. Al meritorio, desengaños; al que no, confites. La frase —tan breve, tan afilada— sirve hoy como llave para entender una sensación persistente: la de vivir en un tablero donde la fama pesa más que el oficio, el relato más que el resultado, la inercia más que la enmienda.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha debido enfrentar la compleja realidad de guerras activas, en especial la renovada guerra entre Israel y Palestina (con epicentro en Gaza desde 2023) y la guerra en Ucrania. En términos generales, el Papa ha mantenido una posición firme a favor de la paz negociada y la protección de los civiles, aunque con un estilo diplomático mesurado.

La mentira ha sido objeto de reflexión moral, filosófica y teológica desde la Antigüedad. Decir la verdad o falsearla con intención de engañar no es un acto neutro: tiene implicaciones éticas profundas, ha sido condenada o matizada por filósofos y teólogos, y en las sociedades democráticas modernas constituye el eje invisible de la confianza pública.

El pasado jueves 9 de octubre, a pocos días de inaugurarse el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, estalló una inusitada polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE). Durante un desayuno informativo del Foro de Nueva Comunicación en Madrid, el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, respondió con contundencia cuando le preguntaron por su relación con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. García Montero lamentó que la RAE “está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”. Con estas palabras hacía referencia al perfil gestor de Muñoz Machado –un prestigioso jurista elegido director de la Academia en 2018– en contraposición a la tradición de filólogos al frente de la RAE.

España aún no ha digerido del todo el gran apagón de abril —el que dejó medio país sin luz, trenes parados y ocho muertos— y ya vuelven los murmullos de otro posible corte general. A seis meses del colapso, Red Eléctrica ha vuelto a sonar las alarmas: “variaciones bruscas de tensión”, “riesgo potencial si no se actúa”, “ajustes urgentes”... el tipo de lenguaje técnico que suena a esto no va bien, pero no queremos que cunda el pánico.

La paz no se decreta ni se firma: se construye cada día, a contracorriente de los intereses, el miedo y la costumbre de mirar hacia otro lado.

Imaginemos que, tras la ofensiva contra el aborto, llega el siguiente paso lógico de la política del retrovisor: la Ley Orgánica de Protección del Matrimonio Eterno y Prevención de la Droga en Juzgados de Familia (LOPMEPDJF, porque el acrónimo siempre ayuda a que cuele). Una norma “para salvar a la familia” que, por supuesto, nacería ya con campañas de agitación puerta a puerta. Si hoy se pretende informar a las mujeres de un síndrome inventado, mañana toca montar tenderetes a la salida de los juzgados para explicar a los recién divorciados que sus hijos “se darán a la droga” y que ellos “se darán a la bebida”. Con megáfono y estadísticas de origen mágico. Todo por su bien.

El llamado “síndrome post aborto” (a veces mencionado por ciertos grupos antiabortistas) se refiere a un supuesto conjunto de secuelas psicológicas negativas tras interrumpir voluntariamente un embarazo. Según sus promotores, las mujeres que abortan sufrirían a medio o largo plazo problemas como depresión, ansiedad, tendencias autodestructivas o incluso adicciones (alcoholismo, drogadicción). Esta idea ha cobrado relevancia recientemente por una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para informar obligatoriamente a las mujeres sobre dichas “consecuencias” antes de abortar. En el pleno municipal se llegó a afirmar, sin aportar pruebas, que abortar provoca “depresión”, “alcoholismo” o “autolesiones”, citando incluso cifras sin fuente conocida.

La envidia es el único vicio que no goza: su placer no está en conseguir nada, sino en ver caer a otro. En la vida pública, ese impulso se disfraza de moralismo vigilante, de celo fiscalizador o de amor a la verdad. Pero cuando rascas un poco, aparece el viejo motor: no se busca elevar el estándar de lo común, sino rebajar la cabeza que sobresale. La envidia no quiere justicia; quiere nivelación por abajo.

La escena fue rápida: PP, Vox y Junts sumaron 178 votos frente a 170 y devolvieron al Gobierno su proyecto de 37,5 horas. Fin del trámite, portazo al debate parlamentario, aviso a Moncloa. Pero la película no va de un capricho frenado a tiempo: se ha hecho saltar por los aires una pieza de política laboral que llevaba un año de diálogo social, con acuerdo de Gobierno y sindicatos —sin la patronal—, y que aspiraba a actualizar un marco que, no por simbólico, deja de ser clamor: desde 1983 la jornada máxima legal española sigue clavada en 40 horas.

El papel de la escuela no es decidir el mundo a golpe de símbolos, sino enseñar a leerlos críticamente: convertir la polémica de las banderas en conocimiento cívico. Para eso sirve la libertad de cátedra —con límites— y por eso importa el currículo oculto: porque incluso cuando callamos, enseñamos.

RTVE ha trazado una frontera inédita entre los grandes financiadores de Eurovisión: España no participará ni retransmitirá la edición de 2026 si Israel compite. La resolución —10 votos a favor, 4 en contra y una abstención en el Consejo de Administración— no es un gesto simbólico: es una orden de marcha que rompe inercias en el Big Five y alinea a España con otros países europeos que ya han fijado posición. El escenario está marcado en el calendario —Viena, 12, 14 y 16 de mayo de 2026—, pero la batalla real se libra antes: quién decide los límites morales de un espectáculo que siempre presumió de neutralidad.

