Felipe González, a escasas horas de conocerse la confirmación de la ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional, era entrevistado por Carlos Alsina, en Onda Cero, para manifestar, entre otras cosas, que la “la ley de Amnistía es un acto de corrupción absoluto, en el peor sentido de la palabra”. El tribunal de garantías dice que “la ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable”. Legitimar es probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes. Explicitar es hacer que algo sea evidente. Ser razonable es adecuado o conforme a razón, proporcionado o no exagerado. La moción del ex presidente González contra la definición de la Real Academia para concluir que la ley recurrida por el Partido Popular es un acto que persigue un fin corrupto coloca al dirigente de los años finales de la transición en una situación de mentís colosal al tribunal de garantías constitucionales y a la dirección del partido socialista, en un desacuerdo total sobre un texto legal sobre el que se vertebra una acción de gobierno, desde el 16 de noviembre de 2023, en que fue investido Pedro Sánchez. Con más o menos disimulo, González ostenta una trayectoria de oposición a los distintos gobiernos de Sánchez, incluso nunca dudó en hacer ostentación de “jamás fue mi candidato a secretario general”. Hasta aquí, el planteamiento puede desarrollarse con aires de naturalidad, enmarcarse en la libertad expresión, el estatuto de ex presidente que parece facilitar la tolerancia por cuanto haga o diga. La figura del ex presidente suele ser consultada para el establecimiento de comparativas en torno a situaciones de parecido o similitud.