La prestidigitación de Pedro Sánchez, ya en sus últimas reservas, ha recargado sus baterías con la acción de Trump en Caracas, en la madrugada del día 3 de enero, casi en vísperas de la epifanía del Señor, con los Reyes Magos portadores del reconocimiento de su valía como salvador. Por si fuera poca epifanía la de Trump cuando aceptó a su manera el triunfo de Biden, con aquella extravagante operación Capitolio, el ahora habitual de la Casa Blanca ha invadido de testosterona el territorio de Venezuela con un bombardeo selectivo y la detención del presidente Maduro y su esposa. Los análisis de urgencia de los expertos saltan de un escenario mental a otro para decir y pensar que habría información previa tanto a las instancias internacionales como a las propias instituciones del país caribeño para dar conformidad a la actuación extraordinaria que ha sacado de la poltrona presidencial a un Maduro ya debilitado en su carisma por el desarrollo de las últimas elecciones, de donde salió ganador con todos los escepticismos acumulados.

No hay precedentes de comparación entre épocas pasadas y las presentes con una sucesión de comicios autonómicos en cascada (Extremadura, Aragón, Castilla y León y con mucha probabilidad Andalucía), en el calendario que recorre los meses de diciembre, febrero, marzo y junio, siguientes. En efecto, no hay hábito de tales desprendimientos de almanaque, por el empujón de las discordias entre las dos fuerzas que representan al conservadurismo, PP y Vox, cada cual con sus fotos de frente y de perfil, aferrados al estereotipo que marca la moda y la tendencia.

Desde primeras horas de la mañana el interés informativo de estas últimas semanas se centra en el próximo, inmediato, ineludible, comportamiento, acción, actuación, de la UCO. A quién va a visitar esta mañana, hacia dónde dirige sus investigaciones, qué dispositivos va a incautar, qué nombres y apellidos soportarán sus movimientos, sus pasos, sus recorridos. Así se encuentra en estos momentos el escenario público en España.

En la crisis de duración de ya más de un año con Mazón como protagonista hay algo de “retrato inacabado”, como decía José Manuel Caballero Bonald en su libro memorialista “Examen de ingenios” (Seix Barral, 2017), a propósito de Bergamín, de quien decía “que tenía físicamente algo de retrato inacabado, era feo de frente y de perfil”. La utilización del fórceps para el logro de la dimisión de Mazón, con los insultos en la misa de funeral de aniversario de la dana y la mañana de llamadas de Feijóo en la jornada siguiente, dio como resultado la entrega de la cuchara del recoleto alicantino ante el incendio anímico que amenazaba con producir concomitancias de gran volumen en los graneros de votos del Partido Popular, en Valencia y en España entera, así en la Tierra como en el Cielo.

Los cincuenta años de libertad, con su plaza de oriente y los recuerdos de la historia de España y un largo y perezoso etcétera, precisamente en la fecha 20-N, se han quedado en brochazo cancelatorio merced al spoiler más intenso que vieron los siglos. En términos ibéricos es algo así como la revelación del sustento final de una trama narrativa. Y tanto que se atiene esta definición al momento presente. En el asunto judicial conocido como “caso fiscal general”, justo una semana después del ya coloquial “visto para sentencia”, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por medio de sus servicios de prensa, ha adelantado el fallo del caso, acaso tres líneas, que manifiesta el resultado final de una sentencia que contendrá unas decenas de folios.

Entre uno y seis meses se establece el promedio de gestación de una sentencia instruida y vista en la sala segunda, de lo penal, según la terminología de adecuación neutra de la costumbre judicial. Según lo cual, entre la sentencia por el asunto por el que se encausó al fiscal general del Estado y el término de lo habitual en el paritorio de decisiones de esta jurisdicción se pueden celebrar aproximadamente tres-cuatro elecciones regionales o autonómicas. Lo que promueve una abundante ecuación con intervención de posibilidades y algoritmos entre sí que producen inquietudes y enumeran preocupaciones en todos los sentidos imaginables. Entre los cuarenta testigos presentados por defensas y acusaciones en el juicio más interesante de los últimos ejercicios, incluido el del procés catalán, que alimentó muchas atenciones de la opinión pública, el de acaso revelación de secreto del fiscal más jerárquico del ministerio público, hay dos estamentos que han brillado sobre todos los demás. O sea, el periodismo y la UCO, unidad de investigación judicial de delitos.