El 14 de septiembre de 2025 la Vuelta llegó a Madrid… y Madrid decidió no llegar a la Vuelta. La organización canceló la última etapa tras las irrupciones y bloqueos de manifestantes propalestinos en el circuito urbano —barreras derribadas, sentadas y cortes en Gran Vía—, con un despliegue policial masivo y sin el tradicional paseo triunfal. Vingegaard fue proclamado ganador por seguridad, pero sin ceremonia: un desenlace amputado para la gran ronda española.

Europa no es solo un mapa ni una palabra que usamos para abreviar “lo que viene de Bruselas”. Es, a la vez, un continente con historias cruzadas, una tradición cultural vasta y un proyecto político-jurídico —la Unión Europea— que ha tejido reglas comunes, un mercado interior y una idea de ciudadanía compartida. Cuando preguntamos si conviene a España ir “codo a codo” con las políticas europeas, en realidad preguntamos por algo muy práctico: ¿ganamos o perdemos bienestar, voz y seguridad dentro de ese marco? Y también por algo más íntimo: si la Europa de hoy se parece a la que muchos añoran o, por el contrario, ha extraviado el pulso.

En un país donde la política lleva siglos funcionando como sucedáneo de religión, no sorprende que un noviazgo se convierta en herejía de Estado. El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo de manual: de repente, lo que en la esfera privada debería quedar en el terreno de lo íntimo ha ascendido al rango de cuestión nacional.

España, país que aprendió a vivir de la hospitalidad, por fin se ha mirado al espejo del alquiler turístico. No es un monstruo de papeles: es un registro, una llave que abre datos donde antes había intuiciones y que permite distinguir lo que cumple de lo que se cuela por debajo de la puerta. El primer reflejo ha sido incómodo: sobran anuncios que no pasan el filtro. No es un escándalo; es la constatación de que durante años confundimos éxito con barra libre.

Hubo un tiempo en que al Partido Popular se le pedía, ante todo, seriedad: caballeros —y no pocas señoras— con la palabra bien puesta, oradores capaces de subir al atril sin insultar y bajar con una propuesta. Esa derecha de traje oscuro y frase completa tenía un contrato tácito con su electorado: moderación, europeísmo, gestión y respeto a las instituciones. No era cuestión de simpatías; era cuestión de estilo. Desde hace un tiempo, sin embargo, el foco se ha ido a otra parte: al ruido, al personalismo, a la pequeña refriega cotidiana que convierte la conversación pública en un patio de vecindad. Aunque en ocasiones lleven razón, no es ahí donde un partido con esa historia gana su futuro.

La lengua española sangra. Cada improperio lanzado al aire público es una nueva herida en ese cuerpo vivo que es nuestro idioma. No es que el castellano haya sido jamás un lenguaje timorato o falto de palabrotas pintorescas; al contrario, nuestro acervo popular siempre ha contado con tacos sonoros y expresiones subidas de tono. Pero lo que antaño era una transgresión ocasional hoy parece haberse convertido en norma cotidiana. En la era del micrófono abierto –donde cualquier comentario puede viralizarse al instante y donde todos tenemos tribuna– asistimos a una inquietante normalización de la mala educación verbal, especialmente en España. Foros digitales, tertulias televisivas y hasta instituciones antes solemnes se han llenado de un lenguaje que hiere por su tosquedad. Palabras que antes se evitaban en público ahora salpican sin pudor discursos, titulares y tuits, dejando al castellano como un campo de batalla de insultos y groserías.

Setiembre llega siempre con un aire distinto. No importa si el calendario oficial insiste en escribirlo con “p” o con “s”: en la memoria colectiva, setiembre es ese mes bisagra que abre las ventanas al final del verano y nos empuja, a veces a regañadientes, a la normalidad.

“Los colonos no son ya pioneros aislados: son más de 700.000 y marcan con su presencia diaria el mapa, la política y el futuro imposible de Palestina.”

En tiempos crispados, donde todo se mide en trincheras ideológicas, conviene recordar la existencia de las buenas personas. No son héroes ni mártires, no tienen detrás campañas publicitarias ni eslóganes electorales, y sin embargo sostienen, casi a escondidas, la vida común de un país.

En España no se paga tanto por hablar como por callar. El verdadero negocio está en el silencio. Y no me refiero al silencio íntimo, ese que reconcilia a uno consigo mismo, sino al silencio público: el de los periodistas que suavizan titulares para no incomodar a un anunciante, el de los académicos que moderan ponencias para no perder la subvención, el de los intelectuales que prefieren no firmar un manifiesto porque aún aspiran a un cargo, una cátedra o una medalla.

En España, ciertos sectores de la derecha política –especialmente el partido ultraderechista Vox y algunos dirigentes del Partido Popular (PP)– se han destacado por negar o minimizar la gravedad del cambio climático. Esta postura choca frontalmente con la evidencia científica y resulta particularmente irónica si consideramos que muchos de estos políticos se presentan como defensores de valores católicos. Mientras los datos y los desastres ambientales se acumulan, su discurso resta importancia a la responsabilidad humana en el calentamiento global, e incluso paraliza políticas destinadas a proteger el medio ambiente. Al mismo tiempo, los efectos de la crisis climática en España toman la forma de “señales apocalípticas” –olas de calor abrasadoras, incendios devastadores, sequías históricas e inundaciones catastróficas– que evocan pasajes del Libro del Apocalipsis. Resulta pertinente examinar estas contradicciones: ¿cómo es posible proclamar la fe y los valores de la tradición judeocristiana, pero desoír el mandato de cuidar la creación de Dios?