La dimisión de Mazón ha abierto un frente de dinamización política de primer orden al medir la correlación de fuerzas entre los depositarios del voto conservador y neo autoritario de PP y Vox, pero no puede opacar el envite no menos notable del juicio al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. En este proceso se dirimen las posiciones políticas del ejecutivo por entender que el fiscal general pudo cometer ilícito con la intención de perjudicar a un rival público, como podría ser el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso; y las de la propia primera mandataria de Madrid por darse por hecho que el presunto perjudicado por la supuesta revelación, la pareja de Ayuso, pudiera ser elegido en la desnudez de datos privados, no por azar, sino por la indagación interesada habida cuenta de la identificación del novio de la presidenta Ayuso, cuya credibilidad se vería resentida al convivir íntimamente con un delincuente fiscal, amén de desarrollar sus negocios objeto de la ilicitud en el ámbito sanitario durante la pandemia.

Carlos Mazón ya se encuentra inmerso en la misma situación que el otrora teniente coronel Tejero, salvando las naturales distancias políticas y biológicas, en ese estado suasorio, evanescente, en que no parece uno residir en la realidad, sino en un estado vegetativo donde lo que hace uno ya no es de este mundo. Tejero ha sido dado por muerto en tres ocasiones y en cada una de ellas parece en estado pre agónico cuando acudió a una manifestación, casualidades, en favor de algún encendido alegato anti constitucional, y luego sin margen de error, aparece el “quieto todo el mundo”, etc.

Carles Puigdemont, personaje público de primerísimo nivel en la sensibilidad de la polarización de la segunda y tercera década de esta primera centuria del tercer milenio, ha decidido decir basta. En 1995, el portavoz de CiU, Joaquim Molins, miró directamente a Felipe González y dijo “así no podemos continuar”. Y pasó lo que pasó. González mandó parar y Aznar hizo exactamente lo contrario. Ahora Sánchez quiere la consideración del canciller alemán Merz para con el catalán, es decir, quiere una alianza exterior en la defensa de la lengua vernácula, un auxilio objetivador en lugar de la extravagancia del “catalán en la intimidad”, del ahora presidente de FAES.

La singularidad de la plaza de toros de Las Ventas halla en este momento el envoltorio de un laboratorio de interpretación de sensibilidades políticas, si acaso con algún barniz de entendimiento y afición por la tauromaquia, tan apegada al pueblo español, “devota de Frascuelo y de María” un alma durante mucho tiempo metida en un capote de paseo. El día 12 de octubre, festividad del Pilar, lo es también de la Hispanidad, el caldo de cultivo más apropiado para la exaltación controvertida de la actuación de España en el siglo XVI en América a manos aquí y ahora de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el momento del verano que coincidió con la entrada en prisión de Santos Cerdán y la apertura de causa penal a José Luis Ábalos una gran parte de los intérpretes de la actualidad política consideraban como imposible que el presidente de Gobierno llegase a fin de año sin tomar decisiones de interrupción de la legislatura por tamaño caso de desolación sobre su futuro por la presunta corrupción de sus dos secretarios de organización en el seno del partido socialista.

Las más habituales casas de análisis electoral producen en estos días sus proyecciones con un elemento común a todas ellas, el significativo crecimiento de Vox, con sus hitos en un porcentaje del 17 por ciento con una traducción cercana a 60 diputados en el Congreso, que superaría la marca máxima anterior en 52 diputados cosechados el 10 de noviembre de 2019, más del doble que los obtenidos por la misma formación solo siete meses antes, el 28 de abril de 2019, coincidentes ambos comicios con la eclosión y debacle del partido Ciudadanos, de cuya última manifestación se beneficiarían concretamente Partido Popular y Vox.

Entre dos personas públicas se ha dado la vuelta a una realidad agobiante que era la que abominaba mediáticamente de todo aquello que tenía que ver con el presidente Sánchez y su entorno, es decir, su familia, sus ministros, sus amigos, sus aliados, su pasado, su feraz presente y quizá su destino futuro, precisamente aquel que más miedo despertaba porque, de ser cierto lo previsto, ya convertido en más que un riesgo, el totalitarismo ataviado con sus vestimentas políticas, pervertiría hasta la desaparición el concepto mismo de democracia y el juego entre diferentes por la configuración del porvenir.

Felipe González, a escasas horas de conocerse la confirmación de la ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional, era entrevistado por Carlos Alsina, en Onda Cero, para manifestar, entre otras cosas, que la “la ley de Amnistía es un acto de corrupción absoluto, en el peor sentido de la palabra”. El tribunal de garantías dice que “la ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable”. Legitimar es probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes. Explicitar es hacer que algo sea evidente. Ser razonable es adecuado o conforme a razón, proporcionado o no exagerado. La moción del ex presidente González contra la definición de la Real Academia para concluir que la ley recurrida por el Partido Popular es un acto que persigue un fin corrupto coloca al dirigente de los años finales de la transición en una situación de mentís colosal al tribunal de garantías constitucionales y a la dirección del partido socialista, en un desacuerdo total sobre un texto legal sobre el que se vertebra una acción de gobierno, desde el 16 de noviembre de 2023, en que fue investido Pedro Sánchez. Con más o menos disimulo, González ostenta una trayectoria de oposición a los distintos gobiernos de Sánchez, incluso nunca dudó en hacer ostentación de “jamás fue mi candidato a secretario general”. Hasta aquí, el planteamiento puede desarrollarse con aires de naturalidad, enmarcarse en la libertad expresión, el estatuto de ex presidente que parece facilitar la tolerancia por cuanto haga o diga. La figura del ex presidente suele ser consultada para el establecimiento de comparativas en torno a situaciones de parecido o similitud.

Isabel Díaz Ayuso parece encontrarse en esa fase de convencimiento que va más allá de las medidas y magnitudes de la física. En la hora de sometimiento en formato de entrevista esta semana en la televisión autonómica de la Comunidad de Madrid, coronó su intervención a preguntas del presentador Antonio Naranjo con una ambigüedad de perceptible cálculo sobre su futuro en el Partido Popular en el puesto del pescante con las riendas de la organización en sus manos. Y en ese papel de autora del primer y último puñetazo se está manejando en la Conferencia de Presidentes, en el palacio de Pedralbes de la capital catalana.

El efectismo de Pedro Sánchez siempre ha sido elogiado y temido por la oposición. De su capacidad de generación de sorpresa con el calendario electoral como tubo de ensayo ya hay probadas muestras. La elaboración de la mayoría para la presentación de la moción de censura que le aupó a la presidencia de gobierno, en 2018, significó la plasmación de la osadía y la determinación del dirigente, máxime cuando un año antes se había enfrentado con todo el entramado institucional del Partido Socialista perfectamente lubricado para la aclamación de Susana Díaz, con todos los prohombres del socialismo histórico de la generación del felipismo intocable en la dirección de la candidata sevillana.

La precisión de los seis meses transcurridos desde la devastación de la Dana valenciana no ha arredrado, con su redondez de fechas, al president Mazón para sacar cortedad de ánimo, antes al contrario ha generado osadía, para su presentación hecha cuerpo y convicción, en los locales del feria de Valencia, donde hacían sus planes congresuales los dirigentes del Partido Popular Europeo, organización creada en 1976, y que se define a sí misma como “la familia política de centro derecha, cuyas raíces se hunden en lo profundo de la historia y la civilización del continente europeo y que ha sido pionera en el proyecto europeo desde su creación”. Mazón, acompañado por la vicepresidenta Susana Camarero, para descartar soledad y empecinamiento, no ha querido perder la ocasión de refrendar con su presencia que funge como primera autoridad de la superficie política de la comunidad del Este español, donde una catástrofe natural arrasó esa misma mancha geográfica en medio de la ausencia del presidente para cubrir de escarnio la política y llenar de futuro el derecho penal y procesal iniciado en Catarroja y su instrucción, que avanza con la exactitud de tiempos de una maquinaria y su calidad automática.

La asignatura más atravesada, Organización del Comercio, se ha abierto hueco para deslegitimar a la habitual de Política Nacional. Los saltos y acrobacias que lindan con las ocurrencias del jefe del Estado americano dejan en zona de sombra las andanzas judiciales de los investigados del gobierno valenciano por la jueza de Catarroja. La esposa del presidente del Gobierno respira con menos ventilación ante las embestidas procesales del juez Peinado. El diputado del grupo mixto Ábalos parece más alejado de su repertorio femenino. Las exculpaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid para con su compañero de sentimientos guardan un tono igual tirando a menos en dosis de cordialidad. La actualidad informativa de la escena política española ha tomado una pátina gris que la hace imperceptible en la comparativa con anteriores ocasiones, hace nada, con inflamaciones varias, con sus protagonistas con sus ojos inyectados en sangre.

La marca del populismo en España la ostenta por méritos propios Carlos Mazón, a la sazón presidente de la Comunidad valenciana. Toda la carga de negatividad que salía de los manantiales de grosería literaria contra los primeros escarceos del 11-M y su continuación en la conformación de Podemos, toda aquella bisutería de agresividad contra una fuerza que imantaba de cierto, todo aquello era presentado como denuncia del populismo. Algo así como un arsenal de irrealidad política para la ocupación del poder mediante la retórica del asalto a los cielos.

A las adversidades propias de la investidura de Pedro Sánchez cuando todo parecía obrar en su beneficio electoral, en los comicios de julio de 2023, a Feijóo se le han añadido más contrariedades desde el incontestable triunfo americano de Trump, en noviembre pasado. Solamente Esteban González Pons ha sancionado con sinceridad la trayectoria del jefe de estado de relevancia internacional, mientras que el referencial Aznar se atrevió a decir que “algo pasa cuando el que intentó un golpe de Estado es elegido presidente”, en esa suerte que siempre prefiere el ex presidente entre la metáfora y la figura retórica de preferencia por el despiste y la manía por que el destinatario del enunciado trabaje y sufra en su interpretación.

El vehículo de transporte colectivo conserva la actualidad sobre la que se amenazaba la semana pasada. Vuelve el ómnibus como denominación de origen cuyo manejo lingüístico no pierde predicamento. La intervención parece que directa del presidente Sánchez después de los días aplicados a la reflexión en Davos, enclave suizo a 1500 metros de altitud, con población de 11500 habitantes y una superficie equivalente a la de Soria, lugar de encuentro económico mundial, donde se “da respuesta a los problemas de la actualidad”.

Puigdemont ha elegido un viernes, final laboral de la semana por lo general, para manifestar que se ha acabado el ambiente político que sostenía el entendimiento entre su formación, Junts per Catalunya, y el PSOE, que fue en su día, hace un verano, una alianza capaz de producir grandes disgustos en el Partido Popular, que se había encaprichado hasta la formación de una seguridad con la idea de gobernar España, con o sin las ayudas hipotecarias de Vox, fuerza entonces al albur de la proyección de su escasa sombra en Europa y ahora en la parte central del área de influencia de la administración Trump hasta el punto que Santiago Abascal ha sido invitado a la ceremonia de exaltación presidencial, lamentablemente sin la ayuda traductora de Iván Espinosa de los Monteros, ahora alejado del genio estratega del hombre de Amurrio.

El final histórico del principal causante de la dictadura del general Franco, en 1975, que coincidió con el final biológico del militar que abolió las libertades en un sistema autocrático que negó los usos y costumbres democráticos, ha querido ser recordado y conmemorado para la atención y digestión históricas bajo el impulso del gobierno de coalición que ahora impera en España. “España en libertad” es la acuñación del proyecto conmemorativo, con un centenar de actos de diverso calado, que tiene el día 8 de enero su inicio y su desarrollo a lo largo del año 2025, en que se cumplen cincuenta desde el fallecimiento del dictador.